Luego de haber finalizado el programa de retiros voluntarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), surgió una nueva controversia vinculada con el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores que durante parte de su carrera se desempeñaron como personal de planta no permanente (PNP). Según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento y representantes sindicales, muchos agentes no habrían sido informados adecuadamente de que debían dejar asentado ese reclamo en el formulario de adhesión para que pudiera ser evaluado posteriormente para el eventual pago a través de otra alternativa.
El programa cerró el pasado anteayer después de que el Gobierno extendiera el plazo originalmente previsto debido a que las adhesiones no alcanzaban con celeridad la meta oficial. La iniciativa forma parte del proceso de ajuste y reorganización impulsado por la administración nacional sobre el organismo tecnológico y apuntaba originalmente a reducir en alrededor de un 21% la dotación de personal.
El INTA tenía hasta principios de este año 5750 trabajadores activos, mientras que su plan era que el número quedara en los 4500, en promedio. De acuerdo con distintas fuentes consultadas, el objetivo de esta nueva apertura de retiros voluntarios era alcanzar unas 1200 desvinculaciones sobre el total de la planta. Sin embargo, finalmente se habrían adherido cerca de 905 agentes, el 75,4% de la meta buscada y alrededor del 15,7% de la dotación total del organismo.
Este viernes, los trabajadores que se inscribieron comenzaron a recibir comunicaciones de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos informando el estado de sus trámites. Según pudo reconstruir LA NACION, unos 377 agentes ya habrían recibido la aprobación de su retiro, mientras que otros casos quedaron sujetos a análisis particular por parte del Consejo Directivo.
El punto más sensible está relacionado con los años trabajados bajo la modalidad de planta no permanente. Según explicaron fuentes al tanto del proceso, el Ministerio de Economía financia exclusivamente la antigüedad reconocida como personal permanente. En cambio, los períodos desempeñados como personal transitorio quedaron fuera del esquema principal y debían canalizarse mediante observaciones incorporadas por los agentes en el formulario de adhesión.
Diversas fuentes consultadas señalaron que existía la expectativa de que la Fundación ArgenINTA pudiera aportar recursos para cubrir esos años de antigüedad no reconocidos por Economía. En las conversaciones internas se analizaba un fondo cercano a los $2000 millones para atender esos casos.
Sin embargo, trabajadores y representantes gremiales con los que habló este medio sostuvieron que durante las capacitaciones virtuales “nunca se explicó claramente” que el pedido “debía quedar expresamente asentado en el apartado de comentarios del formulario” de retiro. En rigor, el instructivo enviado por los respectivos medios de comunicación del organismo no lo detallaba. Los trabajadores con años de planta no permanente tenían que dejar expresado por escrito en la casilla de comentarios su intención de cobrar la cantidad de años que acumulaban como planta no permanente.
Según relataron las fuentes conocedoras del proceso, como consecuencia de esta desinformación fueron “muy pocos” los agentes que dejaron constancia formal de su intención de cobrar los años correspondientes a la planta no permanente. Fuentes oficiales respondieron que “no se incluyó dentro de las posibilidades que se iba a pagar de esa manera“. Las fuentes consultadas agregaron: ”No estaba previsto pagar por los años transcurridos en PNP”.
En tanto, ahora, los expedientes quedaron comprendidos dentro de los casos especiales que deberán ser tratados por el Consejo Directivo antes de una resolución definitiva.
La propia comunicación enviada este viernes a los adherentes menciona que serán objeto de análisis particular aquellas observaciones que no encuadren en las condiciones previstas por la Resolución 144/2026, “como por ejemplo lo relativo a la PNP”. En esos casos, los trabajadores deberán continuar prestando servicios hasta que la máxima autoridad del organismo adopte una decisión.
El plan de retiros voluntarios contempla una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del agente. El costo total estimado del programa asciende a $101.717 millones, que saldría de los fondos del Ministerio de Economía.
Aunque el monto final varía según la antigüedad y la situación de cada trabajador, las fuentes al tanto del proceso señalaron que las compensaciones previstas son significativas. Según explicaron, había casos de $100 millones por agente con mayor antigüedad, mientras que el monto más elevado reconocido hasta ahora alcanzaría aproximadamente los $240 millones. Se trata de trabajadores con décadas de trayectoria dentro del organismo, algunos de los cuales desarrollaron toda su carrera profesional en el INTA.
Según la normativa vigente, quienes resulten aceptados cesarán su relación laboral el próximo 15 de junio y percibirán el pago en una única cuota dentro de los 30 días posteriores a la adhesión. Además, no podrán reingresar a la administración pública nacional durante cinco años.
