QUITO.- Las autoridades de Ecuador encontraron este domingo ocho cuerpos desmembrados en dos fosas comunes ubicadas dentro de una mina ilegal de oro en el sur del país. El hallazgo se produjo en el municipio de Pucará, en la provincia andina de Azuay, una de las zonas alcanzadas por el estado de excepción dispuesto por el gobierno de Daniel Noboa ante el aumento de la violencia.
Los cadáveres estaban enterrados a unos dos metros de profundidad, tenían las manos atadas y presentaban “lesiones como desmembramiento y decapitación”. Según explicó ante los medios el jefe de la Policía Judicial de la zona, el coronel Pablo Inga, las lesiones halladas serían compatibles con las provocadas por un machete.
Los primeros análisis determinaron que los cuerpos habrían permanecido enterrados durante aproximadamente dos días. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer las identidades de las víctimas.
El caso comenzó a conocerse durante la mañana de este sábado, cuando familiares de personas que presuntamente trabajaban en una mina del sector El Carbón, cerca del caserío Huasipamba-Mirador, denunciaron que habían perdido contacto con sus allegados. Según informó el medio ecuatoriano El Comercio, las comunicaciones se habían interrumpido desde el miércoles.
A partir de las denuncias, las autoridades locales dieron aviso a las instituciones provinciales y organizaron un operativo para ingresar a la zona. Policías, militares y unidades especializadas recorrieron un trayecto que puede demandar alrededor de dos horas debido a las dificultades de acceso. El operativo para recuperar los cuerpos requirió la participación de unas 120 personas.
Durante el recorrido, se encontraron dos vehículos incendiados en las inmediaciones de la mina. En el lugar también detectaron un sector en el que la tierra parecía haber sido removida y, tras revisar el terreno, hallaron los ocho cadáveres.
Los restos fueron trasladados al centro forense de Cuenca, donde se realizarán las autopsias y las tareas necesarias para identificarlos. La investigación deberá determinar quiénes eran las víctimas, establecer las causas de las muertes y reconstruir qué sucedió en la zona minera antes del hallazgo. La explotación donde se encontraron los cuerpos no contaba con permisos de funcionamiento.
En Pucará se expandieron durante los últimos años las explotaciones irregulares de oro y cobre. La provincia de Azuay, además, se encuentra mayoritariamente bajo la influencia de Los Lobos, una de las organizaciones criminales que operan en Ecuador.
El episodio se produjo en medio de un escenario de violencia vinculada con la disputa entre bandas por el control de las rutas internacionales del tráfico de cocaína y de los yacimientos mineros ilegales.
Azuay integra el grupo de diez provincias declaradas en estado de excepción desde junio. La medida habilita al Gobierno a desplegar militares en las calles. Sin embargo, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad. Desde su llegada al poder, en 2023, Noboa recurrió en reiteradas oportunidades a los estados de excepción como parte de su estrategia para enfrentar a las bandas criminales.
Pese a las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, los enfrentamientos armados no cesaron. Ecuador registró en 2025 una tasa cercana a los 51 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de la región.
Con información de AFP.
