La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso este miércoles suspender el discovery posterior al fallo en el juicio por la expropiación de YPF, en una señal de que el tribunal busca avanzar en la definición de la apelación presentada por la Argentina contra la sentencia que la condenó a pagar más de US$16.000 millones, monto que con intereses acumulados supera los US$18.000 millones.
La decisión implica un freno temporal a una etapa clave del litigio —la producción de pruebas y la búsqueda de activos potencialmente embargables— en un momento en el que la causa entra en una fase decisiva. Ese proceso apuntaba, precisamente, a identificar bienes del Estado argentino en el exterior que eventualmente pudieran ser objeto de embargo, incluyendo información sobre activos financieros y reservas, como el oro del Banco Central. El tribunal optó por pausar ese frente y concentrarse en la resolución de la cuestión de fondo.
La orden establece que se concede la suspensión del post-judgment discovery y de otros procedimientos en el juzgado de primera instancia, y que las instancias vinculadas quedarán en pausa hasta que se resuelva la apelación sobre el fondo del caso.
“El discovery se suspende a la espera de que salga la apelación primaria. No se lee como algo a favor o en contra de la Argentina”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors. “La lectura es que la Cámara quiere resolver la cuestión de fondo y que eso podría ocurrir más rápido de lo esperado”, agregó.
En ese sentido, la decisión también ordena el proceso. Según Maril, la Cámara estaría marcando límites tanto al Estado argentino —por su resistencia a cumplir algunas órdenes del juzgado de primera instancia— como a los demandantes, que habían intensificado sus pedidos de sanciones y medidas en el marco del discovery. “Todo esto se resuelve con la decisión de la Cámara principal”, resumió.
El pedido para suspender esa etapa había sido impulsado por la Procuración del Tesoro, en una de las primeras presentaciones de su nueva conducción, a cargo de Sebastián Amerio, con el objetivo de frenar el avance de medidas vinculadas a la ejecución del fallo.
Desde el Gobierno, en tanto, destacaron la decisión como un respaldo a la estrategia judicial argentina. En un comunicado, la Oficina del Presidente calificó la medida como “histórica” y sostuvo que “todos los procedimientos en curso” quedan suspendidos hasta que se resuelva la apelación. No obstante, se trata de una resolución de carácter procesal que no implica un cambio en la condena ni define la cuestión de fondo del caso.
El caso tiene su origen en la expropiación del 51% de YPF en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. Los demandantes —entre ellos, las sociedades Petersen Energía y Petersen Inversora, cuyos derechos litigiosos son financiados por Burford Capital— sostienen que la Argentina incumplió el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública por el resto de las acciones.
En 2023, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra del país y fijó una indemnización multimillonaria. Desde entonces, la estrategia de los demandantes se enfocó en avanzar sobre la ejecución de la sentencia, lo que incluyó pedidos de producción de pruebas (discovery) para identificar bienes del Estado argentino en el exterior que pudieran ser objeto de embargo.
En paralelo, la Argentina apeló la decisión y buscó frenar esas instancias. En las últimas semanas, además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó escritos ante la Cámara en los que advirtió sobre las implicancias que este tipo de procesos puede tener en materia de política exterior y reciprocidad entre Estados, y cuestionó el alcance de algunas medidas impulsadas en el marco del discovery.
La Cámara de Apelaciones es ahora el ámbito clave del caso. Tiene la potestad de confirmar la sentencia, revocarla o reducir el monto de la indemnización. La audiencia por la apelación se realizó en octubre del año pasado y, desde entonces, el expediente quedó a la espera de una definición. Entre los planteos de la defensa argentina se incluye la posibilidad de recalcular la compensación con el tipo de cambio vigente al momento de la sentencia y no al del incumplimiento, lo que podría reducir significativamente el monto.
En paralelo, el caso se tramita a través de múltiples apelaciones. Además del planteo principal sobre el fondo, existen otras instancias derivadas que abordan aspectos específicos del proceso. En las últimas semanas, la Cámara había comenzado a ordenar esos expedientes bajo distintos paneles de jueces, en una señal de simplificación del caso. En ese contexto, la decisión de suspender las apelaciones secundarias refuerza la centralidad del expediente principal.
Según interpretó Maril, “no tiene sentido avanzar con apelaciones que dependen de otra decisión que puede salir en cualquier momento”, lo que podría indicar que el fallo de fondo se conocerá antes de lo previsto.
Más allá de la cuestión de fondo, el caso se despliega en distintos frentes. Por un lado, continúa en discusión la orden de la jueza Preska para que el Estado argentino entregue las acciones de YPF en su poder, una medida que fue apelada y que se analiza en paralelo. A esto se suma el propio discovery, ahora suspendido, en el que los demandantes buscan demostrar que distintas entidades —como empresas públicas o el Banco Central— funcionan como alter ego del Estado, con el objetivo de ampliar el universo de activos alcanzables por eventuales embargos.
También hubo presentaciones colaterales, como la de una ONG que buscó frenar el proceso al invocar posibles irregularidades en el ingreso del Grupo Petersen, aunque ese planteo no prosperó en primera instancia.
En ese contexto, la decisión de la Cámara introduce una pausa en uno de los frentes más sensibles del proceso y refuerza la centralidad de la apelación. De su resolución dependerá no solo la validez del fallo, sino también el alcance económico del litigio más relevante que enfrenta la Argentina en el exterior, seguido de cerca por inversores y analistas por sus implicancias sobre los activos locales y por su impacto en la forma en que tribunales estadounidenses tratan litigios contra Estados soberanos.
