En medio de un fuerte operativo de seguridad, a las 9:30 de la mañana de este miércoles Alberto Fernández se hizo presente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como imputado en un caso por presuntos hechos de corrupción. Tres horas después, dejó el edificio de Retiro luego de haber cumplido con el trámite.
En ese lapso, el expresidente presento escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rivolo. Solo respondió preguntas de su defensora.
Fernandez fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers. El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
Dos días antes de cumplir con la citación firmada por el juzgado para su indagatoria, el ex presidente había solicitado la nulidad de la audiencia y su suspensión hasta tanto se resuelva ese planteo. Horas después, el juez Ercolini rechazó in limine el pedido: es decir que ni siquiera analizó los argumentos del escrito.
El ex jefe de Estado no estaba obligado a responder preguntas, y no se descarta que presente un escrito respondiendo a las acusaciones que pesan sobre él.
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.
El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
