CÓRDOBA.- En los últimos días se profundizaron los reclamos de productores e incluso de gobernadores por las retenciones. Es que la baja internacional del precio de la soja, los problemas de rentabilidad se acrecientan. El peso del impuesto marca diferencias con la región. Entre 2002 y 2023 un productor de Brasil recibió en promedio unos US$148 más por cada tonelada de soja que uno de Argentina (40% más) y el año esa brecha se movió entre 35% y 40% en favor de los vecinos.
Los datos surgen de un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea que agrega que “recuperar la competitividad de un sector complicado por precios a la baja y una moneda fuerte requiere avanzar en la eliminación de los DEX y continuar con todas aquellas reformas que permitan incrementar la productividad y alinear precios internos de insumos y bienes de capital con sus valores de referencia internacional”.
El economista Franco Artuso repasa que el precio de la soja en los mercados internacionales viene en retroceso luego de los picos alcanzados a mediados de 2022; en diciembre en el mercado de Chicago promedió US$361 la tonelada. En dólares constantes, ajustando por inflación de Estados Unidos, está 27% por debajo de la media 2002 – 2023 (US$491). Hay que ir hasta fines del 2006 para encontrar valores más bajos.
En el mercado local cotizó a $301.000 por tonelada en diciembre (precio FAS Rosario), con lo que el poder adquisitivo de la soja cae desde mediados de 2023 y está casi 30% por debajo de la media del período 2002 – 2023 ($ 430.000). Entre estos años, sólo estuvo por debajo de los valores actuales en algunos meses de 2015 y 2017.
Artuso advierte que, en esta campaña, la mayor apuesta es al clima para que los rindes sean lo suficientemente altos para compensar los menores precios y también por el control de los costos, “al menos de aquellos que la empresa agrícola puede y debe gestionar”.
Brasil nunca aplicó retenciones -una “rara avis en el mundo”, dice el economista- y en la última década se convirtió en el líder mundial de la producción y exportación de la oleaginosa. Señala que el precio en ese país se asemeja, “en gran medida, al internacional a lo largo de todo el período; mientras que el de Argentina sigue la dinámica siempre un escalón por debajo por efecto de las retenciones”.
A dólares de hoy, entre 2002 y 2023 un productor de Brasil recibió en promedio US$148 más por cada tonelada de soja que produjo y comercializó, respecto de un productor de Argentina, 40% más. El año pasado, con precios internacionales en mínimos históricos, la soja se pagó en promedio 35% a 40% más en Brasil que en la Argentina, una diferencia de entre US$100 y US$115 por tonelada.
“Influyen no solo las retenciones sino también la política cambiaria de cada país -analiza-. Por caso, en algunos meses del 2023 los desvíos entre el precio del dólar reconocido en las exportaciones del complejo oleaginoso y el dólar pagado al resto de operaciones comerciales en la Argentina lograron acercar el precio interno (medido en dólares) a los valores de referencia internacional, incluso en un escenario con retenciones”.
El régimen cambiario actual de crawling peg, con depreciaciones mensuales preestablecidas (aumentos del 2% mensual del tipo de cambio nominal), de “muy buen resultado en el proceso de estabilización macroeconómica, hasta tanto se mantenga, elimina la posibilidad de una devaluación, es decir, de una corrección cambiaria que apunte a mejorar rápidamente la ecuación económica del sector exportador”.
Respecto de los mecanismos de ajuste, apunta que la experiencia histórica muestra que una devaluación genera efectos muy positivos para el exportador en el corto plazo; pero rápidamente los precios internos responden al nuevo valor de la divisa e inhiben el cambio inicial de precios relativos, “con lo que queda solo el riesgo de una escalada inflacionaria”.
Para Artuso la alternativa “correcta y sostenible” para recuperar la competitividad de un sector complicado por precios a la baja y moneda fuerte es “avanzar en la eliminación” de las retenciones y en todas aquellas “reformas que permitan incrementar la productividad y alinear precios internos de insumos y bienes de capital con sus valores de referencia internacional”.
