Una ventana de oportunidad volvió a abrirse para la Argentina. Nadie sabe exactamente cuánto durará, pero no pocos actores económicos están intentando acelerar sus planes antes de que vuelva a cerrarse. A medida que se acerquen las elecciones, es muy probable que los inversores elijan mirar el proceso electoral desde afuera. No sería la primera vez que sucede. El historial argentino de campañas suele ser un historial de infarto.
Es cierto que las negociaciones para avanzar en las reformas claves en el Congreso se encuentran trabadas. Todavía el Gobierno no logra sumar los votos necesarios para suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Un paso necesario no solo para evitar darle herramientas a la oposición para poder unificarse en un solo frente, sino también para despejar posibles fuentes de turbulencia financiera. Cuanto menores sean las pruebas para sortear antes de la elección presidencial, mejor. Quienes formaron parte del PRO durante la gestión de Mauricio Macri y hoy están en el gobierno lo saben mejor que nadie.
Así las cosas, son varias las empresas que estarían buscando aprovechar el benigno contexto actual para avanzar en emisiones de deuda o incluso de acciones, en un intento de financiar ahora los proyectos de expansión ya anunciados o que podrían surgir antes del 2027. Genneia es una de las empresas que anunció su intención de abrir su capital al mercado —está buscando recaudar unos US$400 millones—, al igual que YPF Luz, la subsidiaria de la petrolera estatal dedicada al negocio de generación eléctrica. Pero también hay bancos evaluando ampliar emisiones de acciones, lo mismo que empresas como TGS o Inversora Juramento, la empresa agropecuaria de la familia Brito.
Otras aprovechan para acelerar emisiones de deuda corporativa. Este jueves, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, colocó por primera vez en el exterior un bono por US$400 millones, a ocho años de plazo y una tasa del 8,5% anual. La desarrolladora Raghsa está en conversaciones en el mercado para hacer lo propio, con un título en dólares de hasta 10 años.
En lo que va del año, entre las emisiones corporativas locales e internacionales y las que hicieron las provincias —cinco jurisdicciones aprovecharon el momentum para financiarse—, se recaudaron US$11.350 millones. Muchos se ilusionan con que el Gobierno nacional se suba al tren, por ahora, no pareciera ser el caso.
Pero no es solo en el mercado de capitales el apremio. En la economía real también se están acelerando los procesos de fusiones y adquisiciones. YPF espera poder anunciar en las próximas semanas quién se queda con su participación en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país. Allí compiten Central Puerto-Ecogas, MSU, Grupo Pierri, Andina y Litoral Gas. Son todos grupos nacionales, que ya vienen participando de muchas de las licitaciones que se dieron en la gestión Milei. La petrolera Andina, del exministro menemista José Luis Manzano, también estaría negociando en paralelo con YPF para quedarse con una de las áreas petroleras maduras que la empresa estatal puso en venta en la provincia de Mendoza. Se trata de Chachahuen, una de las zonas petroleras más productivas de la provincia.
El Estado nacional también espera poner finalmente el pie en el acelerador en otras de las privatizaciones más relevantes. Es el caso de la empresa de aguas Aysa, y del Belgrano Cargas, la red ferroviaria más extensa del país. Después de muchas idas y venidas, los pliegos para la venta del Belgrano estarían listos para la primera quincena de agosto. Hay dos grandes grupos detrás: el Grupo México Transportes, que ya opera trenes en los Estados Unidos, y un consorcio conformado por grandes jugadores del comercio de granos como Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC).
Entre los inversores creen que, siempre que no se complique el mercado internacional por el frente bélico y que la administración libertaria no dé más pasos en falso, se vienen meses de relativa calma. Ya en noviembre, las elecciones de medio término en los Estados Unidos podrían provocar un vuelco en la conversación. La administración de Donald Trump jugó un rol clave en las legislativas argentinas, con un salvataje financiero que amortiguó la fuerte corrida que se desató contra el peso. Un mal resultado en noviembre para Trump genera dudas con respecto a un nuevo respaldo eventualmente en 2027.
