CARACAS.– El gobierno interino venezolano levantó este jueves las medidas de restricción que pesaban sobre los medios El Nacional y La Patilla, lo cual reactivó su acceso en los proveedores de internet en el país tras años de bloqueos digitales.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, dijo al anunciarla en redes sociales que la decisión responde a directrices de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo entre la delegación del chavismo y representantes de la oposición.
“Como resultado de las mesas de trabajo entre la delegación del Gobierno Nacional y los exdiputados de la AN [Asamblea Nacional] de 2015, y en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, por instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez se levantaron las medidas administrativas sobre los portales web La Patilla y El Nacional. Desde hoy ambos portales están nuevamente accesibles en todo el territorio nacional”, escribió.
El ministro añadió que la medida busca reafirmar “el compromiso con la diversidad de pensamiento y con el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna”, enmarcando la restitución del servicio en los esfuerzos de distensión política y diálogo institucional que promueve el Ejecutivo con la venia de Estados Unidos.
El anuncio coincide con las declaraciones en las últimas horas de la directiva de la Asamblea Nacional de 2015. La presidenta del Parlamento opositor, Dinorah Figuera, confirmó que ambos portales habían comenzado a registrar tráfico regular en Venezuela sin bloqueos. Sostuvo además que la medida debe hacerse extensiva a la totalidad de las plataformas informativas censuradas.
Asimismo, la representación parlamentaria en la mesa de diálogo –encabezada por Marco Quiñones, vicepresidente del órgano legislativo de 2015 y quien acompaña a Figuera en las negociaciones– valoró la medida como paso concreto derivado de las negociaciones políticas encaminadas a la reinstitucionalización del país y a la garantía del libre ejercicio del periodismo.
Avances con cuentagotas
La mesa de diálogo, de la que no participa la líder opositora María Corina Machado sino dirigentes del fallido Parlamento de 2015, fue creada a instancias de Estados Unidos como una suerte de plataforma encaminada a la transición democrática, aunque hasta el momento no se ha propuesto ni trabajado en un calendario electoral.
La prensa independiente ha sido objeto de una constante ofensiva durante todo el régimen chavista, comenzado bajo el fundador del régimen Hugo Chávez y luego con su delfín, Nicolás Maduro, en una repetida secuencia de intimidaciones a sus directivos, restricciones burocráticas, revocaciones de licencias, ataques a sus instalaciones y cierres permanentes, entre ellos El Nacional y La Patilla.
Pese al gesto de apertura, las libertades y derechos siguen escaseando en Venezuela bajo el gobierno de Rodríguez. Una investigación ordenada por la ONU afirmó en septiembre que el aparato represivo de Venezuela permanece prácticamente intacto desde la destitución de Maduro.
“A pesar de las limitadas mejoras observadas en la situación de los derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”, afirmó la ONU.
Empresarios venezolanos exigieron este viernes al gobierno de Rodríguez que acelere y concrete la devolución de bienes expropiados o confiscados durante los gobiernos de Chávez y Maduro, en respuesta al anuncio oficial de que activos estatales no esenciales podrán ser ofertados al sector privado o restituidos a sus antiguos propietarios.
Vicente Brito, presidente de la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, afirmó que el proceso debe realizarse con decisiones formales de la Asamblea Nacional. El dirigente empresarial subrayó que las mayores confiscaciones del chavismo se concentraron en la aplicación de la Ley de Tierras y que, aunque algunas empresas recibieron compensación, otras no.
Brito, quien fue presidente de la principal asociación empresarial, Fedecámaras, dijo que esas medidas provocaron un retroceso del PBI, al anular la contribución del sector privado, y dejaron en manos de administradores sin capacidad técnica instalaciones que hoy operan con baja productividad, como ocurrió en el sector atunero.
“Aquí se perdió un millón de puestos de trabajo”, señaló. El empresario instó a derogar la Ley de Tierras -rechazada incluso por organismos internacionales-, a vender o licitar las empresas que permanecen en manos públicas y a indemnizar a los afectados.
El llamado se produce un día después de que Rodríguez informara avances en la valoración de activos no esenciales en poder del Estado.
“He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado. La propiedad privada es un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución”, declaró.
Agencia ANSA y diario El Nacional/GDA
