Narcotest a funcionarios: el debate ya no pasa solo por cómo llegan al cargo, sino por cómo lo ejercen

Cada vez más provincias argentinas empiezan a exigir controles toxicológicos a funcionarios públicos, una medida que busca reforzar la transparencia dentro del Estado, pero que al mismo tiempo abrió una discusión mucho más amplia: ¿qué significa realmente ser un funcionario idóneo?

La iniciativa ya se puso en marcha o está en estudio en Neuquén, Córdoba, Misiones, Salta, San Luis y Santa Fe, donde los gobiernos avanzan con proyectos para realizar narcotest a quienes ocupan cargos públicos. La idea es que la evaluación de un funcionario no quede limitada al momento en que asume, sino que también abarque su desempeño durante toda la gestión.

Para Rosario Sacomani, coordinadora académica de la Maestría en Administración Pública de la UBA, la palabra “idoneidad” suele simplificarse demasiado.

La especialista explica que cada función dentro del Estado exige capacidades distintas. No es lo mismo reunir las condiciones para ser diputado nacional que ocupar un lugar en la Corte Suprema o conducir un ministerio.

En ese sentido, sostiene que pensar la idoneidad únicamente como un requisito de ingreso es un error. “Es como sacar una foto al comienzo de una obra de teatro y creer que esa imagen representa toda la función”, graficó ante el portal El Auditor.

Según Sacomani, quien llega a un cargo también debe demostrar con el tiempo que mantiene las capacidades, conocimientos y aptitudes que justificaron su designación.

La experta también destaca que hoy un funcionario no solo debe conocer su área de trabajo, sino que además tiene que mostrar resultados, rendir cuentas y actuar con responsabilidad frente a la sociedad.

A eso se suma otro desafío: la capacidad política. Para Sacomani, gestionar implica negociar, construir consensos y entender cuáles son los límites y las posibilidades reales para llevar adelante políticas públicas.

En otras palabras, un funcionario eficiente no solo necesita preparación técnica, sino también liderazgo y habilidad para coordinar acciones con distintos sectores del Estado.

En ese contexto aparecen los narcotest como una herramienta de control durante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la medida también despierta interrogantes sobre hasta dónde puede avanzar el Estado en la vida privada de quienes ocupan cargos públicos.

Sacomani reconoce que existe una tensión evidente entre la necesidad de garantizar transparencia y el respeto por los derechos individuales.

Desde su punto de vista, hay argumentos que respaldan estos controles, especialmente porque los funcionarios toman decisiones que involucran recursos públicos y tienen responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.

Si una persona desempeña un cargo de semejante importancia, razona la especialista, resulta lógico exigir que lo haga en plenas condiciones físicas y mentales.

De todas formas, Sacomani advierte que la discusión no debería centrarse únicamente en si corresponde o no hacer un narcotest. La verdadera pregunta, afirma, es para qué se implementa.

Si la política se limita a detectar consumos y aplicar sanciones, corre el riesgo de transformarse en una herramienta meramente punitiva. En cambio, considera que debería contemplar mecanismos de asistencia para quienes atraviesen problemas de consumo, de modo que el objetivo sea mejorar la calidad de la gestión pública y no solo castigar.

La provincia de Neuquén fue una de las primeras en poner en marcha este sistema tras reglamentar la Ley Provincial 3531, que obliga a realizar exámenes toxicológicos a funcionarios de máxima jerarquía.

Desde el Ministerio de Salud neuquino sostienen que la medida busca fortalecer la integridad institucional y garantizar que quienes ocupan cargos de conducción no tengan vínculos con el narcotráfico ni con actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Aclaran además que el narcotest no es un requisito para ingresar al Estado, sino una condición para permanecer en funciones jerárquicas.

En caso de que un análisis arroje resultado positivo, el funcionario no es expulsado automáticamente de la administración pública. Lo que prevé la normativa es el apartamiento del cargo de conducción y el regreso a su categoría laboral original.

El procedimiento también contempla garantías para los funcionarios sometidos al control. Si un test rápido da positivo, inmediatamente se realiza un estudio confirmatorio y la persona tiene derecho a solicitar una contraprueba dentro de las siguientes 24 horas en otro establecimiento sanitario.

Además, el sistema incorpora un mecanismo de trazabilidad digital de las historias clínicas para asegurar que toda la información médica permanezca protegido