Tras el fracaso del intento del oficialismo en su intento de avanzar este jueves con la aprobación en el Senado del pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno avanza con el plan para nombrar por decreto, y en comisión, a dos nuevos jueces del máximo tribunal. Pero, según aseguran fuentes oficiales, la definición no se tomará en lo inmediato y lo más probable es que se decida al regreso de Javier Milei de su gira por los Estados Unidos.
«En principio sí (se nombrarían por decreto). Pero hay que esperar al Presidente«, aseguró este jueves a Clarín un funcionario de primera línea del Ejecutivo nacional para confirmar la estrategia definida por la Casa Rosada para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. Ese jueves nuevamente subían las acciones del juez federal y de Manuel García Mansilla y ambos podrían ser promovidos por el Ejecutivo, esta vez, en comisión para completar las vacantes de la Corte.
La ilusión del primer mandatario es poder dar su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con una Corte completa. Pero parece un deseo de difícil concreción: en tan solo ocho días Presidencia debería designar a los magistrados en comisión y las autoridades del máximo tribunal tendrían que tomarles juramento.
En las últimas horas trascendió el denominado «Plan B» que había definido el Gobierno en caso de fracasar el debate parlamentario por el pliego de Ariel Lijo para la Corte. En esa línea, una alta fuente gubernamental consultada este jueves aceptó que se evalúa esa idea aunque apuntó que «no hay una respuesta final» para esa definición, la que llegaría tras el retorno de Milei al país. Parecería, con todo, una estrategia para no sumar una nueva polémica a un Gobierno envuelto en una gran controversia por el escándalo cripto que aqueja al Presidente desde hace una semana.
Desde la mesa chica del Presidente durante la semana se blanqueó la idea de designar por decreto a dos jueces. Si bien en un principio Lijo habría negado aceptar ser nombrado por decreto, porque debería renunciar al juzgado federal que tutela desde hace 20 años y no tendría estabilidad en su nuevo cargo, ahora evaluaría aceptar esa eventual decisión del Ejecutivo. Otra opción que cavilan los asesores del Presidente es nombrar al académico García Mansilla, que ni siquiera obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado, y a una jurista mujer -de la que se desconoce el nombre-, para que sus pliegos eventualmente puedan ser tratados por la Cámara alta a lo largo del año.
Si bien García-Mansilla habría dado el visto bueno para su oficialización en comisión, el oficialismo quizá debería esperar a que cambiara la composición del Senado para poder avanzar en su nombramiento. Si bien surgieron controversias acerca de cuánto duraría su mandato en comisión, el artículo 99 de la Carta Magna es taxativo: «(El Ejecutivo) Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura», es decir, que el mandato del magistrado se entendería hasta el 30 de noviembre de 2025 cuando finalicen las sesiones ordinarias.
Asimismo, en la mesa chica de Milei hicieron trascender una lista de candidatos que analizarían en caso no designar por decreto a Lijo y al jurista de la Universidad Austral. En ella figuran Ricardo Ramírez Calvo, Ricardo Rojas -su nombre se barajó para reemplazar al desplazado procurador del Tesoro, Rodolfo Barra-, Alberto Bianchi y Carlos Laplacette. Si bien no se deslizó ningún nombre en ese ámbito de una jurista mujer, una calificada fuente libertaria indicó como posible postulante a Ursula Basset, funcionaria de Cancillería y cercana al cortesano Ricardo Lorenzetti.
Como sea, en Casa Rosada este jueves primó la cautela. Nadie quiso arriesgar una confirmación sobre el tema hasta el regreso del jefe de Estado, previsto para el domingo 22, desde su periplo por Estados Unidos. Si se mostraron activos en el Ministerio de Justicia.
En la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona, y tiene como principal vínculo con los tribunales al viceministro Sebastián Amerio, que responde al asesor Santiago Caputo, se preguntan si publicados los DNU con las eventuales nominaciones de los candidatos, las autoridades de la Corte les tomarán juramento. Desde 2018 esa determinación se adopta «de manera colegiada», es decir, que debería haber mayoría entre los tres integrantes del cuerpo- Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y el mencionado Lorenzetti- para dirimir esa cuestión. En el Palacio de Tribunales deslizaron que cada caso, en una eventual nominación en comisión del Ejecutivo, se analizará por separado.
