El mercado se había dado cuenta, antes de que el Banco Central (BCRA) lo advirtiera recientemente en un documento oficial, que el proceso de desinflación iba a extender su pausa en la primera parte del 2026.
Esa realidad, que llevó al Gobierno a postergar la actualización de la base de datos con que realiza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para tratar de justificar su “relato”, fue la que llevó a los inversores a renovar sus apuestas por los plazos fijos que ajustan capital por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y los bonos que hacen lo mismo por el coeficiente CER, es decir, las dos variantes de indexación por inflación.
No en vano, por caso, el stock de plazos fijos UVA bajo administración de los bancos (imposiciones a un mínimo de 90 días que pagan hasta 1% por encima del recorrido que tenga el IPC y que se puede precancelar, aunque con penalidad) creció de $281.280 millones a $320.000 millones (+13,8%) durante enero.
A su vez, en paralelo, los instrumentos con cotización de mercado emitidos por el Gobierno registraron en igual lapso revalorizaciones del 2,7 al 6%, impulsados por una demanda que se mantuvo activa todo el mes.
El mayor apetito de ahorristas e inversores se empezó a verificar desde fines de noviembre, ante una inflación que ya venía acumulando leves movimientos al alza tras haber tocado un piso del 1,5% en mayo, pero se profundizó cuando el Indec sorprendió al mercado y los analistas reportando para diciembre una suba del 2,8%, en el IPC, el mayor incremento desde abril pasado.
La duda está ahora en que puede suceder de aquí en más, luego de que el Gobierno decidiera seguir usando el muy viejo índice de precios para que los renovados ajustes que impulsa en los precios regulados se mantengan diluidos, algo que no podría evitar (especialmente en los meses que siguen) de usar la ponderación surgida de la encuesta de gasto de los hogares de 2017/18.
Para Juan José Vásquez, jefe de analistas de Cohen Aliados Financieros, la conducta de la demanda no se verá afectada por la polémica decisión oficial comunicada ayer. “Las apuestas estaban hechas con la metodología de cálculo que se venía aplicando y por el cual se recuperaron los plazo fijos UVA y se demandaban bonos CER. No creo que cambie nada porque, incluso se dice, el impacto en el costo plazo no era significativo”, sostiene.
Para el economista Juan Manuel Truffa, de la consultora Outlier, la decisión oficial es claramente un error, pero no impactará en el mercado. “El costo para el Gobierno es reputacional ya que en esta deseable adaptación se venía trabajando hace al menos un año y se había anunciado para comienzos de 2026. Impactar ya impactó, como quedó a la vista ayer con mercados que a nivel externo y regional se movieron en positivo mientras acá hubo correcciones. Pero hacia adelante dependerá de cómo se muevan el resto de las variables”, explicó.
Salvador Vitelli, de Romano Group, cree que el impacto en el mercado fue bajo, como muestra hoy la cierta recuperación que mostaron en el mercado los bonos CER, “básicamente porque los inversores saben que entre el índice actual y el nuevo no había grandes diferencia en el costo plazo”. Más allá de ellos cree que para salir del enriedo en que se metió con el tema, el Gobierno debiera difundir los dos indices la semana que viene para despejar dudas y “mostrar que no hay grandes diferencias”
