En un discurso radial de diciembre de 1940, un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt describió a Estados Unidos como “el arsenal de la democracia”. Hoy, las armas están quedando en silencio en todo el frente occidental. El periodismo independiente, la savia vital de una democracia informada, enfrenta desafíos existenciales, particularmente en Estados Unidos.
Las amenazas son económicas y tecnológicas, pero también son de naturaleza legal y política. La segunda administración Trump está apuntando agresivamente contra las organizaciones de noticias, presentando demandas multimillonarias, persiguiendo fuentes mediante citaciones judiciales y librando una campaña de difamación contra cualquier periodista o editor que no se ajuste a la línea.
Hay escasos precedentes de este abuso del poder ejecutivo. Ni siquiera Richard Nixon, en el apogeo del escándalo Watergate, se acerca. El ataque contra el periodismo independiente se está llevando adelante – plena vista- utilizando el enorme poder del Gobierno federal. Los tribunales, la última línea de defensa, hasta ahora se han mantenido firmes; pero nadie puede estar seguro de qué posición adoptará en última instancia la Corte Suprema de Estados Unidos, con su mayoría conservadora estructural y de largo plazo, si las cosas llegan hasta allí.
La decisión fundamental de la Corte Suprema en defensa de la libertad de prensa en Estados Unidos es New York Times Co v Sullivan (1964), que estableció que los funcionarios públicos no pueden demandar por difamación a menos que demuestren “real malicia”; es decir, que el medio sabía que la información era falsa o actuó con temerario desprecio por la verdad.
Un segundo caso fundacional es New York Times Co v United States (1971), el llamado caso de los Papeles del Pentágono, en el que la Corte restringió fuertemente la capacidad del Gobierno de ejercer censura previa o bloquear la publicación de información clasificada sobre defensa.
En ambos casos, los fallos de la Corte Suprema establecieron un umbral muy alto para que el Gobierno pudiera amordazar a los medios. Pero esas decisiones esclarecidas son reliquias de una época pasada. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por una profunda desconfianza hacia el Gobierno federal, exacerbada por la Guerra de Vietnam. La revelación por parte de los medios de las mentiras del Gobierno utilizadas para justificar la prosecución de aquella guerra otorgó una nueva legitimidad a los diarios, la radio y la televisión.
Medio siglo después, el cinismo público se ha extendido a los propios medios. Según algunas encuestas, los periodistas se ubican por debajo de los abogados y los agentes inmobiliarios. Parte de esa desconfianza puede haberse ganado como resultado de errores y excesos; pero ese es el precio de una prensa libre. Hoy, cuando los algoritmos de las redes sociales priorizan la interacción, que a su vez recompensa el conflicto y la indignación, las organizaciones de noticias establecidas se encuentran etiquetadas como sesgadas y poco confiables. La administración Trump ha sido la promotora y litigante más agresiva de esta campaña de intimidación contra los medios.
The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC se han negado a llegar a acuerdos en demandas multimillonarias presentadas por el presidente Trump. De hecho, The New York Times está demandando al Pentágono por su decisión de restringir el acceso de los periodistas
En 2024, Walt Disney Co acordó pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump y un millón de dólares en honorarios legales para resolver una demanda por difamación presentada contra ABC News, subsidiaria de Disney. Disney llegó a un acuerdo después de que su conductor estrella -George Stephanopoulos, exdirector de Comunicaciones de la administración Clinton- dijera que Trump había sido declarado “responsable de violación” (un juez de Nueva York había dictaminado que Trump era responsable de “agresión sexual”).
En 2025, Paramount acordó pagar 16 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una disputa legal por la edición de un programa informativo de CBS que incluía una entrevista con quien entonces era la vicepresidenta Kamala Harris. Trump sostuvo que la edición “inclinó la balanza” en su contra en la campaña presidencial de 2024, pese al hecho de que terminó siendo un claro ganador frente a la candidata demócrata Harris.
Aunque Paramount no admitió culpabilidad, prefirió llegar a un acuerdo en un momento en que necesitaba el visto bueno del Gobierno federal para su proyectada fusión multimillonaria con Skydance Media. Del mismo modo, Walt Disney calculó que no valía la pena poner a prueba ante los tribunales una defensa razonable que señalara el hecho de que la notoriedad de Trump lo convertía en un demandante prácticamente inmune a una demanda por difamación. En resumen, el interés corporativo ha prevalecido sobre el principio constitucional de la libertad de prensa.
Lo que ocurre en Washington no se queda en Washington. Si Estados Unidos no está a la altura a la hora de defender el principio constitucional de una prensa libre, otros actuarán con mayor impunidad
Hay nobles excepciones. The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC se han negado a llegar a acuerdos en demandas multimillonarias presentadas por el presidente Trump. De hecho, The New York Times está demandando al Pentágono por su decisión de restringir el acceso de los periodistas. La BBC también está impugnando una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares relacionada con un documental sobre los disturbios del 6 de enero. El caso deberá ser tratado por un tribunal de Florida el año próximo.
Es tentador descartar estos temores como producto de una imaginación liberal febril. Pero he visitado Estados Unidos regularmente durante los últimos 50 años. Estuve destinado durante una década como corresponsal extranjero del Financial Times, primero en Washington y luego en Nueva York. Conozco el país (47 estados y contando) y considero amigos personales a decenas de periodistas estadounidenses. Las amenazas contra las organizaciones de noticias, grandes y pequeñas, constituyen un peligro claro y presente.
Estados Unidos es la tierra de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad religiosa, de expresión, de prensa, de reunión pacífica y el derecho a presentar peticiones al Gobierno. Lo que ocurre en Washington no se queda en Washington. Si Estados Unidos no está a la altura a la hora de defender el principio constitucional de una prensa libre, otros actuarán con mayor impunidad. El mundo será un lugar mucho más oscuro.
* Este artículo de opinión fue encargado como parte de la campaña World News Day, una iniciativa destinada a mostrar el valor del periodismo.
Periodista inglés y exeditor del Financial Times. Hasta hace poco fue copresentador del podcast Media Confidential
