El fallo judicial determinó que no hubo delito y dejó en evidencia fallas administrativas dentro del municipio. Las trabajadoras evalúan acciones legales contra la comuna.
Luego de varias semanas de audiencias, el juicio contra las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar dinero público llegó a su fin este viernes con un fallo contundente: el juez Federico Rodríguez dictó la absolución total y definitiva de Soledad Evangelina Cabezas Amarfil y Marina Isabel Mengual Calderón.
Ambas mujeres, que se desempeñaban como cajeras en la Municipalidad de Rawson, habían sido imputadas por presunta malversación de fondos durante el cobro de facturas. Sin embargo, durante el proceso no se logró probar que hubieran cometido delito alguno. La resolución judicial, que será fundamentada el próximo 1 de septiembre, aclara que no solo no hubo pruebas concluyentes, sino que directamente no se configuró un hecho punible.
Al escuchar el veredicto, Cabezas y Mengual rompieron en llanto. Desde el inicio del proceso habían asegurado su inocencia y sostuvieron que fueron víctimas de una persecución interna motivada por diferencias políticas con autoridades de la gestión municipal anterior. Ahora, sus abogados confirmaron que analizarán avanzar judicialmente contra la comuna por los perjuicios sufridos.
Uno de los elementos clave para su defensa fue la ausencia total de pruebas materiales: no se encontró dinero en sus domicilios, ni documentación que implicara irregularidades. Tampoco había mensajes comprometedores en sus teléfonos celulares ni registros de que hubieran tenido control sobre la caja involucrada.
Los abogados defensores Horacio Rodríguez del Cid y Antonio D’Amico argumentaron que el dinero en cuestión siempre estuvo en las cuentas del municipio, y que en todo momento sus clientas quisieron ponerlo a disposición, pero el entonces tesorero se negó a recibirlo.
Por su parte, los fiscales Francisco Nicolía y Emiliano Pugliese insistieron con la hipótesis de apropiación indebida, pero el juez no encontró sustento en sus argumentos.
Este fallo no solo desvincula a las trabajadoras del delito, sino que deja entrever una grave desorganización interna en los mecanismos de control y gestión financiera del municipio, lo que podría abrir nuevas investigaciones sobre el funcionamiento de la administración comunal en aquel período.
Una de las acusadas, que es delegada gremial, logró conservar su empleo gracias a un amparo judicial y actualmente ocupa un cargo jerárquico en la comuna. La otra, en cambio, fue cesanteada tras un sumario administrativo que ahora podría quedar en tela de juicio.
La absolución deja muchas preguntas abiertas sobre la responsabilidad institucional en este caso y podría marcar un precedente en futuros conflictos laborales dentro del Estado municipal.
