Las diferencias entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre Visec abrieron una discusión entre las sociedades rurales que tienen representación en ambas entidades. La semana pasada, tras una reunión de su Consejo en Santa Fe, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) les envió una carta a las organizaciones para que expresen formalmente su posición ante el Consejo Federal de la SRA y, si corresponde, manifiesten su disconformidad con el respaldo de esa entidad a la plataforma de trazabilidad de la soja y la carne vacuna. Según el documento, CRA manifestó su oposición y la SRA adoptó una postura favorable.
En la carta, firmada por el presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, y su secretario, Diego Alonso, la confederación señaló que hasta ese momento no se habían hecho públicas objeciones de las rurales que integran el Consejo Federal de la SRA y que tampoco tenía conocimiento de que hubieran planteado sus diferencias en ese ámbito. Les propuso, además, que si presentan una nota ante la Rural y lo consideran conveniente, envíen una copia a Carsfe. “Si participan de las dos entidades, bueno, que el reclamo sea equitativo y no solamente hacia una entidad sola y no hacia la otra”, explicó Vignatti a LA NACION.
En rigor, el desacuerdo gira alrededor de cómo acreditar que la soja y la carne vacuna cumplen con los requisitos socioambientales que exige la Unión Europea, entre ellos los vinculados con la deforestación. Para Carsfe, la discusión incluye quién administra la información de los establecimientos y si el productor puede elegir cómo acreditar el cumplimiento al momento de vender.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), su presidente, Gustavo Idígoras, sostuvo que el ingreso a Visec es voluntario y que los exportadores recomiendan la plataforma porque los compradores europeos les piden información de trazabilidad.
Vignatti dijo que Carsfe “deja en manos de cada productor la elección de la plataforma”. Su objeción es que información que hoy administran “solo los organismos públicos pase a manos privadas y pueda tener un uso comercial”. Mencionó los datos de ARCA y, en particular, las existencias de hacienda que registra el Senasa, los movimientos de animales, sus destinos y a quién se los traslada. Según planteó, ni siquiera el Estado reúne toda esa información en un solo organismo. “Los movimientos de los stocks de Senasa de un productor son datos muy sensibles para una producción”, señaló.
El dirigente contó que el manejo de los datos fue uno de los temas de una reunión con el ministerio de Producción de Santa Fe, la Mesa de Enlace provincial y representantes de cooperativas. Además, indicó que “Carsfe respalda la iniciativa de la provincia para que el Estado santafesino use la información que ya tiene en su poder” y pueda dar garantías a la Unión Europea sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los establecimientos.
Vignatti explicó que Visec toma como referencia “la ley nacional de bosques”, mientras que la normativa provincial permite determinados usos en zonas clasificadas como rojas mediante planes de manejo. A su juicio, la herramienta santafesina permitiría contemplar esos casos. Añadió que, según lo que les transmitieron desde la provincia, “Córdoba, Entre Ríos y Corrientes analizan la posibilidad de sumarse a la iniciativa”.
Para Vignatti, la posibilidad de elegir una plataforma también depende de las condiciones que fija quien compra la hacienda. “Cuando uno vende, el frigorífico no te dice lo mismo”, afirmó. Contó que se reunió con frigoríficos y que, según le transmitieron, la instrucción que habían recibido era aceptar únicamente Visec.
Dijo que parte de los productores que se sumaron en los últimos 15 días lo hicieron para evitar una reducción en el precio. En el caso de los novillos, mencionó descuentos del 10% y estimó una “diferencia de entre $15 millones y $18 millones por jaula”. También habló de una diferencia del 10% en operaciones con granos o soja.
Idígoras explicó que Visec surgió de cinco años de trabajo entre entidades de productores, acopiadores, cooperativas, frigoríficos, la industria de la molienda de soja, exportadores, la Facultad de Agronomía de la UBA y organizaciones no gubernamentales. Lo definió como “un sistema de gestión colectiva compartido por toda la cadena de producción y comercialización de la soja y de la carne vacuna”.
“La decisión de ingresar a la plataforma Visec es absolutamente voluntaria y los productores pueden decidir no hacerlo”, dijo. Agregó que el sistema es gratuito para los productores agrícolas y ganaderos y que lo solventan los exportadores de harina de soja y carne vacuna a la Unión Europea.
Según Idígoras, los compradores europeos son quienes deben responder por el cumplimiento del reglamento y, por ese motivo, trasladan a sus proveedores el pedido de información de trazabilidad. Sostuvo que esos compradores se exponen a sanciones económicas que, según indicó, pueden rondar el 4% de la facturación total de las empresas. También afirmó que Visec superó múltiples auditorías realizadas por compradores europeos.
El titular de Ciara dijo que más de 40.000 productores se capacitaron en la Argentina a través de un programa diseñado con la Universidad de Buenos Aires. Mencionó también el programa Incagro de la Federación de Acopiadores y Coninagro y el trabajo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) para capacitar e informar a los productores. Idígoras sostuvo que “más del 99% de los productores agrícolas argentinos está en condiciones de cumplir con la reglamentación europea”. Ese, dijo, es uno de los motivos por los que recomienda ingresar a la plataforma.
Recordó que la Argentina cuestionó el Reglamento (UE) 2023/1115 durante cinco años mediante un trabajo conjunto entre la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ciara, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), el Ipcva y entidades de productores como la Sociedad Rural Argentina. Según indicó, 77 países, entre ellos Estados Unidos, integraron la alianza que buscó modificar la norma o evitar su implementación. Tras esa etapa, explicó, las cámaras pasaron a trabajar en cómo acreditar el cumplimiento y no interrumpir envíos a ese mercado.
