El gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue un “atentado al orden constitucional y a la vida democrática” durante la manifestación realizada ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional mientras el Senado debatía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
“Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, se sostuvo en la presentación hecha por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional.
Ayer, luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal Argentina (PFA utilizó gases para desalojar a los manifestantes que enfrentaban el vallado que protegía al Congreso de la Nación.
Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.
Hubo 18 detenidos acusados de resistencia a la autoridad, quienes quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal, que conduce el fiscal Federico Tropea.
No se descarta que, además, a algunos de los sospechosos se les impute el delito de daños.
Pero el gobierno sostiene que lo sucedido debe investigarse como un delito de jurisdicción federal.
“Solicitamos a la justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, se individualicen a los responsables y a todos aquellos que hayan colaborado o participado o instigado, propendido a la generación del escenario delictivo y antidemocrático que se denuncia. Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, sostuvieron los funcionarios en la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.
Además, se sostuvo: “Como es de público conocimiento, un cúmulo considerable de manifestantes arrojaron piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban apostados en el lugar, en el marco de sus tareas de prevención y a fin de garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse de aquellos ciudadanos que se apersonaran pacíficamente en el lugar. Sobre ello se advirtió la rotura de baldosas y bancos públicos con el fin de utilizar sus fragmentos como objetos contundentes contra efectivos policiales, siendo algunos de ellos lesionados, como asimismo se produjeron cuantiosos daños en estructuras edilicias y vehículos policiales”.
Pugnaloni y Franco solicitaron que se ordenen “con premura” medidas de prueba para identificar a los responsables.
“El Ministerio de Seguridad Nacional se encuentra en proceso de análisis de los acontecimientos delictivos reseñados precedentemente, a fin de evaluar el acompañamiento de elementos de convicción idóneos para la investigación, estando desde ya a su entera disposición para lo que considere oportuno y necesario a tales fines”, se explicó en la presentación.
