El juicio por las expropiaciones: condena para Santiago Graffigna: 7 años y ocho meses de prisión efectiva, «*por liderar una asociación ilícita Y estafar al Estado CON juicios amañados y precios inflados en terrenos expropiados*»

Contexto del juicio

• Iniciado en octubre de 2022, el megajuicio involucró a varios exfuncionarios, abogados y peritos. El Estado habría enfrentado pérdidas por un valor cercano a los USD 15 millones.
• Durante la etapa de alegatos, el fiscal del Ministerio Público solicitó 15 años de prisión para Graffigna, mientras que la querella (Fiscalía de Estado) pidió hasta 25 años para él y penas variadas para los restantes imputados, que oscilaban entre 7 y 25 años.

Alegatos y defensa

• Graffigna se declaró inocente, diciendo que solo defendió causas iniciadas por particulares y acusó al proceso de “farsa”, denunciando irregularidades institucionales
• Su defensa cuestionó la imparcialidad del tribunal y denunció vínculos indebidos entre funcionarios judiciales y la querella.

Próximos pasos

La sentencia llegó justo antes de la feria judicial de invierno, tras los alegatos finales celebrados el 4 de julio de 2025.

Se espera que haya apelaciones, ya que tanto Graffigna como su defensa anunciaron que recurrirán la condena. 8 meses de prisón por las expropiaciones fraudulentas

Es la sentencia del tribunal colegiado compuesto por María Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón.

Este viernes 4 de julio la mega causa por las expropiaciones fraudulentas, llegó a su fase final culminadas las declaraciones de los imputados, el Tribunal colegiado compuesto por María Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, dictó sentencia condenando a Santiago Graffigna a 7 años y 8 meses de prisón.

Un hecho que tuvo como base investigativa una nota en el programa La Ventana, realizada por Juan Carlos Bataller, y su correlato con sucesivas ediciones de El Nuevo Diario. Allí quedó al desnudo el flojo accionar de un abogado de Fiscalía de Estado,
Norberto Baistrocchi -fallecido-, quien en la nota periodística dejó más dudas
que certezas. Eso derivó en el inicio un hecho que salió a la luz en el programa La Ventana. Esto causó una investigación interna aconsejada por el entonces jefe de Asesores del gobernador, Guillermo de Sanctis, y que después llamó la atención del primer mandatario de ese momento,
José Luis Gioja, quien pidió “ir hasta el hueso”.

El Gobierno de San Juan, encabezado por José Luis Gioja, radicó la denuncia el 28 de octubre de 2010 ante a Fiscalía de Instrucción Nº1 por la Secretaría General de la Gobernación, luego de haber realizado un sumario administrativo para entender por qué la provincia había gastado cifras millonarias por expropiaciones.

En el juicio fueron citados 60 testigos, los imputados fueron 13, hubo 43 cuerpos de expediente, más 60 cuerpos de documentación. Trabajaron 52 personas del Poder Judicial.

Los acusados

Santiago Graffigna: líder de la asociación ilícita.
Horacio Alday: exsocio de Graffigna, partícipe una asociación ilícita.
Carlos Macchi: exjuez del Quinto juzgado Civil, destituido dentro del proceso de investigación, también implicado como miembro de una asociación ilícita.
Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos: peritos que actuaron para Graffigna.
Ana María Melvin: perito que sedesempeñaba en Fiscalía de Estado ydebía defender los intereses de la provincia.
Mario Díaz: exfiscal de Estado.
Néstor Adán Ruiz: exempleado dela Dirección de Recursos Energéticos.
Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera: exintegrantes del Tribunal de Tasaciones.

Dentro de la lista de procesados figuraban el perito Joaquín Francisco Fernández, y la exjueza del Primer juzgado Civil, Rosalba Marún, pero
ambos fallecieron.