Argentina es un país extraordinario. Tenemos talento, recursos naturales, gente laburadora, profesionales de primer nivel y una capacidad de supervivencia que debería estudiar la NASA.
Podemos atravesar una crisis económica, una devaluación, una inflación galopante, cinco cambios de reglas y una discusión familiar sobre política, todo antes del almuerzo, lo que no podemos garantizar es que el sueldo llegue entero al día veinte.
Acá uno cobra y, durante unos minutos, se siente millonario. Después paga el alquiler, los servicios, la tarjeta, el supermercado y alguna deuda que contrajo para pagar otra deuda, cuando termina, mira el saldo bancario con la misma expresión con la que un médico mira una radiografía complicada.
Y entonces aparece un dirigente político en la televisión para explicarnos que estamos atravesando un momento histórico, ¡claro que es histórico, hace décadas que venimos atravesando el mismo momento con distinto presidente!
Cada gobierno llega prometiendo un cambio profundo, una transformación definitiva, una nueva etapa. Algunos hablan de justicia social, otros de modernización, otros de libertad, otros de reconstruir las instituciones y otros de dinamitar todo lo anterior.
Pero, curiosamente, el ciudadano de a pie sigue haciendo las mismas cuentas, esperando los mismos resultados y escuchando las mismas explicaciones. Cuando la economía mejora, el gobierno se atribuye el mérito, cuando empeora, la culpa es de la herencia recibida, de los empresarios, de los sindicatos, del Congreso, de la oposición, de los mercados, de los medios o de una combinación de todos los anteriores.
La responsabilidad propia, en cambio, suele estar de viaje, en Argentina, gobernar parece una carrera de relevos en la que cada presidente recibe una bomba, le cambia la etiqueta, se saca una foto y se la entrega al siguiente.
Y nosotros, mientras tanto, somos los que pagamos el seguro, el traslado y la explosión. Lo más triste es que ya nos acostumbramos, la crisis dejó de ser una excepción y pasó a formar parte del paisaje. Aprendimos a desconfiar de los precios, a mirar el dólar antes de tomar decisiones y a celebrar que algo no aumente durante quince días.
¡Nos están robando hasta la capacidad de sorprendernos!, y seguimos teniendo esperanza. Votamos, discutimos, nos ilusionamos y volvemos a empezar, eso habla muy bien de la sociedad argentina. Lo que no habla tan bien de nuestra dirigencia es que, después de tantos años, todavía tengamos que escuchar que ahora sí, esta vez sí, por fin llegó el momento de hacer las cosas bien. Dale, hermano. Una más y completamos el álbum.
El peronismo es una de las fuerzas políticas más importantes de la historia argentina. Tiene raíces profundas, capacidad de organización, presencia territorial y una conexión con amplios sectores populares que no se puede explicar simplemente diciendo que sus votantes están equivocados.
Millones de personas encontraron en sus políticas protección social, derechos laborales, oportunidades y una identidad política, ignorar eso sería tan absurdo como negar sus contradicciones. El problema empieza cuando una tradición política se convierte en una excusa para no revisar nada.
Defender a los trabajadores no significa que cualquier política económica sea buena. Hablar de justicia social no convierte automáticamente una medida en justa, y mencionar a Perón, Evita o los derechos conquistados no resuelve por arte de magia la inflación, la pobreza ni la falta de oportunidades.
La justicia social importa. Precisamente por eso, merece algo mejor que convertirse en una consigna utilizada para que el peronismo pueda justificar cualquier cosa. La justicia social no es un detergente para lavar expedientes que contienen actos de corrupción para que los funcionarios se enriquezcan.
Durante los gobiernos kirchneristas hubo «políticas sociales», «ampliación de derechos», «medidas de inclusión» que lo unico que generaron fue una inflación persistente, distorsiones económicas, conflictos institucionales y cuestionamientos graves sobre el manejo de los recursos públicos, y cientos de actos de corrupción por la cuales la ex-presidente está una pena impuesta por la justicia. Y lo peor, el kirchnerismo quiso dinamitar al peronismo desde dentro mismo del movimiento.
