El Gobierno prorrogó la fecha límite hasta el 10 de junio para adherirse al programa de retiros voluntarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) porque los niveles de adhesión no alcanzan la meta oficial. Mientras persisten dificultades por el reconocimiento de la antigüedad del personal transitorio, crece la expectativa por la exigencia de llegar a 1200 personas, el número que buscan las autoridades, y el posible cierre de Agencias de Extensión Rural (AER). Trabajadores e investigadores advirtieron a las entidades agropecuarias sobre la pérdida de capacidades estratégicas en los territorios.
Mientras en el Gobierno hablan de entre 600 y 650 desvinculaciones acordadas hasta el momento, desde sectores gremiales aseguran que la cifra ya rondaría los 750 trabajadores, todavía lejos de la meta de 1200 desvinculaciones. La decisión de ampliar la fecha de cierre para adherirse al esquema se dio tras una reunión con el Consejo Directivo.
El esquema contempla un costo total que asciende a $101.717 millones, en función de la aplicación del beneficio y de la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento. Hasta antes de poner en marcha el plan, el organismo contaba con alrededor de 5750 trabajadores, por lo que el objetivo oficial de alcanzar 1200 retiros implicaría una reducción cercana al 21% de la planta.
Sin embargo, los trabajadores sostienen que las autoridades del organismo habrían recibido el pedido de elevar ese piso a 1500 retiros, aunque esto no está confirmado. Este nuevo objetivo, dijeron, solo podría lograrse mediante una medida drástica: el cierre de diversas Agencias de Extensión Rural (AER) en el interior del país. A esto se suma que uno de los principales obstáculos para sumar adhesiones sigue sin resolverse. Todavía no está definido si la Fundación ArgenINTA asumirá o no los años de Planta No Permanente (PNP) que esperan los trabajadores para poder adherir al sistema con una mejor liquidación.
Frente a la posibilidad concreta del cierre de agencias, referentes y trabajadores del INTA comenzaron a alzar la voz para advertir a la dirigencia agropecuaria sobre las consecuencias en el terreno. Héctor Ferrario, trabajador del INTA, advirtió sobre el impacto de clausurar las AER y remarcó que “una Agencia de Extensión Rural no realiza únicamente transferencia tecnológica”. Por el contrario, explicó que allí “se construyen acuerdos, redes institucionales y soluciones territoriales concretas”.
Además, cuestionó la idea de que la presencia física del INTA pueda ser reemplazada por asistentes virtuales o plataformas digitales. El agrónomo recordó que problemáticas complejas como sequías, inundaciones, o la falta de infraestructura y agua segura en el ámbito rural no se resuelven con aplicaciones móviles. Ante esto, propuso fortalecer y modernizar las agencias mediante un “sistema híbrido” que combine equipos territoriales especializados con nuevas herramientas tecnológicas como inteligencia artificial o drones.
Por su parte, a través de un documento difundido internamente, Humberto Debat y la exvicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz, describieron un impacto emocional y el desgaste de este proceso. En su texto, enfatizaron que el INTA es “una construcción colectiva profundamente federal” sostenida históricamente por trabajadores, productores y las comunidades.
Ambos autores señalaron que “hay algo profundamente doloroso en mirar al INTA únicamente como una planilla de ajuste”. Remarcaron que el valor de la institución “se mide en soberanía tecnológica, en arraigo territorial, en conocimiento, en producción, en alimentos”. Asimismo, advirtieron que el debilitamiento del organismo impactará de lleno sobre las capacidades productivas, la innovación y las oportunidades de desarrollo para miles de productores en las diversas regiones de la Argentina.
Desde las bases del organismo se hizo un llamado a legisladores, gobiernos locales y, fundamentalmente, a las organizaciones y entidades del campo a defender la estructura del organismo.
Vale recordar que, según se conoció semanas atrás, la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente, aunque aclararon que el tema todavía está bajo análisis. Según indicaron en su momento fuentes cercanas a las conversaciones, el presupuesto evaluado rondaría los $2000 millones para los años de PNP de los trabajadores que asumiría ArgenINTA. La Fundación es superavitaria y está integrada por representantes del sector público, entidades agropecuarias, universidades y miembros vinculados al sistema científico y productivo del país.
El pago, que consiste en 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, se realizaría en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese, mientras que la adhesión implicará la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años.