Esa dependencia del humor de Washington no se juega solo en el frente financiero. También tiene precio en la Aduana, y este jueves quedó cuantificado: el gobierno de los Estados Unidos terminó de cerrar el capítulo de la Sección 301 por trabajo forzoso y a la Argentina le fijó un arancel del 10%, el escalón más bajo de los dos que definió el representante comercial norteamericano, Jamieson Greer, para 60 economías que concentran el 99,4% de las importaciones norteamericanas. La Argentina quedó del lado bueno del mostrador, junto con México, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, India e Indonesia, y con una ventaja de 2,5 puntos sobre Brasil y Chile, que caen en el pelotón del 12,5% junto con China, Colombia, Perú, Uruguay y otras 42 economías.
El 10% no es un premio consolidado, sino un anticipo contra entrega: el propio comunicado de la USTR aclara que las exenciones de productos para la Argentina y otros trece socios buscan estimular el cumplimiento de compromisos todavía pendientes. El más urgente es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: el artículo 1.9 del acuerdo obligaba a girarlo al Congreso para su votación antes del 30 de abril de 2026, plazo que venció sin sesión. El dictamen de mayoría salió en abril, pero con reserva del Capítulo II —concesión a los laboratorios nacionales—, lo que obliga a que, si Diputados lo aprueba, vuelva al Senado. Por ahora no hay en la Cámara alta demasiadas conversaciones para empujar de nuevo el tema.
Además, según confiaron fuentes de Agricultura en diversas reuniones privadas que mantuvieron en los últimos días, Estados Unidos insiste con avanzar en la reforma de la ley de semillas. Algunos creen que el Gobierno al menos esperaría hasta después de la tradicional muestra de la Sociedad Rural para avanzar con más fuerza. Es un tema que, según cómo termine definiéndose, no necesariamente dejará contento a toda la cadena agrícola.
El ministro Luis Caputo buscó bajar ayer las expectativas de eventuales anuncios el domingo, cuando el presidente Javier Milei, participe del acto inaugural de la Exposición Rural. La realidad es que, más allá de la vocación del Gobierno por bajar impuestos, son momentos de malaria fiscal. No es mucho el margen que tiene el oficialismo en estos meses para ceder recaudación. Menos todavía con la agenda que sigue: apenas 24 horas después del discurso en Palermo, el lunes, aterriza en Buenos Aires Kristalina Georgieva, en la primera visita al país de la directora gerente del FMI desde que asumió el cargo. Llega invitada por Milei y se queda hasta el martes. El Gobierno la exhibirá como certificado de buena conducta, pero la letra chica es la de siempre: Caputo acaba de anunciar que no tiene intención de refinanciar los vencimientos con el organismo, y en 2027 hay que pagarle US$4400 millones de capital y US$3100 millones de intereses. Difícil imaginar concesiones impositivas de peso en la antesala de esa foto.
Por ahora, todos los intentos por motorizar la actividad económica en lo que resta del año están concentrados en el sector financiero. Aunque siguen en punto muerto las conversaciones para incorporar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses en esta ecuación. No tanto por un tema de falta de creatividad financiera —está claro que de eso sobra—, sino por un problema político. Cualquier movimiento del FGS es fácilmente judicializable. De hecho, las conversaciones al respecto vienen generando roces entre la ministra Sandra Pettovello, de quien depende la Anses, y el equipo de Caputo, de quien depende la administración del FGS. Desde Capital Humano incluso habría bajado la orden de que el FGS no compre más acciones en el mercado, tal cual vino haciendo desde 2024 y hasta abril pasado.
A veces, la política ve la ventana abierta y no la cruza. Le pasó al Gobierno con el affaire Adorni, que se llevó puesto un semestre que había arrancado con el envión de la victoria legislativa de octubre. Ahora hay otra chance. Las empresas ya se están asomando. La política, todavía no.