No hace falta borrar los logros para reconocer los errores, ni negar los errores para valorar los logros, en cualquier gobierno de cualquier signo que sea. Sin embargo, en la política argentina parece que hay que elegir un paquete completo; si reconocés algo bueno, te acusan de ser cómplice; si señalás algo malo, te dicen que sos enemigo del gobierno.
Los procesos judiciales deben evaluarse por sus pruebas, sus resoluciones y sus garantías, no por el color de la camiseta del acusado. Lo mismo vale para las investigaciones sobre otros exfuncionarios, contratos públicos, patrimonios y presuntas maniobras de corrupción. Cada caso tiene su historia y su estado procesal. Una denuncia no es una condena, pero tampoco desaparece porque el acusado pertenezca a nuestro espacio favorito. La corrupción no tiene ideología. Tiene oportunidades, cómplices y demasiadas veces consecuencias insuficientes.
Y hay otra contradicción que merece atención: durante años se defendieron políticas que buscaban proteger a los sectores más vulnerables, mientras millones de argentinos seguían sufriendo el deterioro de sus ingresos y la incertidumbre económica.
No alcanza con anunciar que se gobierna para los pobres. Hay que mirar si, después de años de políticas públicas, los pobres viven mejor, la pobreza no baja por decreto, la inflación no desaparece con un discurso y el empleo genuino no se fabrica multiplicando conferencias de prensa.
El peronismo tiene una historia demasiado importante como para necesitar que sus seguidores le aplaudan absolutamente todo. Una fuerza política que dice representar al pueblo debería ser la primera interesada en escuchar las críticas de ese mismo pueblo, y a muchos no les gusta escucharlas.
La lealtad no consiste en justificar cada error, la verdadera lealtad es decir; «Esto está mal, y no quiero que lo vuelvan a hacer en mi nombre».
Después de años de desgaste del kirchnerismo, Mauricio Macri y Cambiemos llegaron al gobierno con una promesa clara: cambiar las formas, recuperar la confianza, ordenar la economía y terminar con determinadas prácticas de la política tradicional.
Había gente que esperaba una administración más moderna, más transparente y más previsible. Otros estaban cansados del kirchnerismo y querían, sencillamente, probar algo distinto.
Era una expectativa legítima, el problema fue que una cosa es explicar cómo se arregla un país y otra es conseguir que las cuentas cierren mientras la gente siente que su vida mejora. El macrismo prometió normalizar la economía, atraer inversiones y construir una relación diferente con el mundo. Sin embargo, terminó enfrentando inflación elevada, pérdida de poder adquisitivo, dificultades productivas y un endeudamiento que se convirtió en una de las grandes discusiones de su gestión.
La crisis cambiaria de 2018 dejó en evidencia la fragilidad de un programa que no había logrado consolidar la confianza que necesitaba, ahí apareció una vieja costumbre argentina, cuando las cosas salieron mal también hubo explicaciones sobre la herencia recibida, las condiciones internacionales y los errores de los gobiernos anteriores.
Todo eso puede formar parte de un análisis serio. Ningún gobierno empieza de cero. Pero recibir un país complicado no te exime de responder por tus propias decisiones, si prometiste que sabías cómo arreglarlo, después tenés que explicar por qué algunas cosas no salieron como esperabas. El problema no fue solamente económico. También quedó la sensación de que cierta parte del macrismo había subestimado la profundidad de los problemas sociales y la dificultad de gobernar una Argentina acostumbrada a vivir entre urgencias.
No se puede administrar un país como si fuera una empresa en la que alcanza con presentar un plan, ajustar algunos números y esperar que el mercado aplauda, las personas no son celdas de calculo. Tienen alquileres, hijos, enfermedades, trabajos precarios y cuentas que vencen aunque el modelo económico todavía esté buscando el equilibrio.
Y después están las contradicciones que incomodan cuando se habla de transparencia, las revelaciones sobre sociedades offshore y la aparición de Mauricio Macri en los Panamá Papers alimentaron preguntas sobre patrimonio, negocios y responsabilidades. La existencia de una sociedad offshore no demuestra por sí sola un delito, pero sí puede justificar preguntas legítimas sobre su finalidad, su declaración y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
La transparencia no puede ser una exigencia reservada para los adversarios.
