Para la agencia de evaluación crediticia Moody’s, el entorno que enfrentan las empresas de distintos sectores en la Argentina sigue siendo complicado pese a que el país ya experimenta “una recuperación económica gradual”.
Sostiene, en un informe sobre la calidad crediticia conocido hoy, que los riesgos macroeconómicos a los que están sometidas “siguen siendo graves”, aunque la inflación esté disminuyendo y ciertos “cambios regulatorios” en marcha van a favorecer a las empresas de energía, servicios públicos y de petróleo y gas.
En ese camino, los gobiernos municipales y provinciales que evalúa, por calificar los papeles de deuda que tienen emitidos, “comenzarán a recuperarse” recién hacia fines de 2025.
Desde la calificadora observan que “una relajación gradual de los controles de capital bajo la presidencia de Javier Milei le permite a las grandes empresas no financieras fortalecer su liquidez a través de la gestión de pasivos en los mercados internacionales de bonos”. Pero señala que de esos beneficios están excluidas las pequeñas empresas a las que vaticina que les resultará “más difícil volver a los mercados internacionales de capitales en 2025″, junto con los gobiernos locales, regionales y el propio soberano.
En este sentido, destaca que “los vencimientos de la deuda internacional supondrán una mayor carga para los gobiernos locales y regionales a medida que comiencen a amortizarse los bonos reestructurados, y la deuda en moneda extranjera se mantenga como un riesgo para la mayoría de ellos”.
El diagnóstico que realizan es consistente con el vaticinio de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,1% para el presente año, tres décimas por encima de la contracción promedio que proyecta el resto del mercado, según el último REM del Banco Central (BCRA). También con el rebote de apenas 3% que esperan para 2025, cinco décimas por debajo del promedio del resto de los analistas.
La cifra proyectada para este año contempla una disminución drástica de la demanda interna (que, en muchos casos, no halló aún “piso”), algo que contrasta con la recuperación cíclica que se registra en la producción agrícola y las exportaciones.
El informe explica que el ajuste fiscal de la administración Milei se basa en extensos recortes de gastos, especialmente en “inversión pública y transferencias discrecionales a empresas estatales y provincias, subsidios al agua, transporte y energía, salarios públicos y gasto social”, indica el informe.
Y detalla que los superávits fiscales conseguidos hasta aquí le permitieron al Gobierno dejar de monetizar el déficit, lo que ha frenado la inflación desde enero de 2024.
Claro que la contracara es que la reducción del gasto público “enfrío la demanda interna”, insiste.
Además, mantiene su duda sobre la capacidad del BCRA para recomponer reservas. “El crecimiento visto de las reservas desde sus mínimos de diciembre de 2023 probablemente se desacelere en 2024-25″, sostiene
Para Moody’s, algunas beneficiarias del modelo serán las compañías de petróleo y gas del país, que podrán sacar provecho de la “reciente desregulación de los precios de los combustibles y los cambios de políticas”.
Aun así, en el caso de Pan American Energy y la petrolera YPF -dos de sus calificadas-, advierte que pueden afrontar “riesgos elevados en 2024-2025 producto de las débiles condiciones macroeconómicas, la desaceleración de la demanda local de energía, las altas necesidades de gastos de capital y la volatilidad de los precios de las commodities”.
Considera que pueden sortear ese entorno porque son empresas con “modelos de negocio integrados, grandes participaciones de mercado, acceso al capital y sólida liquidez”.
También pueden beneficiarse de los recientes cambios de políticas en el sector, incluyendo los incentivos para grandes inversiones y la desregulación de los precios de los combustibles.
El informe reconoce que se abrieron cambios que irán incluso evolucionando en marco regulatorio para la energía y los servicios públicos. “Por ello, muchas empresas eléctricas han completado inversiones iniciales para aumentar la capacidad y han comenzado a pagar la deuda adquirida para financiar dichas inversiones”, describe.
Allí, reconoce que los recientes ajustes tarifarios mejorarán significativamente “los márgenes operativos de las empresas reguladas de servicios públicos”, un segmento cuyos beneficios y generación de efectivo se habían erosionado. “Sin embargo, un marco regulatorio históricamente volátil y la intervención política hacen que los cambios inesperados sean un riesgo persistente para el sector eléctrico”.
Por último para los operadores aeroportuarios como AA2000, reconoce que las difíciles condiciones operativas y las políticas cambiantes no han tenido un gran efecto en las condiciones crediticias de esas empresas, pero juzga una amenaza al conflicto abierto ante la oposición de “los sindicatos de la aviación” a los planes del presidente Milei de desregular las operaciones aeronáuticas.
LA NACION