WASHINGTON.– El presidente Donald Trump revocó este jueves un texto que servía como base legal para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, en un giro radical de la política climática que generó un inmediato rechazo entre científicos y organizaciones ambientalistas.
La decisión, que casi con seguridad será impugnada en los tribunales, representa un duro golpe para la acción climática del país norteamericano, el mayor emisor histórico de sustancias contaminantes. El texto derogado, conocido como “Constatación de peligro” (Endangerment finding), permitía imponer una amplia gama de restricciones ambientales al considerar que el cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero constituía una amenaza fundamental para la salud pública.
“Esa determinación no tenía ninguna base fáctica, ninguna en absoluto, ni base legal”, afirmó Trump al anunciar la medida en una ceremonia en la Casa Blanca. Con la revocación, la industria automotriz queda liberada de cumplir reglas estrictas en materia de emisiones.
El presidente celebró la derogación de lo que calificó como “una desastrosa política de la era Obama que dañó gravemente a la industria automotriz estadounidense e impulsó enormemente los precios para los consumidores”. En ese marco, volvió a cuestionar la norma: “No tenía base en los hechos, no tenía ninguna en absoluto, y no tenía base en la ley”. Y añadió: “Por el contrario, a lo largo de las generaciones, los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo”.
Trump y el jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, citaron como ejemplo de regulaciones excesivas el sistema que apaga automáticamente el motor de los autos cuando se detienen completamente en un semáforo en rojo. Ese tipo de medidas para reducir emisiones y ahorrar energía son “odiadas” por los consumidores, sostuvo el mandatario. Según el gobierno republicano, la decisión permitirá ahorrar 1,3 billones de dólares.
La “constatación de peligro” había sido adoptada en 2009 por la EPA durante la presidencia del demócrata Barack Obama. El exmandatario reaccionó con dureza a la derogación. Los estadounidenses “estarán menos seguros” tras la revocación de la norma climática, advirtió. “Sin ella, estaremos menos seguros, menos saludables y seremos menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero”, escribió en la red social X.
La medida establecía que seis gases de efecto invernadero —entre ellos el dióxido de carbono y el metano— son perjudiciales para la salud humana y, por lo tanto, debían ser considerados contaminantes regulados por la agencia federal.
Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump, firme defensor del petróleo y el carbón, ha desandado la política climática estadounidense y multiplicado las decisiones favorables a la industria de los combustibles fósiles. Anunciada en julio, su intención de derogar el texto de 2009 ya había provocado la indignación de científicos y organizaciones ecologistas.
“Las pruebas científicas relativas al cambio climático provocado por el hombre y sus consecuencias eran inequívocas en 2009 y, desde entonces, se han vuelto aún más alarmantes y convincentes”, recordaron más de 1000 expertos en una carta pública. Trump también retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima.
A juicio del gobierno, los gases de efecto invernadero no deberían tratarse como contaminantes en el sentido tradicional, ya que sus efectos sobre la salud serían indirectos y globales, más que locales, una interpretación que minimiza el papel de las actividades humanas en el calentamiento global.
El conflicto, que se encamina a una prolongada batalla judicial, podría llegar hasta la Corte Suprema.
Los climatólogos confirmaron que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado y que los efectos del desajuste climático se sienten con fuerza tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Sin embargo, pese a estas señales, la lucha contra los gases de efecto invernadero se ha estancado en los últimos dos años en el mundo desarrollado por la falta de inversiones suficientes en tecnologías bajas en carbono.
En 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los gases de efecto invernadero generados por la quema de combustibles fósiles califican como contaminantes del aire bajo la Ley de Aire Limpio, en el caso conocido como Massachusetts vs. EPA. Desde entonces, los tribunales han rechazado de manera sistemática los intentos de impugnar la constatación de peligro, incluida una decisión de 2023 del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Esa conclusión es considerada la base legal de numerosas regulaciones destinadas a proteger a la población frente a riesgos cada vez más graves, como inundaciones mortales, olas de calor extremas e incendios forestales catastróficos.
Gina McCarthy, exadministradora de la EPA y asesora climática durante el gobierno de Joe Biden, calificó de temeraria la decisión del gobierno de Trump. “Esta EPA preferiría pasar su tiempo en los tribunales trabajando para la industria de los combustibles fósiles que protegernos de la contaminación y de los impactos crecientes del cambio climático”, afirmó. Según McCarthy, los riesgos para la salud y el medioambiente se han “vuelto imposibles de ignorar”.
David Doniger, experto climático del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, advirtió que Trump y Zeldin buscan usar la derogación como un “tiro de gracia” para invalidar casi todas las regulaciones climáticas vigentes. De prosperar, la medida podría eliminar los límites actuales a la contaminación de autos, fábricas y plantas de energía, además de dificultar que futuros gobiernos impulsen nuevas normas contra el calentamiento global.
La acción de la EPA se inscribe en una orden ejecutiva de Trump que instruyó a la agencia a revisar la “legalidad y aplicabilidad continua” de la norma. Conservadores y sectores republicanos del Congreso han intentado durante años desmantelar lo que consideran regulaciones excesivas y económicamente perjudiciales.
En paralelo, Zeldin y el secretario de Transporte, Sean Duffy, avanzaron para reducir drásticamente los límites de emisiones de autos y camiones. Las normas adoptadas bajo el gobierno de Biden buscaban incentivar la producción y venta de vehículos eléctricos en un sector —el transporte— que es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
En diciembre, la administración Trump propuso además debilitar los estándares de eficiencia de combustible, aliviando la presión regulatoria sobre los fabricantes de vehículos a gasolina. La EPA explicó que el retraso de dos años en la aplicación de una norma de la era Biden permitirá diseñar un plan más acorde con la desaceleración de las ventas de autos eléctricos, al tiempo que promueve la elección del consumidor y reduce precios.
Trump sostuvo que los cambios abaratarán los vehículos nuevos y ampliarán el acceso a modelos a gasolina “que los estadounidenses necesitan y pueden pagar”. Grupos ambientalistas, en cambio, advirtieron que la medida mantendrá durante años en circulación a autos y camiones altamente contaminantes, con riesgos para la salud de millones de personas, especialmente niños y ancianos.
Defensores del medioambiente subrayaron que las normas impulsadas durante el gobierno de Biden figuran entre las herramientas más eficaces para combatir la contaminación climática.
Agencias AP y AFP