No alcanza con señalar los problemas del kirchnerismo y pedir que la sociedad confíe en uno. Si la propuesta era hacer política de otra manera, la vara debía ser igual de exigente para los propios.
Porque el cambio no consiste en reemplazar a los funcionarios de un partido por los de otro. Consiste en modificar las prácticas, mejorar los resultados y aceptar controles sin tratar cada pregunta como una agresión.
El PRO y sus aliados mostraron que podían construir una alternativa electoral competitiva. Pero también dejaron una lección, ganar una elección con expectativas enormes no significa haber resuelto los problemas que explican esa victoria.
Y cuando las expectativas chocan con la realidad, el votante no siempre vuelve al punto de partida, a veces se va al otro extremo. Ahí es donde la historia argentina vuelve a ponerse interesante.
4. LA LIBERTAD AVANZA: LA MOTOSIERRA, EL HARTAZGO Y LA PRUEBA DE GOBERNAR
Javier Milei llegó a la Presidencia montado sobre un hartazgo que venía acumulándose desde hacía años. No apareció de la nada, detrás de su crecimiento electoral había inflación, pérdida de poder adquisitivo, frustración, desconfianza en los partidos tradicionales y una sociedad cansada de escuchar promesas que no terminaban de cumplirse.
Para muchos votantes, Milei representaba una ruptura. Para otros, una apuesta arriesgada. Y para una parte importante de la sociedad, una manera de decir que ya no estaba dispuesta a seguir aceptando lo mismo, ese enojo era real, ignorarlo sería un error.
La motosierra se convirtió en un símbolo de campaña: cortar gastos, achicar el Estado, enfrentar privilegios y cuestionar estructuras que muchos consideraban intocables. El desafío era —y sigue siendo— distinguir entre los gastos que pueden reducirse sin perjudicar servicios esenciales y aquellos recortes que terminan trasladando el costo a quienes tienen menos posibilidades de defenderse.
Porque reducir el gasto público puede ser una herramienta económica. Pero no todo gasto es igual, no todo ahorro es inteligente y no todo recorte produce automáticamente un beneficio. Una cuenta puede cerrar en una planilla y dejar un desastre en la vida cotidiana.
Si eliminás una ineficiencia, mejorás el funcionamiento del Estado, si eliminás un servicio indispensable sin una alternativa razonable, quizá solamente cambiaste quién paga el problema. La eficiencia no se mide por la cantidad de tijeretazos, sino por los resultados.
También es justo reconocer que estabilizar una economía con desequilibrios profundos exige decisiones difíciles. La discusión seria no consiste en negar los costos de cualquier ajuste, sino en evaluar quiénes los soportan, qué objetivos se persiguen, cuánto duran y si los resultados justifican el sacrificio.
El problema aparece cuando toda crítica se interpreta como una defensa del pasado. Cuestionar una medida de Milei no convierte automáticamente a nadie en kirchnerista, señalar los errores de un gobierno anterior tampoco demuestra que el actual tenga razón. La realidad no funciona con un botón que diga «si no estás conmigo, sos del otro bando»
Y hay algo más: combatir a la casta exige explicar qué se entiende por casta y demostrar que los criterios se aplican de manera consistente. No alcanza con denunciar los privilegios de los adversarios mientras se esquivan preguntas sobre los propios aliados. Las sospechas de corrupción alrededor del caso $LIBRA, por ejemplo, merecen ser tratadas con información verificable, investigación y respeto por el estado de cada actuación judicial, ni cerrar la discusión con un «son todos operaciones» antes de que se aclaren los hechos.
Lo mismo vale para las denuncias de irregularidades en organismos estatales, incluidas las vinculadas con ANDIS. Si hay sospechas, deben investigarse, si hay responsabilidades demostradas, deben establecerse las consecuencias correspondientes, si una acusación no se sostiene, también debe quedar claro. La vara tiene que ser la misma para todos, y la justicia mira para otro lado de acuerdo al color del que gobierna o es juzgado.
