El Gobierno puso en marcha su plan para privatizar AySA, la empresa encargada del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y ceder el control operativo de la firma, tal como confirmó pasado el mediodía el vocero Manuel Adorni.
De todas maneras, fuentes oficiales reconocieron que se trata de un proceso incipiente que se extenderá en el tiempo: la intención es que en el segundo semestre del año esté listo el pliego licitatorio para que entre a consideración de los oferentes privados, el primer paso para avanzar con la venta.
Actualmente, el Estado nacional tiene en su poder el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante del capital social corresponde a los empleados. Como la intención oficial es entregar el control operativo de la compañía al sector privado, la operación podría concretarse, en una primera etapa, con la entrega de al menos el 51% de las acciones, aunque esas condiciones se determinarán conforme avance el proceso y las propuestas recibidas en la licitación.
“Queremos hacerlo cuanto antes”, confirmaron a LA NACION fuentes de la compañía, que indicaron que ya han recibido consultas o sondeos por parte de empresas o consorcios del país y la región.
Todavía no se ha definido un precio o un monto que esperan recibir en la operación, cuya definición se ajustará a criterios económicos y políticos. “Se evaluará la conveniencia y la situación del mercado para definir si se vende el 60% o el 90% completo en un primer paso”, reconocen fuentes de AySA.
En concreto, la propuesta incluye continuar con el esquema de concesión de los servicios, con accionistas privados. “Como siempre repite este Gobierno, queremos que el Estado se retire, porque es malo manejando empresas”, insisten en la compañía. Los futuros accionistas privados de AySA estarán a cargo del servicio bajo un contrato de concesión “usando la infraestructura del Estado”, activos que eventualmente volverán al Estado al finalizarse el plazo de la concesión.
Para ejecutar esta privatización, el Gobierno tiene en mente realizar una licitación pública nacional e internacional, que busca sumar un operador con “experiencia técnica”.
La apuesta es que ese nuevo operador también pueda acceder a financiamiento externo para ejecutar obras y planes de expansión (el IFC del Banco Mundial o la plataforma BID Invest, del Grupo BID).
Según plantearon, el primer paso para esta privatización será la elaboración del pliego licitatorio, que incluirá las condiciones vinculadas a la prestación del servicio, el plan de inversiones y obras planteado (una proyección de cinco años), el margen de rentabilidad estipulado y el marco tarifario.
En la empresa no confirmaron parámetros o pautas sobre estos factores, pero anticiparon que la intención es establecer un cuadro de ajustes de tarifas trimestral, que tendrá como factores clave la necesidad de “mantener el valor” de los activos administrados por la compañía y la inversión en “infraestructura” y “obras hacia adelante”.
Esa fórmula también tendría en cuenta la inflación, pero en el Gobierno insistieron en que “no va a ser representativa” a partir de sus proyecciones de baja del IPC en los próximos años. De acuerdo con los números de AySA, las tarifas aumentaron en promedio un 204% en 2024, y luego se aplicaron incrementos menores. En los últimos meses, el ajuste fue del 1% mensual, tras la decisión oficial de no considerar la fórmula de actualización inicialmente diagramada que contemplaba la variación de la inflación y los salarios. Ese esquema arrojaba un número mayor, que se suspendió para no sumar presión al IPC mensual.
Según estimaciones del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el incremento en la tarifa promedio de AySA acumulado desde diciembre de 2023 fue del 362%. Con este incremento, plantearon, es el único de los servicios públicos en el AMBA cuya tarifa cubre el 100% del servicio y no requiere subsidios.
En la empresa confirmaron que, luego de ese ajuste tras el cambio de gestión, se logró equilibrio operativo. “A la gestión anterior le era indistinto cobrar el agua, y la expansión del servicio era direccionado”, afirmaron en AySA, al denunciar criterios políticos sobre las inversiones en diferentes localidades del AMBA. Según sus datos, hoy la firma brinda servicios a 11 millones de personas, con un nivel de cobrabilidad del 88%. En ese contexto, para el nuevo esquema regulatorio, y las modificaciones planificadas para el contrato de concesión, se estudia la posibilidad de sumar el corte de servicio para usuarios residenciales. “Sería la última alternativa”, aseguraron.
En cuanto a sus empleados, fuentes de la compañía describieron que actualmente son alrededor de 6200 personas, luego de un proceso de reducción de la plantilla en lo que va de la gestión.
“Estimamos que cerraremos el año en 6100”, dijeron en AySA. Esa variable, afirmaron, no tendrá pautas o metas definidas en el contrato de concesión de la privatización.
