La investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum entró en una nueva etapa. La UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, notificó a once personas cuyos nombres quedaron incorporados al expediente que analiza posibles irregularidades vinculadas con la planificación, contratación, ejecución y control de la megaobra.

La medida constituye un paso previo a una eventual audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, instancia en la que la Fiscalía deberá precisar qué hechos atribuye a cada persona, cuál habría sido su participación y cuáles son los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

Entre los notificados se encuentran exfuncionarios de la gestión de Sergio Uñac, incluido el propio exgobernador, exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), funcionarios vinculados con las áreas técnicas y jurídicas del organismo y un representante de la empresa relacionada con la provisión de las cañerías utilizadas en la obra.

Quiénes son los 11 notificados

Sergio Uñac: fue notificado en relación con su desempeño como vicegobernador y posteriormente gobernador de San Juan durante distintos períodos en los que avanzó el proyecto del Acueducto Gran Tulum.

Julio César Ortiz Andino: se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023, período durante el cual el proyecto atravesó distintas etapas de desarrollo y ejecución.

Gustavo Fabián Mastelono: figura como presidente y representante de Krah América Latina S.A., empresa vinculada al suministro de las tuberías destinadas al proyecto.

Sergio Fabián Ruiz: estuvo al frente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, durante una etapa de avance de la obra.

Cristian Felipe Andino: fue presidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, período en el que se desarrollaron etapas administrativas y de licitación relacionadas con el proyecto.

Juan Carlos Caparrós: ejerció la presidencia de OSSE entre febrero y diciembre de 2019, durante una etapa de transición en la conducción del organismo estatal.

Guillermo Nicolás Sirerol: presidió OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023, buena parte del período correspondiente a la ejecución del acueducto.

Humberto Gonzalo Caballero: se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico de OSSE, por lo que su vinculación con el expediente está relacionada con las actuaciones del área legal del organismo.

Juan Antonio Sánchez: aparece mencionado como funcionario de OSSE vinculado con la implementación del proyecto.

Francisco José Javier Correa: cumplía funciones como auditor técnico de OSSE al momento de los hechos que forman parte de la investigación.

Rolando Vicente Caruso: era jefe del Departamento de Proyectos de OSSE, área relacionada directamente con los aspectos técnicos y proyectuales de la obra.

Una investigación que comenzó con una denuncia penal

La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia, luego de una serie de investigaciones periodísticas que pusieron bajo análisis diferentes aspectos del Acueducto Gran Tulum.

Uno de los principales puntos que investiga la Justicia está relacionado con las características y calidad de las cañerías utilizadas, además de las condiciones en las que se desarrolló el proceso de contratación.

El expediente también analiza el financiamiento internacional de la obra, que incluyó un préstamo de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait. Mientras tanto, el acueducto permanece inconcluso y la Provincia mantiene compromisos vinculados con ese financiamiento.

La lupa también está puesta sobre Krah

Dentro de la investigación aparece Krah América Latina S.A., empresa vinculada al suministro de las tuberías utilizadas en el proyecto.

En el marco de la pesquisa, la Fiscalía llevó adelante distintas medidas de prueba y allanamientos relacionados con la firma. Los investigadores continúan analizando documentación y elementos informáticos secuestrados durante esos procedimientos.

Notificados no significa imputados

Un punto central de esta nueva etapa es que la notificación de las once personas no implica, por sí misma, que hayan sido formalmente imputadas ni que la Justicia haya establecido responsabilidades penales.

La eventual audiencia de formalización será la instancia en la que el Ministerio Público Fiscal deberá exponer los hechos que atribuye a cada involucrado, la posible calificación jurídica, el grado de participación que eventualmente podría corresponderle y los elementos probatorios que respaldan la investigación.

Con este nuevo paso, la causa por el Acueducto Gran Tulum avanza hacia una instancia clave. La Fiscalía deberá determinar si los elementos reunidos hasta ahora permiten avanzar con la formalización de la investigación respecto de las personas notificadas o si corresponde adoptar otra decisión procesal.