BOGOTÁ.– El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella dio un giro drástico en la política de seguridad de Colombia y abrió la puerta a una mayor participación militar de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados.
El anuncio, que incluye la posibilidad de operaciones militares conjuntas, provocó una inmediata controversia sobre los límites de la cooperación y la soberanía del país.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reveló el miércoles durante una cumbre regional de seguridad en Panamá que De la Espriella pidió a Washington que se sume a la ofensiva colombiana contra el “narcoterrorismo”. Según Hegseth, Colombia autorizó “operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”.
La decisión representa un cambio profundo respecto del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que había criticado con dureza la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico. La relación llegó a un punto de fuerte tensión: Donald Trump acusó a Petro de fabricar cocaína, el Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense y el Tesoro le impuso sanciones financieras.
De la Espriella, un dirigente de derecha que asumió la presidencia la semana pasada, había anticipado durante la campaña una política de mano dura. Prometió desatar la “ira de Dios” contra los narcotraficantes y otros grupos armados y “acabar con ellos como cucarachas, como ratas”. Colombia es actualmente el mayor productor mundial de cocaína.
Como parte del acercamiento, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, firmó en Panamá los documentos para incorporar a Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), creada este año por Trump dentro de la iniciativa Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
El Ministerio de Defensa colombiano sostuvo que la cooperación “fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia” y afirmó que permitirá compartir información, coordinar esfuerzos, fortalecer capacidades y aumentar la efectividad operacional contra organizaciones terroristas y criminales.
Estados Unidos ya desarrolla una ofensiva militar contra presuntos narcotraficantes en la región. Sus fuerzas destruyeron decenas de embarcaciones y mataron a más de 200 personas acusadas por Washington de transportar drogas. Sin embargo, esa campaña no afectó el volumen, la calidad, la disponibilidad ni el precio de la cocaína que ingresa al mercado estadounidense.
Washington además designó como organizaciones terroristas a varios grupos colombianos, entre ellos el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hegseth advirtió que las organizaciones con esa clasificación, cuando exista cooperación con gobiernos aliados, serán “objetivos legítimos” de Estados Unidos.
El anuncio encendió rápidamente las alarmas en Colombia. Petro recordó que corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras y advirtió que aceptar cooperación no significa conceder permiso para que extranjeros “vengan a matar colombianos”. El senador opositor Iván Cepeda sostuvo que la soberanía “no se negocia” y alertó sobre el riesgo de convertir al país en una plataforma de operaciones militares estadounidenses.
Desde la vereda opuesta, el expresidente Álvaro Uribe defendió la asistencia norteamericana y recordó el Plan Colombia, impulsado durante su presidencia.
“La ayuda de USA es recuperación de soberanía, no violación”, afirmó. Para Uribe, el apoyo en equipos, tecnología e inteligencia puede ayudar al Estado a recuperar territorios dominados por el “narcoterrorismo”.
El presidente del Senado, Honorio Enríquez, también valoró la cooperación internacional, aunque recordó que la Constitución deja en manos del Congreso cualquier autorización para el ingreso de militares extranjeros. La senadora independiente Jennifer Pedraza pidió formalmente explicaciones a los ministerios de Exteriores y Defensa.
El general retirado de la Policía Juan Carlos Buitrago planteó otro límite: respaldó la cooperación en inteligencia, tecnología y entrenamiento, pero rechazó acciones militares directas de tropas extranjeras. Según señaló, además de sentar “un mal precedente”, una intervención de ese tipo no tiene antecedentes en la historia contemporánea colombiana.
Agencia ANSA y diario The New York Times
