SANTA FE.- El futuro de grupo agroexportador Vicentin, en proceso concursal desde hace cuatro años, comenzó a resolverse. Sin embargo, las expectativas sobre el resultado de la audiencia convocada para hoy por el juez que entiende en la causa, no tiene la cuestión de fondo resuelta.
Tras varias horas de escuchar a las partes, representantes de la firma, de los acreedores y trabajadores, el juez Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo de la causa, dispuso el fin de la labor de interventores Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg. La decisión se basó en que permitieron que el concurso funcionara con normalidad.
La medida no recibió ninguna objeción ni comentario adverso, ya que las partes estuvieron conformes con el trabajo de los interventores, que desemboca ahora en una decisión definitiva sobre el futuro de la firma en cuestión.
No obstante, la homologación del concurso, que era lo que aguardaban las partes, no fue anunciada. “Es que para que esté firme la homologación sí o sí se deben levantar las cautelares que se tramitan en la justicia penal de Rosario”, aclaró a LA NACION un vocero de Vicentín. En fuentes judiciales se informó que el juez Lorenzini libró los oficios correspondientes.
Ante la consulta, se explicó que más allá del cese de la labor de los interventores, durante la audiencia, a la que asistieron alrededor de 50 personas, la empresa realizó una extensa presentación sobre lo hecho hasta hoy, mientras se recibieron algunas consultas de los gremios sobre el futuro de las empresas. A ellos –dijo la fuente- se les dijo que “los trabajadores son parte de la solución” del problema que se generó a fines de 2019. También “se respondieron consultas efectuadas por los inversiones estratégicos”, se indicó.
“No hubo definición a futuro ni de tiempos judiciales, ni de las cautelares que están hoy en sede penal ni tampoco una nueva apertura de quejas. Todo se desarrolló en un clima de normalidad”, aseguró un vocero de la firma consultado por este diario.
Del encuentro también participaron representantes de los bancos acreedores, entre ellos el principal, el Banco Nación, y representantes de los denominados inversores estratégicos.
“Todo transcurrió con normalidad. Y cuando el juez Lorenzini anunció que cesaba la intervención explicó que entiende que el concurso funciona con normalidad”, agregó el vocero a este diario.
No obstante, insistió en precisar que “no hubo ninguna definición adicional”, por lo que si bien se acotaron los caminos, Vicentin tiene aún por delante una definición a largo plazo.
Mientras tanto, en los tribunales de Rosario sigue la causa penal por defraudación y estafas iniciada tras el default, en la que se acusa a los accionistas y directivos por asociación ilícita. El tribunal que sigue ese proceso pidió varias veces a Lorenzini y a la Cámara que se abstuvieran de avanzar en la homologación del acuerdo.
Como se informó, Vicentin tiene 1600 acreedores. El principal es el Banco Nación, con US$300 millones por cobrar.
El acuerdo implica el pago inmediato de hasta U$S 30.000 a cada acreedor (con lo que la mitad cobraría toda su acreencia), junto con otro desembolso de US$134 millones a prorratear entre todos los acreedores. Al año, pagaría US$127 millones y recién 12 años después abonaría, con condiciones, US$165 millones.
Debe recordarse que al aceptar el acuerdo, la Cámara de Apelaciones dijo que entendía que los acreedores perdían, pero que eso era mejor que cerrar la empresa.
