En marzo de 2020, un grupo de naciones encabezado por la Unión Europea puso en marcha en Ginebra el Acuerdo Provisional Multilateral de Arbitraje de Apelación (MPIA, por sus siglas en inglés), un mecanismo destinado a garantizar una instancia de revisión en las disputas comerciales internacionales tras la paralización, en octubre de 2018, del Órgano de Apelación de la OMC, provocada por la negativa de Estados Unidos a aprobar nuevos nombramientos de jueces. Washington argumentó que el tribunal resultaba injusto, excedía sus competencias y avanzaba en interpretaciones no previstas en los acuerdos originales.
Ante este situación, el MPIA funciona como una vía supletoria que permite a los países acceder a una instancia de apelación independiente y neutral. Reproduce los aspectos sustantivos y procesales de la OMC, buscando “preservar y replicar” su independencia e imparcialidad.
El MPIA abarca el 57,6% del comercio mundial y reúne a 58 de los 164 miembros de la OMC. Entre sus signatarios se encuentran la Unión Europea (con sus 27 estados), China, Canadá, Australia, Japón, Reino Unido y países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, y Uruguay, sin la participación de la Argentina, que optó por no adherir al acuerdo.
La adhesión británica en junio de 2025, a pesar de las posibles tensiones con Washington, marcó un giro respecto de su posición previa, alineada con EE.UU., y reforzó su acercamiento a la estrategia europea.
Para Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, la decisión de la Argentina de no adherir al MPIA responde a una definición política más amplia. El país “hoy desconfía de los organismos multilaterales globales; la experiencia indica que no han funcionado adecuadamente”, señaló, y vinculó esa postura con la preferencia del gobierno de Javier Milei por acuerdos bilaterales o esquemas más selectivos.
En ese marco, describió al MPIA como un “plan B ante la ineficacia de la OMC”, de carácter “claramente provisional y transitorio”, cuya vigencia —advirtió— podría diluirse si Estados Unidos modificara su posición y se normalizara el funcionamiento del Órgano de Apelación.
La creación del MPIA representa una respuesta concreta para sostener cierto orden en el sistema comercial internacional frente al bloqueo de mecanismos clave de la OMC por parte de Estados Unidos. El acuerdo busca preservar, de manera transitoria, los principios del derecho internacional comercial y ofrece una salida institucional que pone de relieve la capacidad de adaptación de la diplomacia multilateral ante la crisis del sistema de resolución de disputas.
Este mecanismo ya ha demostrado su operatividad, habiendo tramitado casos relevantes como el de la UE contra China sobre derechos de propiedad intelectual (DS611), cuyo laudo fue emitido el 21 de julio de 2025. La disputa giró en torno al uso de anti-suit injunctions por tribunales chinos, que impedían a empresas europeas litigar por patentes en otras jurisdicciones, una práctica que Bruselas consideró incompatible con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Trips, por sus siglas en ingles) y que China defendió como parte de su marco legal interno.
Previamente, en un laudo emitido el 21 de diciembre de 2022, el MPIA resolvió el caso de Colombia contra la UE referente a aranceles antidumping sobre papas congeladas (DS591),
La coyuntura actual se define por la tensión entre la política “America First” de aranceles unilaterales, impulsada por la administración estadounidense para redefinir el comercio global y reducir déficits, y los persistentes esfuerzos multilaterales por mantener un sistema basado en reglas, defendido por la OMC y gran parte de sus miembros.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene pendiente pronunciarse sobre la validez de los aranceles impuestos por Donald Trump.
En marzo de 2026 se llevará a cabo la decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14) de la OMC en Yaundé, Camerún. Existe un consenso en que la reforma del sistema multilateral de comercio es una prioridad. Al respecto, Elizondo destacó la relevancia estratégica del encuentro señalando: “Me parece que es muy importante seguir qué va a pasar con esa discusión interna dentro de la OMC y si se puede salvar como institución”. El objetivo de esta cumbre es discutir una reforma integral que abarque desde el cambio de reglas y objetivos hasta la revisión de sus instrumentos y procedimientos operativos para garantizar su supervivencia.
