LONDRES.– La policía británica allanó el viernes la antigua vivienda de Andrés Mountbatten–Windsor, un día después de que el expríncipe de Inglaterra pasara casi 11 horas detenido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, vinculada a su amistad con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Tras uno de los días más tumultuosos en la historia moderna de la familia real británica, Mountbatten–Windsor volvió a su nueva residencia en la finca de Sandringham, el retiro privado del rey Carlos III, a unos 185 kilómetros al norte de Londres, adonde se mudó este mes por orden de su hermano mayor en medio del escándalo.
La policía ya dio por finalizado el allanamiento de la finca, pero sigue registrando el Royal Lodge, la antigua vivienda de 30 habitaciones del expríncipe en los terrenos del Castillo de Windsor, al oeste de la capital británica.
Mountbatten–Windsor, cuya imagen fue tapa de casi toda la prensa británica al ser fotografiado con un aspecto demacrado y la mirada perdida en el asiento de atrás de su auto tras quedar en libertad el jueves por la noche, continúa bajo investigación, lo que significa que la policía del Valle del Támesis –fuerza responsable de las zonas al oeste de Londres que lo arrestó– no lo ha acusado ni exonerado.
La detención del expríncipe Andrés se produjo después de años de acusaciones sobre su relación con Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019. La acusación que motivó el arresto es que Mountbatten–Windsor –que en octubre dejó de ser príncipe cuando su hermano le retiró los títulos y honores– compartió información comercial confidencial con el financiero caído en desgracia cuando era enviado comercial de Reino Unido entre 2001 y 2011.
Una condena por conducta indebida en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua y los casos deben ser tramitados en un Tribunal de la Corona, que se ocupa de los delitos penales más graves.
En concreto, correos electrónicos que hizo públicos el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían mostrar que Mountbatten–Windsor compartió reportes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.
Uno de ellos, fechado en noviembre de 2010, parecía haber sido reenviado por Andrés cinco minutos después de recibirlo. Otro, unas semanas más tarde, parecía demostrar que remitió a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand.
Otras fuerzas policiales de Reino Unido llevan a cabo sus propias investigaciones sobre los vínculos entre Mountbatten–Windsor y Epstein.
Andrés ha negado constantemente cualquier irregularidad en su relación con Epstein, pero no comentó las acusaciones más recientes surgidas tras la última publicación de archivos sobre Epstein.
La policía irrumpió en los terrenos de la vivienda de Mountbatten–Windsor para detenerlo a las ocho de la mañana del jueves –el día de su 66º cumpleaños– y lo trasladó a una comisaría cercana para interrogarlo.
Se desconoce el contenido de su declaración. Es posible que no respondiera a las preguntas o que dijera “sin comentarios”, como es su derecho.
El expríncipe fue liberado bajo investigación, lo que según la BBC significa que no enfrenta restricciones y no debe cumplir ninguna condición, como toques de queda o prohibiciones para viajar.
Los expertos sostienen que la mala conducta en el ejercicio de un cargo público es muy difícil de probar.
“En primer lugar, debe determinarse si Andrés Mountbatten–Windsor ocupaba un puesto dentro del gobierno que encaje con la condición de funcionario público”, explicó Sean Caulfield, abogado penalista de Hodge Jones & Allen. «No existe una definición estándar a la que se pueda recurrir con claridad».
La Fiscalía de la Corona tendrá la decisión final acerca de su imputación.
Andrew Gilmore, socio del despacho Grosvenor Law, indicó que la fiscalía seguirá un procedimiento en dos fases conocido como “Código para fiscales de la Corona”.
“Esa prueba consiste en determinar si, basándose en las pruebas, hay más posibilidades reales de obtener una condena que de no obtenerla, y si el asunto es de interés público”, señaló. “Si se cumplen estas dos condiciones, se presentarán cargos y el caso pasará a los tribunales“.
Mountbatten–Windsor fue el primer miembro de la realeza desde el rey Carlos I, hace casi cuatro siglos, en ser detenido. Aquella oportunidad fue un momento transcendental en la historia británica, que condujo a la guerra civil, la decapitación de Carlos y la abolición temporal de la monarquía.
Su detención es, sin duda, una de las crisis más graves para la Casa de Windsor desde su creación hace más de 100 años. Podría decirse que solo la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936 y la muerte de Diana, princesa de Gales, en 1997 han sido tan trascendentales para la institución en la era moderna.
Aunque la familia real pretenda seguir su agenda con normalidad, las polémicas y cuestionamientos en torno a Mountbatten–Windsor continuarán, entre otras cosas porque es probable que las investigaciones se prolonguen en el tiempo.
En un comunicado el jueves, el rey indicó que “la ley debe seguir su curso”, y que ”mientras este proceso continúe, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios al respecto».
Las acusaciones investigadas el jueves son independientes de las formuladas por Virginia Giuffre, quien afirmó que fue víctima de trata y llevada a Gran Bretaña para mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe en 2001, cuando tenía apenas 17 años. Giuffre se suicidó el año pasado.
A pesar de eso, Amanda Roberts, cuñada de Giuffre, contó que se alegró cuando, a las tres de la madrugada, recibió una llamada telefónica informándola de la detención. Pero esa euforia se disolvió rápidamente al darse cuenta de que no podía compartir con Giuffre esa sensación de “reivindicación”.
“No podemos decirle cuánto la queremos, y que todo lo que estaba haciendo no ha sido en vano“, añadió Roberts entre lágrimas.
El caso de Giuffre se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
Agencias AP, AFP y Reuters
