Una fuerte disputa se generó este martes entre el Gobierno Nacional y el de Santa Fe por la construcción de un puente que cruza el río Salado y enlaza a la capital de esa provincia con la ciudad de Santo Tomé.
Es que Vialidad Nacional intimó a las autoridades locales a cesar de inmediato con los trabajos sobre la estructura, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan, al considerar que se llevaron a cabo en la zona tareas sin la debida autorización y que no se presentó la documentación oportunamente requerida.
Desde la administración santafesina no solo advirtieron que las obras no se detendrán, sino que también dejaron un duro mensaje para el Gobierno Nacional.
“Ya que no colabora ni con el valor de un tornillo, veríamos con agrado que en vez de amenazar con parar una obra provincial que les resuelve una congestión nacional, tengan a bien colaborar y no poner palos en la rueda”, afirmó Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia.
Se trata de una obra iniciada el 13 de marzo, tras la firma del convenio entre Vialidad Nacional y Provincial del pasado 22 de noviembre. El acuerdo estableció que Santa Fe se haría cargo de la ejecución y financiamiento de la obra y brindaría información de su avance.
Vialidad Nacional indicó que “no recibió respuesta alguna” de parte del Gobierno de Santa Fe y que tampoco fueron designados “los representantes de la Dirección Provincial de Vialidad necesarios para completar los cuadros técnicos que permitan la adecuada interacción entre ambas reparticiones en la supervisión, el proyecto y la evaluación ambiental de esta obra de gran importancia”.
El organismo responsable de la planificación de trazados, obras y operaciones en la Red Troncal Nacional, que está bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, señaló que en tres notas distintas, enviadas a Santa Fe entre octubre de 2024 y marzo de 2025, exigió “la designación de funcionarios especializados en áreas técnicas vinculadas a la obra, como hidráulica, estructuras mayores, planificación urbana, seguridad e higiene y seguridad vial, en representación de la Dirección Provincial de Vialidad, para garantizar la coordinación entre ambas reparticiones”.
Además, detalló otros aspectos y contenidos mínimos a incluir en la documentación requerida, como datos sobre seguridad vial, tránsito, nivel de servicio y capacidad; un informe hidrológico e hidráulico con los criterios adoptados, alcance, impacto en las estructuras existentes (puente Carretero actual y defensas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé), y medidas de mitigación contempladas en la obra; y autorizaciones, conformidades e informes técnicos de las reparticiones municipales y provinciales afectadas por la obra, entre otras.
Desde el Gobierno santafesino argumentaron que el puente es de jurisdicción provincial y aseguraron que “continuarán con la construcción a pesar de la pretensión del Gobierno Nacional de paralizar la obra”, que es “demandada desde hace muchos años debido al deterioro sufrido por el actual viaducto, cuya puesta en funcionamiento data del año 1939”.
“Ante el Comunicado del Gobierno Nacional que pretendería paralizar la obra de la construcción del Nuevo Puente Provincial Carretero, queremos informarles desde el Gobierno de Santa Fe que la obra que se inició el 13 de marzo va a seguir tal cual fue planificada”, afirmó Enrico en la red social X.
Además, precisó que “cuando el grado de avance de la obra amerite solicitar permiso de uso de algún espacio nacional, se tramitará la correspondiente solicitud de permiso” y sostuvo que la información sobre el avance y los detalles de los trabajos “se viene brindando conforme se avanza con la obra y se presenta la documentación”.
“Santa Fe ya resolvió sola un problema de comunicación interprovincial con la provincia de Entre Ríos cuando se realizó el Túnel Subfluvial, a pesar de la oposición del Gobierno Nacional. Ese túnel se construyó sin afectar jurisdicción nacional y el tiempo habla por sí solo”, subrayó el funcionario.
El nuevo puente tendrá una longitud de 1.324 metros, con un ancho de calzada para tránsito vehicular, de 8.30 metros, y para bicisenda de 1.50 metros, y otro tanto para la vereda para peatones. Las obras cuentan con un presupuesto de $ 39.811 millones y un plazo de ejecución de 24 meses.
