SANTA FE.- Siguen los problemas para Vicentin. Las plantas que la aceitera posee en esta provincia están paralizadas desde el viernes pasado.
La medida de fuerza fue anunciada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea), luego que la empresa no abonara la primera cuota de la gratificación acordada (bono especial pactado el año pasado).
Pero mientras el gremio advirtió que “no tolerará que falte un peso en el bolsillo de los trabajadores”, desde la firma, más allá de reconocer que se enfrentan a dificultades para reunir los fondos comprometidos, se sostiene que “lo ajustada que está la situación y el efecto sobre la caja que produjo la demora de la homologación (del acuerdo preventivo de crisis que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de esta provincia), reflejan estas consecuencias”.
Según reconoció a LA NACION un allegado a la firma, a los trabajadores “se les pedía paciencia y acompañamiento, pero ya lanzaron un paro. Hay que tener en cuenta la demora que existe en la resolución del acuerdo y las trabas que se impusieron, lo cual determinan que la situación se prolongue. La realidad, hoy por hoy es esta”, subrayó.
Desde Vicentin se menciona que la medida de los trabajadores refleja que “la paciencia y el entendimiento es nulo” porque “la verdad es que los trabajadores cobraron todos los aumentos resueltos en paritarias. Sin embargo, en la primera situación conflictiva, no acompañan sino que paran la planta”, se lamentó el vocero consultado por este diario.
No obstante, la falta de cumplimiento por parte de la empresa encendió la alarma en los trabajadores, quienes decidieron interrumpir actividades hasta que se regularice la situación. Desde Soea, además, remarcaron que “esta lucha no es solo por el dinero adeudado, sino por el respeto a los acuerdos pactados y los derechos laborales”.
Ayer, la firma Vicentin explicó que “la situación de incertidumbre en la que venimos operando en las últimas semanas requiere la máxima prudencia y responsabilidad de todos los involucrados. Necesitamos imperiosamente continuar trabajando para poder cumplir con los compromisos diarios. Actualmente tenemos contratos de fazón a cumplir que proveerán los recursos para cancelar la obligación impaga, pero no podemos dar precisión de fecha ya que, como hemos expresado recurrentemente, dependemos del funcionamiento para poder facturar y cobrar los servicios”, destacó la agroexportadora.
Y añadió: “En los próximos días esperamos lograr aunar esfuerzos con los sindicatos para encontrar juntos la mejor salida para superar esta situación. Solo la homologación firme del acuerdo concursal eliminará esta incertidumbre, Cualquier otra alternativa atenta contra la continuidad de la actividad”, insistió.
Pero el futuro de Vicentin sigue siendo un complicado esquema de posibilidades. Desde que se confirmó que el grupo inversor Cima adquirió la deuda que la agroexportadora mantenía con bancos internacionales por unos US$447 millones la atención está puesta en la Corte Suprema de Justicia de esta provincia, que tiene que resolver –después de la feria judicial de enero- si acepta o rechaza la homologación del acuerdo de la agroexportadora con sus acreedores.
Lo que trascendió es que el juez Rafael Gutiérrez –hasta el año pasado presidente de la Corte-anticipó una resolución para inicios de 2025, al considerar la importancia de preservar los empleos en la agroexportadora.
Pero Gutiérrez agregó otra ficha al cúmulo de especulaciones al asegurar en declaraciones televisivas que su “voto ya está” y que “ahora tiene que circular entre los demás ministros (Spuler, Falistocco, Erbetta y Gastaldi)”, comentó.
Consultado sobre los intereses en juego, Gutiérrez negó preocupación por posibles lobbies y destacó la importancia de preservar las fuentes de empleo vinculadas a Vicentin. “Lo que me interesa es que la empresa siga funcionando porque hay mucha gente que necesita trabajar allí”, añadió.