La motosierra puede servir como símbolo electoral. Como método para cortar las preguntas, es bastante menos convincente, gobernar no consiste solamente en decir qué vas a destruir, implica explicar qué vas a construir, cómo lo vas a hacer y quién se hará responsable si el resultado no es el esperado.
La libertad económica puede ser un objetivo legítimo, pero la libertad también necesita instituciones que funcionen, reglas previsibles, justicia independiente y ciudadanos capaces de cuestionar al poder sin convertirse automáticamente en enemigos. Un gobierno fuerte no es el que nunca recibe críticas, es el que puede defender sus decisiones con argumentos y corregirlas cuando se demuestra que están equivocadas.
Milei llegó al poder prometiendo romper con una forma de hacer política. La verdadera prueba es que esa ruptura se traduzca en mejores resultados y no termine siendo otra versión de la vieja costumbre argentina, exigir sacrificios en nombre del futuro mientras se pide paciencia para explicar los errores del presente, Milei cree que hablar del futuro en un discurso siempre queda precioso. El problema es llegar hasta él con el supermercado, el alquiler y el sueldo todavía dentro del mismo país.
En cuanto a La Unión Cívica Radical tiene una historia institucional importante, una tradición democrática reconocible y dirigentes que ocuparon lugares relevantes en la vida política argentina. Pero también atravIESA UNA crisis de liderazgo, fragmentación interna y dificultades para definir un rumbo propio en distintos momentos.
A veces parece que el radicalismo tiene tantas posiciones internas que necesita una reunión para decidir quién convoca la próxima reunión. Hay sectores que buscan construir una alternativa independiente, otros priorizan acuerdos electorales. Algunos acompañan a determinados gobiernos y otros se distancian cuando consideran que las decisiones contradicen sus principios.
Los acuerdos políticos no son malos por definición, gobernar y legislar requieren negociar, el problema aparece cuando la negociación deja de ser una herramienta para alcanzar objetivos y se convierte en un fin en sí mismo. Una cosa es acordar para aprobar una ley útil y otra es cambiar de posición cada vez que se mueve el tablero.
Lo mismo vale para los partidos provinciales como los que tenemos en San Juan, los bloques pequeños y los aliados circunstanciales que pueden inclinar votaciones decisivas. En el Congreso, cada voto importa, por eso los legisladores tienen la obligación de explicar qué negocian, por qué lo hacen y qué consecuencias tendrá su decisión. No alcanza con decir que se está defendiendo la gobernabilidad, o los intereses de San Juan, tampoco alcanza con oponerse a todo para demostrar pureza ideológica.
El país necesita acuerdos, pero no acuerdos secretos que los ciudadanos solo descubren cuando aparece la prueba del voto comprado. Y esto no es un problema exclusivo de los radicales, por supuesto. Le ocurre a cualquier espacio que confunde la supervivencia política con la defensa de sus «principios», mejor dicho de su «supervivencia politica y económica» Una fuerza política puede adaptarse a las circunstancias sin perder su identidad, lo difícil es explicar qué queda de esa identidad después de demasiadas adaptaciones.
La política necesita pragmatismo, sí. Pero cuando el pragmatismo no tiene límites, termina pareciéndose demasiado al oportunismo. El votante, que ya vio muchas temporadas de esta serie, empieza a preguntarse si está eligiendo representantes o mirando un casting permanente.
La economía argentina merece un capítulo propio porque es el escenario donde las promesas políticas se encuentran con la vida real.
Acá no discutimos la inflación como un concepto académico. La discutimos mirando el precio de los fideos, comparando marcas y preguntándonos en qué momento un changuito de supermercado empezó a costar lo mismo que un pasaje a Europa.
El trabajador quiere que el sueldo alcance, el comerciante necesita vender sin perder plata, el empresario necesita reglas previsibles, el jubilado necesita cubrir sus gastos, el Estado necesita recursos para financiar sus obligaciones. Todo eso es cierto al mismo tiempo.
El problema es que la política suele presentar la economía como una pelea entre buenos y malos. Si defendés el mercado, te acusan de no tener corazón. Si defendés la intervención estatal, te acusan de querer controlar hasta la respiración de la gente, pero los problemas económicos no desaparecen porque encontremos un villano cómodo.
