WASHINGTON.– El Departamento de Defensa anunció el lunes que está adoptando un nuevo enfoque para limitar el acceso de los medios de comunicación, después de que un juez federal dictaminara el viernes que gran parte de su política actual era inconstitucional, en un caso presentado por The New York Times.
El Pentágono cerrará el espacio de trabajo utilizado durante años por periodistas acreditados para cubrir noticias militares, según escribió Sean Parnell, vocero del Departamento de Defensa, en un memorando dirigido a la alta dirección.
Se habilitará una nueva área para la prensa en un anexo fuera del edificio principal del Pentágono, indicó, y todos los periodistas que deseen acceder físicamente al Pentágono deberán ir acompañados.
Además, el departamento está modificando la redacción de algunas normas para los periodistas que solicitan una acreditación, escribió el Sr. Parnell. Añadió que los cambios, como la definición más explícita de las actividades prohibidas, responden a las inquietudes planteadas por el juez la semana pasada.
El Departamento de Defensa anunció que apelaría el fallo del juez. Sin embargo, el Pentágono afirmó que sus nuevas políticas cumplirían con el fallo, preservando al mismo tiempo la seguridad del departamento y “sin reconocer la validez del análisis del tribunal”.
El Pentágono ha argumentado en numerosos documentos legales que el acceso a sus instalaciones es un privilegio, no un derecho.
Charlie Stadtlander, portavoz de The Times, declaró el lunes: “La nueva política no cumple con la orden del juez. Sigue imponiendo restricciones inconstitucionales a la prensa. Volveremos a los tribunales”.
Las nuevas normas representan el último intento de los funcionarios del Pentágono por limitar el acceso de los periodistas al Departamento de Defensa.
Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha mantenido una postura hostil hacia los medios de comunicación desde que asumió el cargo el año pasado. Anteriormente, propuso negar el acceso al Pentágono a un reportero de NBC News y, posteriormente, retiró a varios medios de comunicación de sus puestos de trabajo en las instalaciones.
Meses después, restringió los privilegios de circulación sin escolta de los periodistas dentro del complejo.
En octubre, el Pentágono adoptó una política que le otorgaba la facultad de declarar a los periodistas como “riesgos para la seguridad” y revocarles sus credenciales de prensa si participaban en alguna conducta que, a juicio del Pentágono, amenazara la seguridad nacional.
En lugar de acatar la nueva política, decenas de periodistas de medios tradicionales devolvieron sus credenciales de prensa y optaron por cubrir las actividades militares desde fuera del complejo.
Posteriormente, el Pentágono dio la bienvenida a un cuerpo de prensa reconstituido, integrado por comentaristas e influencers afines a Trump.
El Times presentó una demanda , argumentando que las normas violaban la Primera Enmienda.
La empresa sostenía que las actividades rutinarias de recopilación de noticias, como hacer preguntas y buscar información de las fuentes, eran punibles según dichas normas.
También afirmó que el Pentágono se había arrogado una discreción ilimitada para hacerlas cumplir.
El juez Paul Friedman del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia falló a favor de la empresa. En su dictamen del viernes, escribió que la política del Pentágono premiaba a los periodistas que estaban “dispuestos a publicar solo historias favorables o aprobadas por la cúpula del departamento”.
El juez Friedman ordenó al Pentágono que restituyera de inmediato las credenciales de prensa de siete periodistas de The Times.
La Asociación de Prensa del Pentágono, un grupo que representa a los periodistas que cubren temas de seguridad nacional, también presionó al departamento para que restituyera las credenciales a otros periodistas que las habían entregado.
Hasta el lunes por la tarde, el Pentágono no había devuelto los pases a los periodistas del Times.
En su demanda, The Times impugnó las restricciones de la política de octubre relativas a la “solicitud” de información por parte de los periodistas.
Dicha política establecía que las protecciones de la Primera Enmienda no se aplicaban cuando los periodistas “solicitaban a los empleados del gobierno que infringieran la ley proporcionando información gubernamental confidencial”. En su fallo, el juez Friedman escribió que esta disposición era susceptible de “interpretación ambigua”.
La nueva versión sustituye “solicitud” por “inducción intencional a la divulgación no autorizada”.
“Utilizamos más palabras para decir lo mismo y para evitar interpretaciones erróneas”, dijo el comandante Tim Parlatore, asesor especial del Sr. Hegseth, en una entrevista.
El departamento reformó la política durante el fin de semana, dijo el comandante Parlatore, porque el fallo “eliminó todas las disposiciones de seguridad y los mecanismos de aplicación y ordenó que emitiéramos pases de inmediato bajo la política revisada e ineficaz”.
Según explicó, alojar a los periodistas en el anexo garantizaba que pudieran asistir a conferencias de prensa y entrevistas con funcionarios del Pentágono, al tiempo que la política regulaba su capacidad para “hablar en los pasillos y poder inducir revelaciones no autorizadas, que era realmente nuestra principal preocupación desde el principio”.
El comandante Parlatore afirmó que los miembros del cuerpo de prensa del Pentágono eran “más que bienvenidos” a solicitar credenciales bajo esta nueva política. Añadió que las credenciales se expedirían con prontitud a los periodistas del Times, tal como lo ordenó el juez.
