El desembarco de un proyecto de cobre con una inversión inicial de US$18.000 reabrió un conflicto de disputa de tierras histórico entre La Rioja y San Juan, que se intensificó en los últimos días con la sanción de leyes propias a nivel provincial y fuego cruzado entre los funcionarios Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.
El reclamo de tierras por parte de los riojanos es de larga data y surge a partir de un territorio transferido a espacio sanjuanino en 1968 durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. El nuevo impulso a la demanda se lo dio la llegada de una iniciativa para explotar cobre, que se desarrollaría sobre la parte de tierra en disputa.
Esa porción es exigida por Quintela, quien ayer promulgó una ley para ratificar el “rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar”. “La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”, expresó el mandatario en X.
Se trató de una respuesta a una iniciativa que el viernes sancionó San Juan, la Ley de Desarrollo Local Minero. “Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes”, expresó Orrego.
Sin embargo, el conflicto también generó acusaciones entre los funcionarios que responden a cada uno de los mandatarios. Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobierno sanjuanino, calificó de “bravuconada” a la ley de Quintela.
“Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja. Esto es parte de un gobierno que con demagogia le plantea a sus comprovincianos: ‘che, voy a defender lo nuestro’, buscando donde no le corresponde”, expresó.
A su vez, indicó que la ley “no tiene ni asidero ni fundamento jurídico” al considerar que una provincia “no puede cambiar los límites” por una ley. “Si no, mañana yo digo que la Patagonia es de San Juan, o voy por el petróleo de Mendoza extendiendo el límite porque sí”, dijo.
“No es una confrontación con el pueblo de San Juan”, respondió el asesor general del gobierno riojano, Pedro Goycochea, en declaraciones a Rioja Virtual. Según su visión, la intención de la ley actual es señalar que la iniciativa promulgada por Onganía en su segundo año de gobierno no tendría vigencia debido a que, según lo resuelto por la Corte Suprema en 2024, no habría sido ratificada por el Congreso.
Semanas atrás, cuando el proyecto riojano aún estaba en debate, Orrego se había mostrado contundentemente en contra: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”.
“No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, concluyó.
Cabe resaltar que ambos mandatarios pertenecen al Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, Quintela todavía se mantiene cercano a Cristina Kirchner -a pesar del intento de enfrentarla en la conducción del espacio, antes de la condena a la expresidenta por la causa Vialidad-, mientras que el sanjuanino es uno de los jefes provinciales peronistas que más diálogo estableció con Javier Milei desde su asunción.
