WASHINGTON.- La Corte Suprema permitió el lunes a la administración del presidente Donald Trump retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación.
La orden de la corte, con solo un disenso registrado, suspende un fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, el cual de otro modo habría expirado el mes pasado. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.
El programa TPS es una designación humanitaria para países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes, que ofrece a los beneficiarios que viven en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo. Puede ser renovado por la secretaria de Seguridad Nacional.
El gobierno estadounidense del demócrata Biden designó dos veces a Venezuela para el TPS, en 2021 y 2023. En enero, días antes de que Trump volviera al poder, anunció una prórroga de los programas hasta 2026.
El tribunal accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la orden del juez de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, que había paralizado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección contra la deportación conferida a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal.
La acción se enmarca en una demanda presentada por algunos de los beneficiarios del TPS y el grupo de defensa National TPS Alliance, que dijeron que Venezuela sigue siendo un país inseguro.
El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración de Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permita terminar el permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.
El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales sobre los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.
La administración se ha movido agresivamente para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo el fin del estatus de protección temporal para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Ese estatus se concede en incrementos de 18 meses.
Las protecciones iban a expirar el 7 de abril, pero el juez Edward Chen ordenó una pausa. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas, las expondría a la deportación a un país inseguro y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente.
“La generalización de la criminalidad a la población venezolana con TPS en su conjunto carece de fundamento y huele a racismo basado en falsos estereotipos generalizados”, escribió Chen, añadiendo que los titulares de TPS venezolanos tenían más probabilidades de ser licenciados que los estadounidenses y menos probabilidades de cometer delitos que la población estadounidense en general.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere indebidamente con el poder de la administración sobre la inmigración y los asuntos exteriores.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron en su presentación ante la Corte Suprema que Chen había “arrebatado el control de la política de inmigración de la nación” a la rama ejecutiva del gobierno.
“La orden del tribunal contraviene las prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la política de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, de ritmo rápido y discrecional”, escribieron.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la “decisión de terminar el TPS no equivale a una orden de deportación final”.
El Departamento de Estado actualmente advierte contra los viajes a Venezuela ”debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestro, la aplicación arbitraria de las leyes locales, el crimen, los disturbios civiles, la mala infraestructura de salud“.
El gobierno de Trump también puso fin en abril al TPS para miles de afganos y cameruneses en Estados Unidos. Esas acciones no forman parte del caso actual.
El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir de deportación a personas de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
Agencias AP y Reuters