SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El líder mapuche Facundo Jones Huala ingresó finalmente a la Unidad 14 de Esquel, luego de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) acatara la orden del juez federal de Bariloche. El traslado se concretó tras un periodo de tensiones legales en el que la defensa denunció una “rebeldía procesal” por parte de las autoridades penitenciarias.
A fines de mayo pasado, el juez federal Gustavo Zapata había prorrogado la prisión preventiva de Jones Huala por 90 días y rechazado su traslado al penal de Esquel, manteniendo su detención en la cárcel de máxima seguridad de Rawson.
Ante esta decisión, Jones Huala, quien ya se encontraba en huelga de hambre líquida desde abril para reclamar condiciones “dignas” y cercanía familiar, decidió radicalizar su protesta iniciando una huelga seca. El líder mapuche denunciaba que en Rawson sufría una vulneración de sus derechos culturales y políticos, además de condiciones de higiene deplorables, señalando que debía “caminar entre orines y excrementos humanos” en los patios de la prisión.
Los abogados del líder mapuche han sido sumamente críticos con el manejo del caso, calificando la situación previa al traslado como un “secuestro” por parte del Poder Ejecutivo. Tras el rechazo del traslado en mayo, el abogado Gustavo Franquet afirmó: “Las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos”.
Asimismo, el equipo legal advirtió sobre la aplicación de criterios excepcionales contra su defendido: “Aunque vemos que los tribunales federales están completamente blindados y aplican a rajatabla con Facundo lo que denominamos el derecho penal del enemigo, solo nos queda seguir luchando”.
Ahora, con la llegada de Jones Huala a Esquel, sus representantes legales emitieron un comunicado donde sostuvieron que “Facundo estuvo ilegalmente detenido (secuestrado es la palabra que más claramente describe la situación) a disposición del gobierno, quien lo sustrajo de la jurisdicción del juez y se negó a cumplir la orden” hasta que se impusieron plazos perentorios bajo amenaza de sanciones.
A pesar de haber logrado el traslado para estar cerca de su comunidad y familia, la defensa advirtió que Jones Huala “sigue sometido a un proceso judicial claramente de persecución política, en una causa sin fundamentos y con una prisión preventiva que ya lleva 13 meses”.
Actualmente, se lo investiga por delitos de asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo y en junio de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.
El 22 de mayo pasado, la fiscalía amplió la formalización de la investigación contra Jones Huala y le atribuyó haber integrado, desde enero de 2011 y hasta la actualidad, la agrupación denominada “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM), cuyo objetivo principal habría sido “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”.
Según la acusación, esa conducta encuadra en el delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime la participación en agrupaciones permanentes o transitorias destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante el uso de la fuerza o el temor, y que tiene una escala penal que va de los 3 a los 8 años de prisión.
