Un inaceptable caso de censura judicial

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó en duros términos el fallo de la jueza Lucila Córdoba que, a solicitud de la abogada Elba Marcovecchio y en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista internado en la clínica Santa Catalina, dispuso un bozal a la libertad de expresión y prohibió a los medios difundir «toda información» que involucre a Jorge Lanata.

«Adepa rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe ‘la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre’ al periodista Jorge Lanata y a su esposa», afirma parte del comunicado de la entidad periodística.

«Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado«, añaden desde Adepa.

Por otro lado, la entidad periodística citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película ‘La Última Tentación de Cristo‘ contra Chile».

«El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación», remarcaron en Adepa.

Y concluyeron: «La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público«.

Un rato antes que Adepa se había expresó Silvana Giudici, diputada nacional del PRO y vocal en la comisión permanente de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

«Excesiva la medida legal en la causa Lanata. ‘Limitar el derecho de información’ sobre hechos vinculados al periodista implicaría censura previa. Por lo demás, que tristeza que esto suceda aparentemente dentro de un proceso para declarar insanía o incapacidad pedido por familiares», señaló Gudici.

Y añadió: «La información sobre Jorge Lanata como figura pública, sin vulnerar su privacidad, será imposible de limitar».

El conflicto se desató cuando Bárbara y Lola Lanata, las hijas de Jorge Lanata (64), presentaron una denuncia contra Elba Marcovecchio, esposa del reconocido periodista y conductor. Las hijas de Lanata aseguran que la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre.

Además, sostienen que la abogada y panelista televisiva mantiene con ellas una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno. Y también detallan gastos considerables en tarjeta de crédito, como «dos millones de pesos en una joyería».

Antes del polémico fallo judicial, este viernes se filtraron audios de la abogada criticando a las hijas del periodista. «Sara (Stewart Brown) postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa… entendés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las cagaría a trompadas por berretas, por conventillo», se escucha en uno de los audios.

Marcovecchio continúa: «Yo no soy partícipe de ese conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar. Todo este chusmerío ya tiene ocho días».

Y advierte: «Se va a armar un quilombo de la puta madre, en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo».