Ante las dificultades fiscales que atraviesa La Rioja, el gobernador volvió a recurrir a la creación de un aporte extraordinario sobre los Ingresos Brutos para financiar la asistencia alimentaria. En esta ocasión, se estableció una contribución adicional del 25% sobre el impuesto determinado que será aplicable a los contribuyentes de “mayor capacidad contributiva”.
La noticia se conoció luego de que la Legislatura provincial sancionara la Ley 10.907, en la cual se explicó que el aporte será “obligatorio y temporal”. La medida alcanzará tanto a personas como a empresas, siempre y cuando tengan una base imponible mensual igual o superior a los $2000 millones, y se aplicará durante los últimos cuatro meses de este año.
El aporte se calculará sobre el impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado sin deducciones, y para eso se tendrán en cuenta todos los ingresos atribuibles a La Rioja, tanto bajo el régimen local como por el Convenio Multilateral. Incluso, la ley incluye expresamente los ingresos provenientes de actividades exentas o no gravadas.
El importe de ingresos mencionado por la ley sirve para identificar a los sujetos alcanzados, mientras que el aporte del 25% se aplica sobre el impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado sin deducciones, no directamente sobre los ingresos. Así, a modo ilustrativo, si un contribuyente comprendido determina $10 millones de Ingresos Brutos antes de deducciones, el aporte resultante sería de $2,5 millones. El ejemplo refleja la pauta de cálculo y no un importe fijo previsto para todos los obligados”, graficó Marcos Felice, contador y creador del Blog del Contador.
La recaudación se destinará al Fondo Solidario de Gestión Alimentaria (FO.S.G.A.) y al Programa Alimentario Riojano (P.A.R.), previstos en la legislación provincial. La Dirección General de Ingresos Provinciales estará a cargo de la aplicación, la percepción y la fiscalización del aporte. En caso de que los contribuyentes paguen fuera de término, la deuda devengará un interés diario del 0,1%.
“Esta ley tiene como antecedente la Ley 10.714, sancionada el 2 de mayo de 2024, que aplicó el mismo aporte del 25% sobre los anticipos de mayo a diciembre de 2024 a quienes tuvieran bases imponibles iguales o superiores a $200 millones por anticipo. La nueva norma mantiene la alícuota y el destino de los fondos, eleva el umbral a $2.000 millones y lo aplica a los anticipos de septiembre a diciembre de 2026″, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
La decisión se torna polémica, sobre todo entre los tributaristas que mencionan que Ingresos Brutos es el “peor de todos los impuestos”. Esto se debe a que este tributo provincial se aplica sobre los ingresos de cada etapa de la cadena productiva y comercial, sin que se pueda descontar el tributo abonado en las etapas anteriores, por lo que es acumulativo y plurifásico. El consumidor final, al ser el eslabón final y no poder trasladárselo a nadie, es quien más termina soportando esta carga fiscal.
La medida se suma a otra herramienta a la que La Rioja volvió a recurrir este año para sostener los ingresos de los trabajadores estatales: los “Chachos”, los bonos de cancelación de deuda provincial que circulan con paridad nominal de un peso por unidad. En agosto, el Gobierno riojano comenzó a pagar una ayuda extraordinaria de 50.000 “Chachos” por persona a empleados de la administración pública provincial y otros beneficiarios vinculados al Estado. La provincia también habilitó mecanismos para que los comercios adheridos puedan canjear los bonos por pesos.
“La asistencia alimentaria es un objetivo legítimo y su financiamiento es una decisión de política pública que corresponde a la provincia. Lo que debería evaluarse es el instrumento. El aporte incrementa la alícuota efectiva de un impuesto que se incorpora a los precios, y su incidencia económica, por las características del tributo, repercute sobre los consumidores finales, incluidos los hogares que el programa busca asistir”, sumó Domínguez.
