BRASILIA.- Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro declararon este miércoles que no hay evidencia de que intentara llevar a cabo un golpe de Estado y pidieron su absolución “imperiosa”, en un último esfuerzo por defenderlo en la Corte.
En el segundo día de la fase de veredicto del juicio a Bolsonaro, el abogado Celso Vilardi dijo que incluso si su cliente es acusado de estar involucrado en la planificación de un golpe –lo que también niega-, nunca avanzó en el crimen y, por lo tanto, no debería ser castigado.
Vilardi indicó que su posición está respaldada por el hecho de que Bolsonaro ordenó una transición de poder después de las elecciones presidenciales de 2022.
El exlíder de ultraderecha está acusado de intentar un golpe para permanecer en el poder a pesar de su derrota en las elecciones de octubre de 2022 ante el actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades y ha dicho repetidamente que el juicio es un ataque motivado políticamente.
Durante el juicio por el golpe, la fiscalía presentó notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que dijeron eran evidencia de la conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder.
“No tuvimos acceso a las pruebas, y mucho menos tuvimos tiempo suficiente para examinarlas”, protestó Vilardi, quejándose de que el tribunal haya acelerado los procedimientos.
Medios locales y seguidores de Bolsonaro afirman que el tribunal parece estar agilizando los procedimientos para garantizar que el juicio no se solape con la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2026.
Los fiscales señalaron que Bolsonaro reunió a altos funcionarios del gabinete y militares para discutir la emisión de un decreto de emergencia destinado a suspender el resultado electoral para investigar un supuesto fraude. Pero la defensa dijo que el decreto nunca se emitió.
“La planificación no es la ejecución. No importa cuán detallada sea la planificación, es el acto de violencia el que realmente consuma el crimen”, dijo Vilardi a los jueces del panel del Supremo Tribunal Federal que escucha el caso en procedimientos televisados. “Bolsonaro ordenó una transición”. Bolsonaro “no actuó contra el Estado de derecho democrático”, afirmó.
El Código Penal de Brasil dice que el crimen de golpe ocurre cuando un funcionario público civil o militar “intenta derrocar al gobierno establecido o impedir el funcionamiento de las instituciones constitucionales».
Bolsonaro está bajo arresto domiciliario y no estuvo presente en la corte, igual que el martes, cuando comenzó la fase de veredicto del juicio. El panel del tribunal programó sesiones en cinco días hasta el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable. El exmandatario está siendo juzgado junto a otros siete aliados cercanos.
El caso está presidido por el juez Alexandre de Moraes, considerado por Bolsonaro como un enemigo político y que ha sido sancionado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha llamado al caso contra Bolsonaro una “caza de brujas”.
Trump también ha impuesto un arancel del 50% sobre los productos brasileños, en respuesta a la situación judicial de su aliado. De Moraes lanzó un ataque indirecto contra Trump el martes cuando señaló que el Tribunal Supremo de Brasil debe ignorar toda presión externa.
Bolsonaro está acusado de cinco cargos: intentar llevar a cabo un golpe, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal. Un veredicto de culpabilidad solo por el cargo de conspiración para el golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años de prisión. La pena máxima combinada por los distintos delitos podría superar los 40.
El martes, la fiscalía sostuvo que el plan para mantener a Bolsonaro en el poder también involucraba varios otros elementos, incluidos esfuerzos previos para sembrar dudas en el sistema de votación electrónica y un motín por parte de los partidarios de Bolsonaro el 8 de enero de 2023, después de que Lula asumió el cargo. Los fiscales también alegaron que el complot incluía planes para matar a Lula y a De Moraes. Los planes han sido apodados “la daga verde y amarilla” por los asociados de Bolsonaro.
“No hay una sola pieza de evidencia que vincule al presidente con el plan de la daga verde y amarilla”, afirmó Vilardi. Paulo Cunha Bueno, el otro abogado de Bolsonaro, destacó que las acciones del exlíder no fueron violentas y que condenar a Bolsonaro equivaldría a “castigar el intento de un intento”.
“La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus», afirmó Bueno, en alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la arbitrariedad y parcialidad judicial.
Otros siete aliados cercanos de Bolsonaro están siendo juzgados junto al expresidente, incluidos Walter Braga Netto, su excompañero de fórmula y ministro de Defensa, y Paulo Sérgio Nogueira, otro exministro de Defensa.
El máximo tribunal electoral de Brasil ya le prohibió a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.
Agencias AP y Reuters