La inflación tiene causas y mecanismos que deben analizarse con seriedad, el déficit fiscal, la emisión monetaria, las expectativas, el tipo de cambio, los precios relativos, la productividad, las condiciones externas y las decisiones de política económica (Todas esas palabras que uno escucha y que no las entiende) pueden influir de distintas maneras según el contexto, no hay una frase mágica que resuelva todo.
Tampoco alcanza con anunciar que se terminó un problema. Hay que observar los resultados, su duración y sus efectos sobre los distintos sectores de la sociedad, si baja la inflación, importa, también importa cuánto costó lograrlo, qué pasa con los salarios, cómo evoluciona el empleo y si las familias pueden recuperar capacidad de compra.
Si aumenta la actividad económica, es una buena señal, pero hay que mirar dónde crece, quiénes participan de ese crecimiento y si puede sostenerse. Si se ordenan las cuentas públicas, importa, también importa que los servicios esenciales funcionen y que el Estado use sus recursos con responsabilidad. Una buena política económica no debería obligarnos a elegir entre una inflación insoportable y servicios públicos que no responden, el desafío es construir un equilibrio sostenible, no festejar que dejamos de caer por un rato.
Y acá aparece otra costumbre nacional; cuando una medida favorece a uno de los espacios, buscan la estadística que mejor la explica, cuando lo perjudica, buscan otra estadística, un especialista distinto y una conspiración internacional. Pasó con el método de medicion de la inflación en el INDEC.
Yo personalmente quiero menos relatos milagrosos y más evaluaciones honestas, menos promesas de prosperidad instantánea y más explicaciones sobre costos, plazos y resultados. Los números no tienen sentimientos, pero las consecuencias de las decisiones económicas sí tienen nombre y apellido, la persona que perdió el empleo, la familia que tuvo que endeudarse, el comerciante que cerró o el jubilado que dejó de comprar un medicamento necesario.
Tampoco se puede construir una economía sólida demonizando permanentemente a quienes producen, trabajan, invierten o emprenden. Ni se puede pretender que el mercado resuelva por sí solo cada problema social. Hace falta un Estado que cumpla sus funciones, instituciones confiables, inversión, trabajo, reglas claras y políticas que puedan sostenerse más allá de una elección. Hace falta que los dirigentes dejen de vender cada mejora como una hazaña personal y cada fracaso como una catástrofe heredada.
El país no necesita un nuevo mesías económico cada cuatro años, necesita políticas que funcionen incluso cuando cambia el presidente.
En una democracia, la oposición cumple una función indispensable. Tiene que controlar al gobierno, señalar errores, discutir las medidas y ofrecer alternativas.
El problema es que, en Argentina, a veces la oposición parece descubrir todos los problemas del país justo después de perder una elección, antes, algunos eran detalles técnicos, después se convierten en tragedias nacionales. Cuando vuelven a gobernar, varios de esos problemas misteriosamente regresan a la categoría de herencia recibida.
Si el peronismo considera que la política económica de Milei es equivocada, tiene que explicar por qué, qué propone en su lugar y cómo financiaría o implementaría su alternativa. Que Milei sea Presidente demuestra que decir que todo está mal es sencillo, lo difícil para Milei es presentar una solución que funcione para bajar la inflacion definitivamente (No baja ni a palos), que pueda llevarse a la práctica y que no dependa de que todos los demás desaparezcan de la escena política.
La oposición tampoco debería confundir el control democrático con el deseo de que al país le vaya mal como muchos de los dirigentes del kirchnerismo lo dicen publicamente. Si un gobierno toma una buena decisión, reconocerlo no es regalarle una elección, es actuar con honestidad intelectual, pero yo tambien soy un iluso, hablando de honestidad y de intelectualidad.
