Tras el anuncio, este miércoles, del envío de 1.500 militares más a la frontera con México como parte de su lucha contra la migración ilegal, un memorado interndo del gobierno de Donald Trump visto por la cadena CBS sugiere que en realidad se podrían desplegar hasta 10.000 soldados.
El memorando de Aduanas y Protección Fronteriza está fechado el 21 de enero -un día después de la toma de posesión de Trump- y muestra un plan para enviar «10.000 soldados» para ayudar a esa agencia. El refuerzo inicial de 1.500 soldados, que serán enviados a San Diego en California y El Paso en Texas, se sumará a los 2.500 soldados ya estacionados en la frontera.
«Estos refuerzos serán movilizados para establecer barreras y para otras misiones en la frontera. Las primeras operaciones deberían comenzar en las próximas 24 a 48 horas», declaró un alto cargo militar que pidió permanecer en el anonimato.
También podrían utilizarse otros medios de vigilancia e inteligencia, especialmente aéreos, añadió. El ejército estadounidense también se movilizará para expulsar a los migrantes por vía aérea, según el secretario de Defensa interino, Robert Salesses.
Bases del Pentágono como campos de detención
El memorándum también dice que las bases del Departamento de Defensa de Estados Unidos pueden usarse como «instalaciones de detención» para inmigrantes que esperan ser deportados.
Horas después de jurar como presidente, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México, diciendo que «la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque». La inmigración fue una promesa clave de campaña de Trump: ha hecho repetidas promesas de sellar la frontera y aumentar la vigilancia.
Trump se propone expulsar primero a aquellos con antecedentes penales.
La cámara aprueba la nueva ley contra inmigrantes
La Cámara de Representantes dio el miércoles su aprobación final a un proyecto de ley que exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos, lo que marca la primera legislación que el presidente Donald Trump puede firmar mientras el Congreso avanza rápidamente en línea con sus planes para acabar con la inmigración ilegal.
La ley que detener a los migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos, incluido el robo y el hurto. Contó con el respaldo de unos 40 demócratas.
La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular que era buscado por robar en tiendas. Fue condenado a cadena perpetua.
El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que implementar la Ley Laken Riley costaría $26.9 mil millones en el primer año, incluido un aumento de 110.000 camas de detención.
La mayoría de los demócratas criticaron la falta de financiación del proyecto de ley como prueba de que se trata de un enfoque fragmentado que haría poco para solucionar los problemas del sistema de inmigración.
Otros expresaron su preocupación de que el proyecto de ley eliminaría los derechos de debido proceso de los migrantes, incluidos los menores o los beneficiarios del programa de Acción Diferida para Llegadas No Acompañadas.
El nuevo presidente también lanzó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a sellar la frontera con México a la inmigración y, en última instancia, deportar a millones de inmigrantes sin estatus legal permanente en los EE. UU.
El miércoles, Trump también canceló el reasentamiento de refugiados y su administración ha señalado intenciones de procesar funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales que no hacen cumplir sus nuevas políticas de inmigración.
Trump contra la diversidad
Trump también apuntó a los programas de diversidad, que ha clausurado, poniendo a sus empleados bajo licencia remunerada, además de ordenar a su equipo «identificar activamente y destituir a más de 1.000 personas nombradas por la administración anterior».
Además arremetió contra una obispa de Washington, Mariann Budde, que le pidió que tuviera «piedad» con los migrantes y los miembros de la comunidad LGTBQ.
En Truth Social, el republicano la llamó «pseudoobispa» y pidió que ella y su iglesia se disculpen.
Mientras Los Ángeles arde por los incendios forestales, también dejó entrever que podría poner fin a la ayuda federal para catástrofes y disolver la FEMA, la agencia gubernamental que gestiona los desastres. «Prefiero que los estados se ocupen de sus propios problemas», declaró a Hannity.
Con información de AFP Y CBS