EL CALAFATE.- A través de un decreto, el Gobierno de Santa Cruz autorizó, con carácter excepcional, la venta de un inmueble ubicado en la Península de Magallanes, un área provincial protegida ubicada frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa nacional conformada en su totalidad por capitales extranjeros que se constituyó hace dos meses. ¿El objeto? Construir 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo de baja dificultad.
La autorización de la operación inmobiliaria generó un fuerte revuelo en la localidad, en especial en los sectores empresariales, turísticos y ambientalistas que resisten históricamente a que se avance en construcciones en el lugar y a mantener el área prístina, como se denomina a los espacios naturales que se encuentran en su estado ecológico original.
El punto más delicado es que el decreto es una excepcionalidad a la normativa provincial que desde el año 2017 prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas.
Según el decreto 915/26 firmado por el gobernador Claudio Vidal, se autoriza a la firma Lacustre del Sud SA a vender “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y especifica el inmueble a favor de la empresa Asb Hospitality Calafate SAU.
Se especifica que la medida queda limitada exclusivamente a esta operación.
Técnicamente, la autorización para la venta es a favor de ASB Hospitality Calafate SAU, conformada en la Argentina.
Sin embargo, según surge del acta constitutiva consultada por LA NACION y publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de julio, ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida el 27 de julio como una sociedad anónima unipersonal, cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad extranjera inscripta en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de julio de 2018.
ASB Hospitality Calafate SAU, de acuerdo a su acta constitutiva, cuenta con un capital de 30 millones, representado por 30 millones de acciones escriturales de valor nominal $1 cada una, todas en poder de ASB Hospitality LLC. En tanto que su objeto incluye actividades hoteleras y gastronómicas, promoción y explotación turística, y operaciones inmobiliarias sobre bienes urbanos y rurales, además de la prestación de servicios. La sociedad fijó su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
La discusión por la venta llega luego de la polémica por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la presión de los bloques aliados, el oficialismo terminó entonces por retirar del proyecto el polémico capítulo de extranjerización de tierras que establecía, entre otros cambios, un nuevo límite del 25% para la titularidad extranjera.
La Legislatura provincial aprobó por unanimidad el acceso urgente al expediente para intervenir en el proceso. Según confiaron algunos diputados, la mayoría se enteró de la novedad por los medios de comunicación.
¿Qué se proyecta construir de acuerdo al plan presentado? Un ecoalojamiento extrahotelero de 24 cabañas, tres tramos de senderos denominados GS1, GS2, GS3 de baja dificultad para senderismo simple y movilidad en la zona, detalló Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, CAP, ante la consulta de LA NACION.
Garay explicó que el proyecto está alcanzado por el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península de Magallanes y que la Parcela G se encuentra en la Zona de Uso Público Extensivo, que restringe la circulación de vehículos fuera de los caminos habilitados y establece pautas constructivas de bajo impacto, con alturas reducidas y adaptación al entorno, entre otros aspectos de protección ambiental.
En cuanto al impacto ambiental, el funcionario indicó que el proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental. Según explicó, las medidas contemplan un sistema de volcamiento cero para los efluentes, gestión diferenciada de residuos, uso de energías renovables y criterios de eficiencia energética. A esto se suma la obligación de ubicar las construcciones y senderos en sectores degradados o aclarados naturales, evitando la afectación del bosque nativo.
“La actividad turística debe ser compatible con un Plan de Manejo Sostenible del Bosque que garantice la conservación del sotobosque y la regeneración natural”, afirmó Garay a LA NACION
Debate de larga data
Gran parte de la Península de Magallanes —más de 38.000 hectáreas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno— quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares y esa situación generó históricamente una diferencia en el nivel de protección ambiental del paisaje que acompaña la vista del glaciar Perito Moreno. El área fue loteada en la década del 60; sin embargo, quienes adquirieron las tierras nunca pudieron avanzar en ningún proyecto.
Los propietarios de tierras en la Península llegaron a la Corte Suprema de Justicia porque la provincia les prohibió operar hasta que se sancionara un Plan de Manejo, algo que se demoró por décadas. Los demandantes denunciaron que, mientras a ellos se les impedía desarrollar comercialmente, el gobierno permitió la construcción del hotel Los Notros en el mismo sector. Luego de esa construcción, el área fue declarada protegida y el hotel —hoy cerrado— pasó a manos de Cristóbal López.
En 2021 la Corte falló a favor de los litigantes, declaró inconstitucionales las normas ambientales dictadas por Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner y ordenó elaborar un Plan de Manejo que se firmó en 2022.
Según fuentes oficiales, el proyecto Master Plan Ecocentro avanzó desde entonces, pero ahora requirió una excepcionalidad del Poder Ejecutivo para ser vendido a inversores extranjeros, habilitada por el decreto conocido esta semana.
En El Calafate, las diferentes voces críticas del proyecto promueven que la península mantenga su carácter prístino, solicitan que se informe el detalle del proyecto de excepción y piden conocer el alcance de la iniciativa turística.
Por su parte, el Concejo Deliberante local reclamó ayer que la comunidad de El Calafate, la más cercana al área en cuestión, no tuvo la posibilidad de opinar sobre la iniciativa que parece inminente y significaría el desembarco de capitales extranjeros a la actividad turística en un área en la que durante años se sostuvo una militancia ambiental activa para mantenerla intangible.-
Con la colaboración de Ricardo Brom
