Si se mira la cuestión de cerca, el Gobierno consiguió una gran victoria este miércoles. Con un bloque muy pequeño y aliados que habían arrancado el camino dudando, logró reunir el tercio de diputados necesario para sostener el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Para reforzar esa mirada, podría agregarse que esa victoria le permitió al Presidente levantar más alto su estandarte de campeón del equilibrio fiscal, algo que siempre celebran quienes participan en la compra y venta de acciones y títulos en los mercados financieros.
Alejándose un poco de lo que ocurrió en el día se puede ver que algo muy parecido sucedió hace menos de un mes, porque este es el segundo veto que consigue sostener Milei, luego de la votación en Diputados sobre la fórmula de aumentos para jubilados y pensionados.
En esa escala, el Gobierno todavía puede seguir festejando, porque consiguió enhebrar un triunfo del Poder Ejecutivo sobre el Congreso detrás de otro. Sin embargo, allí aparece también la primera alarma. ¿Este comportamiento se convertirá en un patrón? ¿Milei piensa seguir gobernando con vetos a leyes votadas por el Poder Legislativo? Además: si es un patrón ¿el Presidente piensa vetar todas las leyes que proponga la oposición o sólo las que impliquen un mayor gasto público o un reacomodamiento de las partidas presupuestarias?
Por lo que se vio hasta ahora, Milei usó las dos posibilidades que le ofrece la Constitución para modelar las leyes: los decretos y los vetos.
Una explicación para esa decisión es que lo hizo porque no tiene otra. Según esa idea, un Gobierno en una minoría parlamentaria tan agravada como la que sufre La Libertad Avanza no puede impulsar exitosamente sus propias leyes.
Pero también se puede decir que el Gobierno sí consiguió que el Congreso le apruebe la Ley Bases, una de las reformas -por diversidad de temas, alcance y complejidad- más abarcativas de la historia reciente. Tan grande fue esa ley que el Poder Ejecutivo lleva meses dejando gotear reglamentaciones de artículos para poner en funcionamiento sus partes.
Alejándose otro poco más del foco de atención aparecen más problemas.
Uno es político. El Gobierno consiguió aliados para que lo apoyen en dos vetos muy antipáticos, que fueron en contra de los intereses de los jubilados primero y de las universidades públicas después. El segundo, incluso, según admiten los aliados macristas del Gobierno, era irrelevante si se lo considera en términos presupuestarios. Por eso, la duda es hasta cuándo Milei conseguirá arrastrar aliados que votan en contra de sus propios intereses electorales. Salvo que el macrismo crea que su única salida política es una alianza con el oficialismo, el año que viene las elecciones se encargarán de hacer crujir esos acuerdos.
El otro problema es institucional. Gobernar mediante vetos y decretos es convertir en habituales herramientas que la propia Constitución considera como completamente excepcionales. Para decirlo de otro modo, el sistema jurídico argentino está diseñado para evitar que un Presidente se arrogue esa clase de beneficios, y convalidar que un Gobierno actúe así es permitir actuaciones similares en el futuro.