Poco más de una semana después de su cirugía por una hemorragia cerca del cerebro, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva regresó este jueves a Brasilia, en un momento en que su gobierno enfrenta un desafío económico por la disparada del valor del dólar frente al real brasileño.
En la madrugada del 10 de diciembre, Lula, de 79 años, había sido trasladado de urgencia a San Pablo y operado por un hematoma intracraneal, derivado de un golpe en la cabeza sufrido en octubre.
Después de haber dejado el domingo el Hospital Sirio-Libanés de San Pabo donde lo habían internado, el mandatario recibió este jueves el visto bueno de sus médicos para regresar a la capital, Brasilia, tras someterse por la mañana a una tomografía.
«El resultado del examen es extremadamente satisfactorio, está bien. El hematoma simplemente ya no existe», resumió Roberto Kalil, médico de Lula, ante la prensa.
Kalil había declarado antes que el sangrado cerca del cerebro, finalmente curado, había expuesto a Lula a «lo peor«.
El presidente brasileño se dirigió directamente al aeropuerto paulista después de realizarse la tomografía. Llegó a la residencia oficial en Brasilia a comienzos de la tarde y estaba dispuesto a retomar sus actividades oficiales.
Desde su salida del hospital, Lula había permanecido en su casa privada en San Pablo.
Un nuevo examen de control está previsto para dentro de diez días, según sus médicos.
«Puede ejercer sus actividades normalmente, todo está perfecto desde el punto de vista cognitivo, puede trabajar», agregó el doctor Kalil.
Aunque los médicos se muestran satisfechos con su recuperación, este nuevo problema de salud, después de un cáncer de laringe en 2011 y de una operación de cadera en 2023, arroja dudas sobre la capacidad de Lula para aspirar a un nuevo mandato en las elecciones de 2026.
La pelea por el recorte fiscal
En Brasilia, Lula planea encabezar el viernes una reunión de alta importancia con los miembros de su gabinete, mientras el Ejecutivo busca la aprobación en el Congreso de un paquete de ajuste fiscal que fue recibido con escepticismo por los mercados.
El paquete avanzó este jueves en la Cámara de Diputados, con algunos cambios y limitaciones a la propuesta original del gobierno, y se espera su votación definitiva en el Senado para su posterior sanción por Lula.
La moneda brasileña se ha depreciado fuertemente en las últimas semanas, alcanzando el nivel histórico de seis reales por dólar a fines de noviembre.
La cotización del dólar cerró a 6,12 reales este jueves tras una intervención del Banco Central, después de haberse cambiado el miércoles por 6,30 reales, un nuevo récord.
El Banco Central de Brasil intervino para frenar la disparada del dólar. Foto: REUTERS La depreciación continuó a pesar de la decisión tomada la semana pasada por el Banco Central de aumentar la tasa de interés de referencia al 12,25%, debido a las presiones inflacionarias.
La inflación interanual se situó en el 4,87% en noviembre, por encima del 4,5% establecido por las autoridades como máximo nivel tolerable.
Sin embargo, Brasil también muestra buenos indicadores macroeconómicos, con un crecimiento del 0,9% de su Producto Interno Bruto en el tercer trimestre y un aumento esperado para este año de más de 3%.
El desempleo alcanzó recientemente su nivel más bajo desde 2012, con una tasa del 6,2% en el período agosto-noviembre.
Desconfianza en los mercados
Pero los inversores se muestran desconfiados sobre la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio presupuestario y cumplir con sus compromisos fiscales.
«Nadie en este país tiene más responsabilidad que yo en materia presupuestaria», aseguró Lula hace unos días.
El plan de ajuste anunciado a finales de noviembre por el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, prevé una reducción del gasto público de 70 mil millones de reales (unos 12 mil millones de dólares) en 2025 y 2026.
Sin embargo, analistas y empresarios han considerado estas medidas insuficientes. También mostraron dudas sobre la decisión del gobierno de acompañar la contracción fiscal con una reducción de impuestos para ciudadanos de ingresos medios.
Según el gobierno, este beneficio debería compensarse con un aumento de impuestos para los más ricos.