En un hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1983, la Cámara de Diputados de Mendoza expulsó a una legisladora luego de que fuera sentenciada a tres años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción.
Se trata de Janina Ortiz, quien asumió su banca a fines de 2023 por la Unión Mendocina (UM), pero que desde marzo de 2024 se hallaba suspendida sin goce de sueldo por las investigaciones en su contra. “Cerramos una etapa oscura”, declaró durante el debate el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, de la Unión Cívica Radical (UCR).
La expulsión de Ortiz contó con 46 votos a favor y una sola ausencia y significó el fin de un extenso proceso que comenzó con su suspensión después de que se iniciara una causa en su contra por presunto desvío de fondos.
A la legisladora se la acusaba de haber participado en una maniobra delictiva mientras se desarrollaba como secretaria de Gobierno del exintendente Daniel Orozco, su esposo, en la municipalidad de Las Heras.
De acuerdo con la investigación, Orozco y Ortiz desviaron fondos de la municipalidad entre 2021 y 2023 mediante la Cooperativa de Trabajo “Manos a la Obra Limitada”, una organización que presuntamente prestaba servicios de limpieza, según consignó Los Andes.
Meses después de iniciadas las pesquisas, la Cámara de Diputados resolvió suspender a la legisladora sin goce de sueldo hasta que se definiera su situación.
Finalmente, y luego de admitir los cargos en su contra en un juicio abreviado el pasado 20 de octubre, a Ortiz se la sentenció a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
A pesar de su situación, la exfuncionaria municipal evitó renunciar a su cargo como diputada e incluso inició un reclamo para el pago de su salario por el tiempo que estuvo suspendida. Ante la negativa de apartarse de la Cámara, los legisladores acordaron su expulsión.
“Estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha. En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión, es la primera. Y no es un tema menor. Es una decisión que esta Cámara tiene que tomar por el significado que tiene para la historia y por el mensaje que pretende transmitir a la ciudadanía”, manifestó Lombardi durante el debate.
El legislador de la UCR aseguró que la sentencia judicial que recibió Ortiz “es la base” del por qué se procedió con la expulsión y aseguró que le hubiera gustado “que como una persona de bien hubiera traído la renuncia y no quedar como la primera persona expulsada de la Legislatura en la historia de Mendoza”.
“Hoy cerramos una etapa oscura. Esta es una Legislatura que trabaja firmemente por mejorar la calidad de la democracia y por hacer de Mendoza la provincia más institucional de todas. Las instituciones están por encima de las personas y tenemos la obligación de defender la transparencia y respetar las instituciones de nuestra provincia”, agregó.
Por su parte, Julio Villafañe, del Partido Justicialista (PJ), le apuntó a la legisladora por la exigencia de sus salarios e indicó que sería “muy gravoso” que avanzara el reclamo.
“Cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia y del país que cumple una tarea laboral o un trabajo, cuando recibe una suspensión, no cobra un salario. Y más en este caso, que es por hechos de corrupción. Sería vergonzoso, y es vergonzoso para todos”, señaló.
