El canciller Gerardo Werthein denunció este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el asedio del régimen de Nicolás Maduro a la embajada argentina en Caracas y exigió a Venezuela que otorgue los permisos oficiales que garanticen la salida de los seis dirigentes opositores que están asilados en la sede diplomática.
“Exigimos los salvoconductos para que puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones”, dijo Werthein al presentar ante el organismo una propuesta de declaración sobre el tema.
“Los derechos humanos no admiten dobles varas. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales. La legitimidad de esta Organización y la confianza de los pueblos en el sistema interamericano dependen de la coherencia de nuestras acciones”, agregó en una velada referencia a Brasil, México y Colombia, que no acompañaron la declaración.
El canciller pensaba viajar en persona a Washington para la sesión del Consejo Permanente, pero, según dijo, no pudo volar por cuestiones climáticas y pronunció su discurso en forma virtual desde Buenos Aires.
La reunión había sido solicitada por la embajadora ante el organismo, Sonia Cavallo para incrementar la ofensiva internacional para resolver el conflicto con los asilados, que viven desde hace meses una dramática situación en la capital venezolana, encerrados en la sede diplomática argentina sin electricidad y sin luz, y con riesgo permanente de ser asaltados por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro.
La declaración contó con el apoyo de los gobiernos que habitualmente critican al régimen de Maduro y sus violaciones a los derechos humanos como Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Canadá, Surinam y Guatemala.
“El gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento inaceptables. Los asilados están sometidos a cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática. Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante el derecho internacional, especialmente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático”, dijo Werthein.
“Este Consejo tiene la oportunidad de actuar con firmeza y determinación”, pidió el canciller. “No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada ni que los asilados sean sometidos a una estrategia de desgaste físico y psicológico. Aceptar esta situación nos convertiría en cómplices de la arbitrariedad y abriría la puerta a que esta práctica se repita en cualquier otra misión diplomática de los Estados aquí representados”, agregó.
“Reafirmamos la necesidad de garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de respetar plenamente el derecho de asilo diplomático, principios esenciales para la estabilidad y el respeto al derecho internacional”, señaló.
El representante brasileño señaló que la embajada ahora está bajo protección de Brasil, como le fue solicitado tras la salida de los diplomáticos argentinos. Afirmó además que su gobierno “viene actuando para que se otorguen los salvoconductos” y que es un tema que se conversa en las reuniones entre autoridades brasileñas y venezolanas. Señaló también que manifestaciones “informales” del gobierno venezolano han dicho que “la inviolabilidad del inmueble será preservada”.
El gobierno de Javier Milei redobló su ofensiva diplomática estos días. El sábado la Cancillería le exigió a Maduro la “inmediata” entrega de los salvoconductos. Además, reiteró pedidos a las Naciones Unidas y a la OEA para que tomen «medidas firmes y urgentes». Antes el Gobierno había denunciado la situación de los asilados en la embajada ante la Corte Penal Internacional.
Desde marzo, la embajada alberga a los seis opositores que enfrentan acusaciones fraudulentas de conspiración y traición a la patria. La Cancillería exigió a la dictadura venezolana que conceda el asilo legal a los refugiados políticos y que se les permita salir del país sin ser arrestados, pero Maduro se niega a cumplir, violando los tratados internacionales.
La embajada está desde agosto bajo la protección de Brasil -luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos-, aunque en septiembre Maduro revocó esta autorización por una supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.
Los asilados denuncian que en los últimos días el asedio policial se ha intensificado en las afueras de la sede diplomática, que tienen las «mínimas reservas de agua» potable y que ha habido «restricciones y algunos incidentes» con respecto al acceso a la comida.