La misma responsabilidad corresponde a los oficialismos; no pueden reclamar unidad nacional cuando necesitan votos y acusar de sabotaje a todo el que les marca un error. La democracia necesita desacuerdos. Lo que no necesita es que cada desacuerdo se convierta en una guerra donde nadie escucha y todos buscan humillar al otro. La oposición peronista seria no tiene que estar de acuerdo con el gobierno, tiene que ser capaz de demostrar por qué discrepa y ofrecer algo mejor. Y LLA tiene que responder las críticas sin convertir cada cuestionamiento en una amenaza, con un presidente que hay momentos en los que uno cree que está para atarlo.
Verla a Cristina kirchner como una barrabrava hace años atrás diciendo «vamos por todo» y a milei insultando a los periodistas en españa da la mejor demostración de en manos de quien estuvimos y estamos, dos pelotudos importantes.
Porque una cosa es tener convicciones políticas y otra muy distinta es defender a un dirigente como si te pagara el alquiler. Si el adversario aumenta el gasto público, es un despilfarrador, si lo hace el propio, está invirtiendo en el futuro, si el otro toma deuda, hipotecó el país, si el mío toma deuda, está consiguiendo financiamiento estratégico, si el otro tiene una denuncia, es culpable, si el mío la tiene, hay que esperar a la Justicia.
Lo absurdo de esperar a la justicia es aplicarla solamente cuando el acusado pertenece al partido que uno apoya, o en contra si es del otro bando. El fanático y el oportunista no analiza primero los hechos para después sacar una conclusión, primero decide quién es el bueno y quién es el malo, y después acomoda los hechos para que coincidan con su equipo.
—¿Leíste el expediente?
—No.
—¿Viste las pruebas?
—No.
—¿Conocés los argumentos de la defensa?
—Tampoco.
—¿Entonces por qué estás tan seguro?
—Porque los otros son peores.
¡Premio Nobel de Derecho Comparado para el señor!
Así, unos justifican cualquier cosa en nombre de la justicia social; otros, en nombre de la eficiencia, la libertad, la institucionalidad o la lucha contra la casta. Cambian las consignas, pero el mecanismo es el mismo, cuando el problema lo tiene el adversario, exigimos la guillotina; cuando lo tiene el propio, pedimos paciencia, contexto y una comisión investigadora que se reúna después de las vacaciones.
Y ahí es donde el fanatismo deja de ser una pavada de redes sociales y se convierte en un problema institucional, si los ciudadanos dejan de exigir explicaciones, los controles se vuelven decoración y la rendición de cuentas pasa a ser un trámite molesto.
¿Será verdad que las investigaciones tienen que avanzar sin importar quién gobierne?. Los funcionarios deben explicar sus decisiones, justificar el uso de los recursos públicos y responder cuando se demuestran irregularidades. ¿Alcanza con que un político diga que es honesto, y que acuse a sus adversarios de corruptos?.
La imparcialidad no consiste en inventar un escándalo para cada partido. Consiste en no esconderlo cuando afecta al propio. ¿Estará pasando?
Los controles no son una conspiración contra el gobierno de turno, son una protección para los ciudadanos, un gobierno que hace las cosas bien debería poder demostrarlo; uno que exige confianza ciega está pidiendo demasiado.
Las redes sociales completan el espectáculo, uno publica una crítica, otro responde con un insulto, el tercero trae una noticia de hace doce años y el cuarto termina discutiendo sobre el abuelo de un diputado.
Al final nadie analiza el problema original, pero todos se van a dormir convencidos de haber salvado la República, ¡Qué eficiencia democrática! ¿Podés apoyar un proyecto y criticarlo, podés reconocer un logro del adversario, podés cambiar de opinión cuando aparecen nuevos datos? ¡Pensar es o no es traición?
Y votar tampoco es firmar un contrato de obediencia perpetua, no estás casado con un partido, no hay divorcio que pagar ni suegra política que repartir. Si tu espacio cumple, reconocelo, si se equivoca, cuestionalo, si deja de representar tus ideas, tenés derecho a elegir otro. La democracia no necesita hinchas que aplaudan todo, y eso pasó y pasa. Necesita ciudadanos que tengan huevos , instituciones que controlen y funcionarios que rindan cuentas. Si la política es un circo, por lo menos que los payasos sean los únicos que se pongan la nariz roja.
