El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick, quien supervisará mañana el operativo de seguridad del Gobierno sobre “la marcha de los jubilados”, estuvo vinculado a La Cámpora y fue funcionario de los gobiernos de los ex presidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández, además de haber firmado varios fallos polémicos.
Desde 2020, sacó una serie de fallos que hablan por sí solos. Aceptó cautelares del líder social K Juan Grabois a favor de tomas de inmuebles, del kirchnerismo para suspender a la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura y suspendió la decisión del Gobierno de retirarle los programas sociales a los piqueteros que participaran de manifestaciones de protesta que incluyeran actos de violencia.
Antes del 2020, Cormick estaba en la sexta terna de candidatos del Consejo de la Magistratura para un cargo en ese fuero y ocupaba el lugar número 12 en el orden de mérito. Pero con el impulso de dirigentes de la Cámpora, como su excompañero de colegio de Andrés “El Cuervo” Larroque, Cormick saltó en ese ranking basados en exámenes y consiguió el aval para ocupar el cargo de juez. Además, entre octubre de 2014 y diciembre de 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner estuvo a cargo de la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia de Nación. Cuatro años después, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, pasó a estar cargo de la Sindicatura General del PAMI, cuando Luana Volnovich, también de La Cámpora, había desembarcado al frente de la obra social de los jubilados.
Antes, Cormick se había desempeñado como director en la Defensoría de la Ciudad y en los programas de acceso a la Justicia en los barrios. Entre 2008 y 2010 fue director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Defensoría, mientras que entre 2007 y 2008 se había desempeñado como jefe de Compras de la Auditoria General de la Ciudad. En su currículum incluyó un reconocimiento que le hicieron en 2010 las Madres de Plaza de Mayo.
En febrero de este año, Cormick hizo lugar parcialmente a una medida cautelar que impide al Gobierno excluir de los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social» y suspender el pago a sus beneficiarios por participar en protestas, interrumpir la circulación y participar en actos de violencia que alteran el orden público, medidas que están establecidas y previstas para ser aplicadas en disposiciones del Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 84/2024. Según el magistrado estas medidas tendrían «indicios de ilegitimidad», podrían atentar «contra el derecho a ser oído» y a defenderse en un proceso administrativo, y podrían generar un daño irreparable a quienes están en la condición de vulnerabilidad.
En la por el control de los fondos de la UBA, Cormick fue recusado por la SIGEN debido a estos antecedentes y cuando debía decidir una cautelar.