La democracia no empieza ni termina el día de una elección. El voto es su expresión más visible, pero detrás de cada urna late un sustrato indispensable: ciudadanos que participan, organizaciones que los representan, partidos que discuten ideas y una sociedad que interviene en la construcción de su propio destino. Sin participación activa, el sistema corre el riesgo de vaciarse de contenido y convertirse en un mecanismo meramente formal, donde se vota a las autoridades para luego replegar la política a despachos cerrados. La Constitución Nacional lo prevé con claridad. El artículo 37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos y el sufragio universal, mientras que el artículo 38 otorga a los partidos un papel institucional central. Esto significa que la democracia argentina no se limita a garantizar comicios cada pocos años; reconoce la necesidad imperiosa de que la ciudadanía disponga de canales reales para organizarse, debatir y generar alternativas. En ese marco conceptual debe inscribirse el debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Fueron creadas por la Ley 26.571, sancionada en 2009. Y comenzaron a utilizarse en las elecciones nacionales de 2011. Se aplicaron nuevamente en 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023.
Su incorporación significó que la selección de candidaturas dejara de ser un coto cerrado de las cúpulas partidarias para abrirse a la intervención ciudadana previa. Las reglas electorales son perfectibles y pueden modificarse, pero la brújula no debe perder el Norte: el valor de lo que buscan garantizar.
Buena parte de las discusiones recientes se han posado de manera casi exclusiva sobre el costo económico de estas primarias. Sin embargo, al igual que el Congreso o la Justicia, el costo de las instituciones no debe medirse únicamente en balances contables, sino como una inversión directa en participación y pluralidad que hacen posible una república. Hoy, el desafío contemporáneo parece ser el inverso a las históricas ampliaciones de derechos: evitar el repliegue de los ciudadanos. El desencanto y la percepción de que las decisiones se toman lejos de la vida cotidiana alimentan una tendencia peligrosa. Cuando la sociedad se retira, el poder no se evapora; se concentra. Las decisiones pasan a ser monopolizadas por corporaciones o estructuras con mayores recursos e influencia.
Frente a este descreimiento, la respuesta nunca debe ser restringir la participación, sino robustecer los cauces democráticos. Los partidos políticos tienen aquí una deuda pendiente: no pueden limitar su accionar a la presentación de ofertas electorales; corresponde que se transformen en usinas permanentes de formación y debate. Existe una distancia sustancial entre votar y participar. Votar es elegir entre opciones dadas; participar es incidir en la gestación de esas alternativas, controlar al poder y proponer cambios.
Toda reforma electoral debería ser medida no solo por su eficiencia técnica, sino por el impacto real que provoca en el tejido cívico. Las reglas pueden cambiar, pero lo innegable es la necesidad de que la ciudadanía conserve un lugar protagónico. La democracia no se sostiene solo con engranajes institucionales; se sostiene con el pulso vivo de sus ciudadanos.
