Por su estratégica posición geográfica entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores mundiales de coca, Ecuador se ha convertido en una de las principales plataformas logísticas y eje clave para las redes transnacionales del narcotráfico que conectan a los principales países productores con los mercados internacionales.
Así lo confirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) al reportar una expansión sin precedentes del mercado mundial de la cocaína que ha reforzado el papel clave de Ecuador para las organizaciones criminales en el abastecimiento a consumidores de Europa, Norteamérica y Oceanía.
La Unodc explica que estas organizaciones aprovechan la intensa actividad de los puertos ecuatorianos y el elevado movimiento de contenedores para colar cargamentos ilícitos dentro del comercio legal. Se estima que por Ecuador circula más del 70% de la droga producida en Colombia, lo que provoca disputas entre grupos criminales por las rutas así como por otras economías ilícitas.
Deficiencias estructurales confieren impunidad a las operaciones, permiten desafiar la autoridad estatal y socavan la confianza pública en las instituciones diseñadas para mantener el orden público. La corrupción ha permeado numerosas instituciones en Ecuador, desde la policía hasta el poder judicial.
En ese escenario, Estados Unidos se ha convertido en uno de los socios estratégicos del Gobierno ecuatoriano para fortalecer las capacidades de defensa, combatir el narcotráfico transnacional y recuperar el control de territorios afectados por la presencia de redes criminales.
La seguridad constituye el eje principal de la estrategia anunciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Desde inicios de 2024, su gobierno declaró una guerra contra las bandas criminales, clasificándolas como organizaciones terroristas debido a su participación en homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.
Dicha estrategia busca frenar la escalada de violencia que ha llevado al país a registrar uno de los índices de homicidios más altos de América Latina, una situación que ha puesto en el centro del debate la necesidad de cooperación internacional, inteligencia compartida y operaciones militares conjuntas.
El mandatario ecuatoriano comenzó su estrategia frontal contra el narcotráfico mediante decretos tendientes a disponer fuerzas de seguridad en las calles y cárceles, estados de excepción que permiten a las autoridades actuar con mayor rapidez sin la intermediación del poder judicial frente a estructuras criminales y una inversión histórica en helicópteros, radares, scanners, buques y tecnología para la Policía.
Si bien la utilización de las fuerzas de seguridad ha comenzado a dar resultados positivos, hay otros aspectos señalados por la Unodc que tendrían que reforzarse. Entre otros, mayor seguridad a jueces y fiscales para garantizar su independencia, a fin de desterrar cualquier atisbo de impunidad, y fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) toda vez que el combate al narcotráfico exige atacar las finanzas del crimen.
No menos importante será avanzar en los puertos con la inspección del ciento por ciento de los contenedores de exportación, con tecnología no intrusiva, además de fortalecer la presencia del Estado en las localidades más vulnerables y en los territorios recuperados brindando educación, empleo y servicios básicos.
