LA PLATA.- Albertina Mangini es funcionaria del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y cayó presa en el marco de una investigación por el presunto lavado de $27.000 millones. No depende del Ministerio de Justicia, por lo tanto, no le corresponde al gobernador Axel Kicillof intervenir para impulsar su desvinculación. Sin embargo, la gestión provincial se vio empujada a aclarar sobre la situación.
Mangini es funcionaria -ahora suspendida preventivamente- del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados. Ingresó a esa institución en 2009, durante la gestión de la ex Procuradora María del Carmen Falbo.
Desde 2023 estuvo a cargo de la coordinación con el Patronato de Liberados desde la Fiscalía General de La Plata.
Si se confirma una condena por los cargos que enfrenta, podría ser exonerada sin necesidad de un juicio político
Sobre la funcionaria pesa un sumario disciplinario en la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento del Ministerio Público, que deberá determinar si corresponde aplicar una sanción administrativa más fuerte que la suspensión.
Pero no hace falta un jury para desvincularla, en caso de ser hallada culpable, dado que no es magistrada.
En paralelo, avanza una causa penal en la UFI Nº 2 de La Plata, donde la Justicia investiga su presunta participación en una estructura que habría captado personas vulnerables para obtener sus datos biométricos, abrir cuentas en billeteras virtuales y utilizarlas para canalizar fondos. Si finalmente resulta una condena penal firme por hechos incompatibles con su función, podría corresponder su exoneración.
El caso Mangini tuvo en vilo a la administración de Kicillof, que mediante su ministro de Justicia, Martín Mena, salió a desmentir que fuera planta política de esa gestión.
“La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, informó Mena.
“Es funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires”, precisó el ministro ligado a la expresidenta Cristina Kirchner. “No tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial”, destacó el ministro de Justicia.
La investigación administrativa en el Ministerio Público y la investigación penal son, por ahora, dos caminos paralelos. El sumario deberá establecer si existió una infracción a los deberes funcionales y, en ese caso, qué sanción corresponde.
La causa penal, en cambio, procura determinar si Mangini tuvo responsabilidad en los hechos investigados y cuál fue, eventualmente, su grado de participación.
Según la documentación incorporada al expediente, la investigación penal sostiene que desde fines de 2023 y hasta agosto de 2024 habría funcionado una estructura dedicada a captar personas económicamente vulnerables, obtener sus datos personales y biométricos y utilizarlos para abrir cuentas digitales a sus nombres. La hipótesis fiscal ubica a una funcionaria pública como una de las personas encargadas de la captación.
Entre los elementos económicos bajo análisis aparecen dos cuentas —de Ualá y Mercado Pago— abiertas a nombre de una de las personas que habría sido captada. Según el informe de la fiscalía, esas cuentas registraron movimientos por $172.242.946,68 en aproximadamente un año.
La investigación deberá determinar ahora qué relación concreta tuvo Mangini con esa operatoria, quiénes fueron los restantes integrantes de la presunta estructura, cuál fue el destino de los fondos y si las conductas atribuidas constituyen delitos.
Mangini está detenida en una alcaldía de esta capital y suspendida preventivamente en sus funciones. En tanto sea llamada a indagatoria, se confirmará la suspensión y se le embargará el sueldo.
