ROMA.– Con el siempre controvertido tema de la inmigración como telón de fondo, la decisión de un juez de excarcelar, apenas 48 horas después de su detención, a un ciudadano bangladesí acusado de abusar de una chica de 13 años desató este martes un nuevo escándalo en Italia. El magistrado justificó la medida al señalar que el acusado “había entendido que se había equivocado y estaba dolido”.
El episodio provocó tal conmoción que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció el envío de inspectores para esclarecer lo ocurrido. La decisión recibió el respaldo de prácticamente todo el arco político, incluida la primera ministra, Giorgia Meloni, que expresó en sus redes sociales su “total” solidaridad con la niña y su familia y manifestó su desconcierto por la resolución del magistrado, ahora bajo escrutinio.
Por su parte, el líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, viceprimer ministro y titular de Transporte, aprovechó la polémica para reflotar una vieja propuesta: la castración química para los violadores.
Un caso captado por las cámaras de seguridad
Tal como informó el diario La Stampa, todo ocurrió el sábado pasado cerca de las 13 en el barrio de Madonna di Campagna, en la periferia norte de la ciudad de Turín, al noroeste de Italia. Mientras su mamá se encontraba trabajando, la niña de 13 años fue a comprarle la merienda a sus hermanitos. Como tenía solo tres euros, fue a la tienda más barata, el minimercado donde trabaja el bangladesí.
Estaban solos en el lugar y, como luego contó la víctima, el hombre le ofreció una bebida, le preguntó si tenía novio y cuántos años tenía. Después de haberse enterado que tenía 13, le habría dicho: “sos muy joven”. Después llegó la violencia sexual, entre los estantes del comercio.
Las cámaras de seguridad captaron todo. Es más, registraron también otro acto de abuso cometido por el mismo hombre unos cuarenta minutos antes, contra una mujer no identificada.
Según medios italianos, cuando la chica logró salir de la tienda, asustada, caminó unos metros y se desplomó. “Ya no podía moverme, me sentía asqueada, con nauseas”, relató. Llamó a su mamá, a quien le contó todo, luego a un amigo que la pasó a buscar y la policía la trasladó al hospital, donde se activó el denominado “protocolo Bambi” para casos de violencia contra menores.
Su agresor fue detenido por la policía, pero excarcelado por el juez de instrucción tras pasar dos noches en una celda de la prisión Lorusso e Cutugno, con la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades.
¿El motivo? Según el juez de instrucción del Tribunal de Turín, en la audiencia el hombre, que prefirió no contestar preguntas, se mostró “colaborativo” entregando a los agentes las imágenes de videovigilancia interna del establecimiento. Además, en una declaración voluntaria se manifestó “dolido”: “cometí un error; es la primera vez que me sucede algo así, lo siento mucho”.
El fiscal Paolo Cappelli había solicitado la prisión preventiva del sujeto, al destacar el “peligro concreto de que, de ser puesto en libertad, cometiera delitos de la misma naturaleza” y al resaltar que este riesgo derivaba no solo de la gravedad de la acusación, sino también de las circunstancias de los hechos: los investigadores gracias a las cámaras reconstruyeron que el hombre habría abusado de dos personas en un lapso inferior a una hora.
Reacciones
El caso determinó una reacción unánime del arco político, que calificó como inaceptable la decisión del magistrado y solicitó una intervención del Ministerio de Justicia. Incluso hubo una protesta ante la jefatura de la policía de Turín, donde referentes de Forza Italia desplegaron una pancarta pidiendo el cierre del “mini mercado pedófilo”.
“Observo que la decisión del juez de instrucción preliminar entra en el ámbito de la autonomía e independencia del poder judicial, cuestiones en las que no puedo ni debo interferir. No obstante, dada la naturaleza excepcional del caso y la alarma social que ha provocado, he ordenado el envío de inspectores para recopilar todas las valoraciones pertinentes”, anunció por la tarde el ministro de Justicia, Carlo Nordio.
Claudia Eccher e Isabella Bertolini, miembros del Consejo Superior de la Magistratura, adelantaron la posibilidad de sanciones para el juez del escándalo. “Si bien reafirmamos nuestro pleno respeto por la autonomía e independencia del Poder Judicial, no podemos ignorar el profundo desconcierto que provocan decisiones de esta índole”, hicieron saber. Y advirtieron: “estamos considerando abrir un expediente sobre el impacto de este asunto en la evaluación profesional del magistrado implicado y solicitar al Fiscal General que examine las posibles implicaciones disciplinarias”.