Llegados a este punto, sería muy cómodo concluir que todos los políticos, TODOS LOS SINDICALISTAS, TODOS LOS EMPRESARIOS, TODOS LOS PERIODISTAS son iguales y que no hay nada que hacer.
Pero esa conclusión, además de ser demasiado simple, termina favoreciendo precisamente a quienes no quieren rendir cuentas, no todos los dirigentes son iguales. No todas las gestiones tienen los mismos resultados, no todas las propuestas son equivalentes. Hay diferencias reales entre partidos, programas, personas y decisiones.
Negarlas sería tan poco serio como creer que un solo espacio tiene el monopolio de la honestidad y las buenas ideas. El problema es que, demasiadas veces, medimos a los dirigentes con una vara distinta según quién nos caiga bien. La gente se indigna por los privilegios ajenos, pero encuentra razones para tolerar los propios, piden transparencia, salvo cuando una explicación incómoda afecta al candidato elegido, exigen resultados, pero a veces estan dispuestos a esperar indefinidamente si el que gobierna pertenece a su equipo.
Creo que la politica no existe en el vacío, se alimenta de nuestros votos, nuestras expectativas, nuestras exigencias y también de nuestras contradicciones. Eso no significa que los ciudadanos tengan la misma responsabilidad que quienes toman decisiones desde el poder, los funcionarios tienen obligaciones específicas y manejan recursos públicos, deben rendir cuentas por sus actos.
Pero sí significa que tenemos una responsabilidad democrática, no regalarles nuestra capacidad de pensar. No tenemos que aceptar una explicación solamente porque la da alguien que votamos. Si una política funciona, importa quién la propuso menos que el beneficio que produce, si una política fracasa, el fracaso no desaparece porque el discurso haya sido emocionante. Y si un funcionario es corrupto, no lo dejen esconderse detrás de una bandera partidaria. El país necesita que la discusión política vuelva a tratar sobre cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo cuidamos a los mayores y cómo construimos un futuro que no dependa de acertar el próximo número de la ruleta electoral. Y esto va para la izquierda tirapiedras e incendiaria, LOS ARGENTINOS NO QUEREMOS VIVIR EN UNA REVOLUCION PERMANENTE. ¿Está claro?
Los argentinos queremos poder planificar el mes, llegar a fin de año, ahorrar, conseguir trabajo, recibir una atención médica digna para los dos extremos de la vida, el recién nacido y el jubilado, y sentir que las reglas no cambian cada vez que alguien ocupa el sillón presidencial, no me parece una exigencia descomunal. Sin embargo, en Argentina a veces parece que estamos pidiendo que nos construyan una base en Marte..Necesita aprender a distinguir entre las promesas y los resultados, entre una denuncia y una condena, entre una crítica legítima y una operación, entre una convicción política y una excusa para no pensar.
El peronismo no tiene que ser defendido de todas las críticas para que se reconozcan sus aportes históricos, el macrismo no puede reclamar confianza eterna por haber prometido un cambio que no se animó a concretar, los Milei no pueden quedar exentos de controles y de las investigaciones por presentarse como ex-enemigos de la casta y ahora hermanos de leche de la casta. Los radicales y los aliados tampoco pueden esconder sus contradicciones detrás de la palabra gobernabilidad, mas cuando han destruido la UCR desde adentro. ¿Quien puede tener privilegios morales por la camiseta política que usa?, NADIE!
Si un gobierno mejora la vida de la gente, que se reconozca, si toma una decisión equivocada, que se lo eche democráticamente en la primera elección que haya, si hay sospechas de corrupción y robo, que se tengan los huevos para que se investiguen. Si se demuestra un delito, que haya consecuencias conforme a la ley. Y a evaluar a los dirigentes como lo que son, personas a las que les confiamos temporalmente una responsabilidad enorme. Se eligieron para que trabajen para nosotros.
Mientras discutimos quién tuvo la culpa hace veinte años, quién arruinó el país hace diez y quién va a salvarlo mañana, la vida sigue pasando hoy.
Y si queremos que algo cambie de verdad, tenemos que empezar por una idea bastante sencilla, ningún partido merece nuestra obediencia incondicional y ningún gobierno debería estar por encima de los controles.
