La investigación sobre los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en Mar del Plata sumó su quinta víctima dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ahora cayó el jefe de la división que estaba a cargo de la última fiscalización y que incluyó a uno de esos proveedores en la “e-Apoc”, la base de datos del organismo tributario que recopila los nombres de los emisores de factores truchas.
La quinta víctima fue el contador Martín Miguel Casanovas, quien se desempeñaba como jefe de División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA, pero que, por la disposición 378/26 del organismo que firmaron en Buenos Aires y se publicó ayer en el Boletín Oficial, fue transferido a otra división.
Casanovas se sumó así a otros cuatro funcionarios de ARCA en Mar del Plata que fueron desplazados durante los últimos once meses con la investigación sobre los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad como trasfondo, con un presunto desvío de más de $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano.
Los otros funcionarios desplazados fueron Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, quienes lideraban hasta abril pasado las divisiones 1 y 3 de Fiscalización en Mar del Plata del organismo y fueron reasignados como “asesores mayores” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.
Antes que Casanovas, Capdeville y González, otros dos funcionarios habían sufrido represalias por la misma fiscalización sobre el hotel de Camioneros. En octubre de 2025, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al entonces jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del juzgado. Y ante su desplazamiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.
Los desplazamientos derivaron en una denuncia penal que radicó en Mar del Plata otro extitular de la Dirección Regional, Manuel Rodríguez, un contador con 35 años de carrera en el organismo tributario que durante los últimos tiempos también afrontó represalias y fue enviado al área de Capacitación.
Según la denuncia que Rodríguez presentó en abril de este año ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos habían sido ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Historial de desplazamientos
Los funcionarios de ARCA desplazados en Mar del Plata se suman así a Horacio Castagnola, Norman Williams, Carlos Bo y decenas de sabuesos más que sufrieron represalias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández por investigar a funcionarios y sus familiares, empresarios y sindicalistas influyentes, testaferros y usinas de facturas truchas que servían al poder.
Esos sabuesos de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resultaron decisivos para que avanzaran investigaciones sensibles como “mafia del oro”, Skanska, Sueños Compartidos, y para poner contra las cuerdas a la familia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Angelo Calcaterra, entre otros.
Muchos de esos mismos funcionarios que fueron desplazados durante el kirchenrismo de la AFIP por autoridades de entonces, como Ricardo Echegaray y Rubén Angel Toninelli, fueron incluso denunciados ante la Justicia. Solo el otrora subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky afrontó 23 causas penales. Tras años en los tribunales, ya fue sobreseído en 21 de ellas.
El avance más reciente lo dispuso esta semana la Cámara Federal de Casación Penal, en una investigación que comenzó con una denuncia de Toninelli, que acusó a dos funcionarios de AFIP en Bahía Blanca, Carlos Blanco y Silvia Huici, que declararon bajo juramento cómo desde Buenos Aires habían intentado encubrir a Báez en la Regional bahiense.
Toninelli denunció a Blanco y Huici por falso testimonio, y a Mecikovsky como presunto instigador de ambos, y la pesquisa se amplió luego a otros presuntos delitos y más funcionarios de la AFIP a los que les endosó integrar una supuesta asociación ilícita. Pero todos terminaron sobreseídos y ahora la Casación rechazó los recursos y confirmó las decisiones de las instancias inferiores.
Esos funcionarios que sufrieron represalias por investigar a contribuyentes “intocables” durante el kirchnerismo y ahora fueron beneficiados por la Casación incluyen a Blanco, Huici y Mecikovsky, pero también a otros. Entre ellos, Pablo Robledo, Juan José Cappannari, Manuel Rodríguez, Pablo Legardón, Santiago De Marco, Roberto Ávila, Juan Carlos Sansinena, Juan Carlos Santos, Sebastián Calvi, Eliseo Devoto, Guillermo Sorrentino y Estrella Arias Pellán.
“Congelar” la pesquisa
En ese contexto laboral, en tanto, según reconstruyó LA NACION, el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa sobre proveedores apócrifos del hotel del gremio de Camioneros. Si no lo hacían, les adelantó, serían desplazados de sus cargos.
Desde el organismo tributario indicaron a este diario, en tanto, que “en Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros”, que “en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”.
Oficialmente, sin embargo, desde ARCA negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas. Indicaron que los movimientos de personal “no tienen ninguna excepcionalidad” y son parte de “procesos habituales” dentro de la estructura administrativa del organismo, que con periodicidad dispone ascensos y traslados según “criterios de mérito, oportunidad y conveniencia”.
