Cuando una maniobra fracasa por los carriles institucionales suele reaparecer disfrazada bajo otro formato. Eso es exactamente lo que vuelve a ocurrir en la provincia de Buenos Aires con el intento de habilitar una nueva reelección consecutiva para los intendentes que ya agotaron el límite legal de dos mandatos sin intervalos. Como no consiguen los votos necesarios en la Legislatura, ahora ensayan diversos caminos para intentar alcanzar el mismo objetivo: perpetuarse en el poder.
No deja de ser menos grosera la versión -luego desmentida por el gobierno bonaerense- de que buscan impulsar un proyecto para ampliar el número de diputados y senadores del distrito en una Legislatura ya sumamente onerosa e improductiva, que pasó casi medio año sin sesionar y que sigue haciendo un cerrado silencio cómplice frente a los aberrantes delitos de corrupción protagonizados por el puntero del PJ y del massismo, Julio “Chocolate” Rigau, acusado junto con varios socios de apropiarse de los sueldos de empleados “ñoquis” para el financiamiento ilegal de la política. El tufillo de la iniciativa peronista resulta inocultable.
El último episodio referido a los intendentes tiene como protagonista al jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, quien impulsa la sanción de una carta orgánica municipal al amparo del reclamo por la autonomía de los municipios. Entre las facultades que pretende otorgarle figura la posibilidad de establecer un régimen electoral propio. Aunque sostiene que personalmente no busca su propia reelección, el mensaje político es el de instalar un nuevo debate para abrir una puerta que hoy la ley mantiene cerrada.
Echarren ya había intentado en 2019 recorrer el camino judicial al cuestionar la constitucionalidad del régimen bonaerense. Aquella ofensiva no prosperó. Más tarde otros intendentes amagaron con seguir la misma estrategia. Ahora aparece este nuevo globo de ensayo que va detrás del mismo propósito, aunque por otra vía.
Esas estrategias son típicas de quienes se aferran al poder como forma de vida, lo cual resulta inconcebible desde una perspectiva republicana. Es una deformación institucional tan abusiva como peligrosa.
Si la legislación vigente no cambia, 82 intendentes bonaerenses no podrán volver a presentarse a elecciones para el mismo cargo en 2027. Eso explica por sí solo la desesperación por cambiar las reglas de juego de parte de dirigentes de casi todos los partido políticos
El dato que explica esos manotazos de ahogado es contundente. Si la legislación vigente no cambia, 82 intendentes bonaerenses no podrán volver a presentarse a elecciones para el mismo cargo en 2027. Hay representantes de casi todas las fuerzas políticas: 53 pertenecen al peronismo, 17 a la UCR, siete a Pro y el resto a La Libertad Avanza y a partidos vecinales. La mayoría es justicialista, pero el afán de eternizarse en los cargos atraviesa buena parte del arco político.
Lamentablemente, nada de esto sorprende. Desde que la ley que limitó las reelecciones fue sancionada en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal y con el acompañamiento del massismo, no dejaron de multiplicarse los intentos por vaciarla de contenido.
La norma tenía un espíritu saludable, el de impedir que los intendentes permanecieran indefinidamente en el poder y garantizar una alternancia razonable después de dos mandatos consecutivos. Sin embargo, casi desde el primer momento, comenzaron los remiendos.
El primero llegó con la reglamentación. Allí se introdujo un criterio que terminó convirtiéndose en un verdadero agujero legal, ya que se consideró mandato completo solamente cuando el intendente hubiera ejercido más de dos años. Esa interpretación habilitó un festival de licencias estratégicas para eludir la prohibición sin abandonar realmente el poder.
Después llegó una segunda alteración todavía más grave. La Legislatura modificó el criterio para computar el primer mandato alcanzado por la restricción y permitió que varios intendentes sumaran un período adicional respecto del previsto originalmente.
La interna del peronismo, paradójicamente, se convirtió en el principal obstáculo para concretar una reforma tan regresiva como nefasta
Algunos jefes comunales optaron por asumir cargos legislativos y permanecer de licencia durante más de dos años para volver a quedar habilitados. El caso más conocido es el de Mayra Mendoza, hoy diputada bonaerense con licencia como intendenta de Quilmes. Otro es el de Mario Ishii, intendente cuasi eterno de José C. Paz, ahora compañero de bancada de Mendoza en la Legislatura.
Quienes no encontraron ese resquicio vuelven a presionar para cambiar las reglas. Entre ellos aparecen nombres como Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Andrés Watson, Mario Secco, Lucas Ghi, Fernando Moreira, Leonardo Nardini, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández, Ariel Sujarchuk, Fernando Gray, Julio Zamora y Juan Andreotti, entre muchos otros. La lista atraviesa al oficialismo provincial, pero también a la oposición.
Durante meses, muchos de los intendentes del PJ confiaron en una promesa de Cristina Kirchner. La expresidenta les había asegurado que impulsaría una modificación legal para restablecer las reelecciones indefinidas. Sin embargo, la disputa que hoy mantiene su sector con el de Axel Kicillof terminó bloqueando esa posibilidad. La interna del peronismo, paradójicamente, se convirtió en el principal obstáculo para concretar una reforma tan regresiva como nefasta.
Por su parte, Kicillof nunca ocultó su simpatía por eliminar los límites a las reelecciones y varios de sus intendentes siguen presionando para conseguirlo. El gobernador, impedido por la Constitución provincial de aspirar a un tercer mandato consecutivo, necesita preservar el respaldo territorial de los jefes comunales si finalmente decide proyectar una candidatura presidencial en 2027. En ese contexto, el reclamo para derogar los límites a las reelecciones aparece como una vil moneda de cambio para fortalecer esa alianza política y mantener alineados a quienes constituyen su principal estructura de poder. Pero los votos no aparecen y la discusión permanece empantanada. De allí la proliferación de alternativas judiciales, interpretaciones forzadas y ahora experimentos municipales que buscan obtener por la ventana lo que no consiguen por la puerta.
La proliferación de alternativas judiciales, interpretaciones forzadas y novedosos experimentos municipales buscan obtener por la ventana lo que no consiguen por la puerta
La cuestión de fondo excede largamente la suerte de un puñado de dirigentes. Lo que está en juego es la calidad institucional de la provincia. La alternancia no es un castigo para los gobernantes, sino una garantía para los ciudadanos. Ninguna democracia madura puede aceptar como normal que quienes administran el Estado dediquen más energía a diseñar mecanismos para seguir aferrándose con uñas y dientes que a resolver los problemas de quienes los eligieron.
La política bonaerense enfrenta desafíos mucho más urgentes que asegurar carreras perennes para sus intendentes. La inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, la crisis económica y la falta de oportunidades reclaman soluciones. Frente a semejante panorama, insistir una y otra vez con nuevas maniobras para eternizarse en el poder constituye una demostración de corporativismo político que resulta tan elocuente como inadmisible.
