De la mano del crecimiento en la instalación de parques eólicos y solares en los últimos años, la generación eléctrica de fuentes renovables bajo la Ley 27.191 cubrió el mes pasado un cuarto de la demanda total y marcó un récord en el país.
En octubre, el 25,6% de la demanda total fue abastecida por energía eólica (18%), solar (5%), biomasa (0,9%), biogás (0,4%) e hidráulica de represas de menos de 50 megawatts (MW), con 1,3%. De este modo, superó el récord de septiembre, cuando las renovables habían representado el 22,4% del total.
Aunque la generación hidráulica es una fuente limpia y renovable, las centrales con una capacidad instalada superior a 50 MW –como Yacyretá y las represas del Comahue– no están incluidas en la Ley 27.191, que en 2015 estableció el régimen de fomento para el uso de energías renovables. Esto responde a que los proyectos hidroeléctricos de gran escala suelen tener un impacto ambiental significativo.
Si se incorporan también estas represas de más de 50 MW, las fuentes renovables alcanzaron en octubre el 53,1% de la demanda total, con 5617 GWh. De ese volumen, la energía eólica aportó 1859 GWh y la solar, 568 GWh.
La matriz eléctrica se completó con la generación térmica, que representó el 40% del total (4364 GWh), y la nuclear, con el 8,5% (932 GWh).
“El aumento de la generación renovable se explica principalmente por un mayor factor de carga promedio, es decir, por más horas de despacho efectivo, tanto en eólica como en solar. Esto suele estar asociado a un mejor recurso –más viento o mayor irradiación– y a una mayor disponibilidad”, explicó Gustavo Delbón, analista de finanzas y energía en la agente de bolsa Ricsa.
“En la comparación interanual, además de diferencias en el factor de carga de la eólica, también se observaron fuertes aumentos de potencia instalada: la capacidad eólica pasó de 4123 MW a 4496 MW este año (9% de incremento) y la solar, de 1633 MW a 2182 MW (33,6% de incremento)”, agregó.
La Ley 27.191 vence el 31 de diciembre y el Gobierno ya envió al Congreso un proyecto para prorrogarla, pero sin beneficios fiscales y sin conservar la obligación que hoy tienen las empresas de consumir un porcentaje mínimo de energía renovable.
Desde su sanción hace 10 años, la participación renovable en la matriz eléctrica creció del 1,65% a más del 17% promedio anual, con picos superiores al 25%. De todos modos, para este año la ley había fijado una meta del 20% promedio.
A octubre, la potencia instalada del país asciende a 43.887 MW, de los cuales el 57% corresponde a generación térmica y el 39%, a renovables. Dentro de estas últimas, la energía eólica representa el 10% de la capacidad instalada (4496 MW) y la solar, el 5% (2182 MW).
En el sector privado destacan que, pese al contexto adverso de la última década –marcada por crisis económicas e incertidumbre política, con tres presidentes de distintos partidos–, el mercado de energías renovables logró crecer de manera sostenida. Esto ocurrió incluso sin el cumplimiento total de algunos incentivos fiscales previstos, como la devolución anticipada del IVA o la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias.
“Los incentivos que nos prometieron no se cumplieron, porque las devoluciones de IVA no se hicieron o llegaron tarde y en pesos, en un contexto de alta inflación”, señalan empresas del sector.
Aun así, la norma estableció un marco de estabilidad que ayudó a amortiguar la volatilidad financiera. Los contratos se respetaron y las tarifas no fueron modificadas durante los últimos tres gobiernos, a diferencia de otras tecnologías en las que los contratos fueron pesificados y ajustados por debajo de la inflación.
Además, la adhesión de todas las provincias a la ley nacional generó un “paraguas fiscal” que impidió la creación de nuevos tributos locales; un intento de Puerto Madryn por aplicar un “impuesto al viento” no prosperó gracias a ese resguardo. La prórroga de la ley buscará mantener esta estabilidad impositiva.
En octubre, la secretaria de Energía, María Tettamanti, sostuvo en el Congreso que la ley “fue fundamental para impulsar el desarrollo del sector en un momento en que las tecnologías eran poco competitivas”. Sin embargo, señaló que “el contexto cambió, los costos bajaron y ya no se requiere el mismo nivel de incentivos que hace una década”.
Por eso, el Gobierno propone actualizar el marco normativo para adaptarlo al nuevo escenario tecnológico y económico. El proyecto, actualmente en comisión, extiende por 20 años la seguridad fiscal para los proyectos existentes y futuros. “Esto implica no crear nuevos impuestos ni gravámenes, ni a nivel nacional, provincial o municipal. El objetivo es dar certidumbre a los inversores y consolidar un entorno competitivo, sostenible y previsible”, explicó Tettamanti.
