La puja entre el Gobierno y los municipios por la presión fiscal sumó un nuevo capítulo. El Banco Nación consiguió un fallo judicial favorable, que suspendió el aumento de la tasa de Seguridad e Higiene sobre la actividad financiera en La Plata, y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo celebró en redes sociales con un reposteo y aplausos.
A partir de este año, el municipio platense gobernado por Julio Alak, que fue ministro de Justicia durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, dispuso un aumento de la tasa de Seguridad e Higiene sobre la actividad financiera, que pasó del 5% al 7,5%. Esto provocó que La Plata encabezara el ránking de presión impositiva entre todos los lugares donde tiene sus 800 sucursales el Banco Nación.
En septiembre, la entidad bancaria presentó ante la Justicia una medida cautelar para buscar atenuar el impacto del aumento de la tasa de Seguridad e Higiene. Tal cual informó el Banco Nación en un comunicado oficial, el Juzgado Federal de La Plata N° 4, a cargo del juez Osvaldo Racondo, hizo lugar a la medida y dejó sin efecto el incremento del tributo “cuya irrazonabilidad y desproporción provocarían perjuicios irreparables al Banco”.
LA NACION se contactó con los representantes de la municipalidad de La Plata, quienes aún no se han expresado sobre el fallo judicial en desmedro del aumento de la tasa de Seguridad e Higiene sobre la actividad financiera.
Según expuso el Banco Nación, durante el primer semestre abonó más de $5.500 millones. Es decir, una cifra que equivale a los salarios que paga en todas sus sucursales de La Plata. “Los impuestos locales son un gravamen sobre los créditos, inclusive sobre los hipotecarios para la vivienda, y en algunas jurisdicciones impiden la actividad y ponen en riesgo nuestra presencia. Es un avance que la Justicia haga lugar a nuestros planteos”, destacó el presidente de la entidad, Daniel Tillard.
De esta manera, el Banco Nación ya actúa como uno de los brazos ejecutores del Gobierno en medio de su disputa con los municipios y las provincias por la presión fiscal que imponen. Hace dos semanas, el banco anunció que cerraría su sucursal de Ramos Mejía, en La Matanza, también por razones similares. Si bien no llega al mismo nivel que los pagos en La Plata, la entidad informó que por tasa de servicios, debió pagarle $3500 millones a la intendencia liderada por Fernando Espinoza entre enero y agosto.
Fuentes de la entidad financiera informaron que aún no cerró dicha sucursal porque se encuentra en proceso de migración de cuentas, aunque de no mediar cambios, el Banco Nación bajará la persiana en Ramos Mejía.
Pero estos no son los únicos casos sobre disputas del Banco Nación con otros municipios o provincias. La entidad ya tomó varias decisiones similares que, hasta el momento, tampoco terminaron con el cierre de sus sedes. La primera de ellas estuvo vinculada a sus sedes en La Pampa por los impuestos provinciales. En aquella oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó la decisión del Nación en redes sociales: “Está perfecto!” (Sic). Finalmente, narraron representantes del banco, la provincia dio marcha atrás y las sucursales no llegaron a cerrarse. Una situación parecida ocurrió en un municipio de la ciudad de Goya, Misiones, y en General Deheza, en Córdoba, donde intervino la Justicia.