SANTA FE.- Aunque sigue la incertidumbre por la definición del futuro de la agroexportadora Vicentin, en las últimas horas se abrieron canales de diálogo entre las partes tratando de encontrar una salida a la complicada situación judicial, económica y financiera que enfrenta la empresa.
Uno de esos caminos es que la firma reconozca que tiene granos para procesar a fasón en las plantas de Avellaneda y Ricardone, que le permitiría afrontar el pago de los salarios del mes pasado, según dijeron.
“Si eso no se concreta, no habrá homologación (judicial, al concurso de acreedores que frenó la Corte Suprema de Justicia y que ahora se encuentra en la Cámara de Apelaciones de Rafaela) ni tampoco crawndown”, explicó a LA NACION el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo.
“En otras palabras: Vicentin no se salva con las plantas cerradas”, resaltó el ministro de Trabajo santafecino quien pidió “la máxima responsabilidad a todos los actores” que intervienen en el conflicto. El viernes pasado, vale recordar, la firma paralizó la producción industrial.
Báscolo, que participó de una reunión vía zoom con el juez Fabián Lorenzini, que entiende desde el comienzo el caso Vicentin, y de la que participaron dirigentes sindicales del gremio de los aceiteros, Leandro Monzón y Daniel Succi, que representan a los trabajadores de las plantas de Avellaneda y Ricardone, respectivamente, sostuvo que esa decisión que debe adoptar la firma es la única solución porque “con las plantas paradas la única opción es la quiebra”, advirtió.
Por su parte, Leandro Monzón, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de Reconquista (Soead), agregó que “en la audiencia, le explicamos al juez Lorenzini que es necesario intervenir Vicentin porque el directorio actual está haciendo cualquier cosa con la plata que ingresa a la empresa. No sabemos para que la usan, pero no la usan para pagar salarios ni para pagar los servicios. No sabemos para qué usan la plata de los contratos a fasón”, insistió.
Y agregó: “Al término de la reunión hicimos una asamblea con los compañeros y se acordó esperar hasta el viernes para intentar encontrar una solución que significa que nos paguen los sueldos adeudados y volver a trabajar normalmente, que es lo que quieren los 1300 trabajadores y sus familias. Nosotros queremos trabajar, los que no quieren producir son los estafadores de están manejando la empresa”.
En diálogo con este diario, Monzón admitió que puede aparecer una solución a la situación actual. “Vemos la salida en las empresas que están interesadas en trabajar en Vicentin. Por eso pedimos la intervención urgente (de la justicia), porque es necesaria”, resaltó,
Si se analizan las posiciones del gobierno y de los trabajadores, se percibe una voluntad de comenzar a resolver la situación por las vías más apropiadas: que mientras la justicia resuelve el camino a seguir, la empresa se dedique a procesar y pague los sueldos y que los trabajadores laboren para evitar lo que ellos tampoco quieren.
Debe recordarse que sobre este conflicto, el gobernador, Maximiliano Pullaro, sostuvo que “Santa Fe no es un Estado comunista”, por lo que descartó enfáticamente que el Estado provincial se haga cargo de empresas privadas.
“Esto no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa”, sostuvo el mandatario, al ser consultado por la posibilidad de que la provincia asuma algún tipo de control o rescate sobre la firma en crisis.
Al respecto, como se sabe, la Justicia santafecina dejó sin efecto el acuerdo que Vicentin había alcanzado con sus acreedores y pasó a una sala de la Cámara de Apelaciones de Rafaela la decisión final sobre el proceso de concurso preventivo.
